jueves, 2 de marzo de 2017

Comunicado Público acerca de la visita a Colombia de la delegación. Mining and Faith Reflections Initiative.

Comunicado Público acerca de la visita a Colombia de la delegación. Mining and Faith Reflections Initiative. del 19 al 24 de febrero de 2017, marzo 2 de 2017. 
Imagen de archivo Fuente: hbnoticias.com

Las organizaciones abajo firmantes hacemos expresa nuestra preocupación frente a la visita que la “Mining and Faith Reflections Initiative” (MFRI) está llevando a cabo en Colombia entre el 19 y el 24 de febrero en las zonas carboníferas de los departamentos de Cesar y La Guajira.

Las razones que motivan este comunicado se alimentan en la forma en que fue concebida esa visita y los métodos empleados para informar sobre su realización:
                  
       La ausencia de claridad respecto a: los objetivos de la delegación de la MFRI, la metodología de recolección de información, el empleo de los resultados obtenidos por parte de los partícipes de esa delegación, y las consecuencias de ese empleo en los procesos de defensa territorial y exigibilidad de derechos que adelantan las comunidades afectadas en la zona, en particular por la grave situación de persecución y amenaza a líderes sociales y defensores de derechos en Colombia.
       La ausencia de información oportuna, completa y verificable que garantizara la participación activa y eficaz de las comunidades afectadas por la operación carbonífera en el proceso de construcción de la agenda, en la preparación requerida para colaborar con la delegación y en el proceso mismo de reconocimiento territorial.
       La ausencia de una metodología de incursión en el territorio que permita a los integrantes de la delegación constatar y dialogar autónomamente, sin presencia de las empresas mineras involucradas en las violaciones a DDHH que hoy se denuncian en esas zonas, con las comunidades afectadas sobre los daños ocasionados por la operación carbonífera que se conduce y promueve activamente en ambos departamentos.

Nuestras preocupaciones se agudizan debido a que el modelo de extracción que se lleva a cabo en Cesar y Guajira, que se ha profundizado durante los últimos años en nuestro país, ha significado grandes transformaciones en los ecosistemas y en la vida en todas sus manifestaciones; por esa razón, hoy se le atribuye ser generador de múltiples y nuevas conflictividades. Es en ese escenario que las comunidades de ambas regiones han emprendido acciones en defensa de su territorio, que cuestionan las prácticas empresariales por  sus impactos irreversibles y por su indiscutible insustentabilidad. Ha sido en medio de evidentes asimetrías en las relaciones entre las comunidades y las empresas que los cuestionamientos económicos, sociales, ambientales y legales a esta industria, hechos por  líderes y organizaciones sociales, han resonado hasta las autoridades locales y nacionales, los entes de control del Estado colombiano, los tribunales judiciales, la academia, e incluso los consumidores internacionales, con la expectativa de que, con su intervención, dichas asimetrías sean superadas y la protección a las comunidades asegurada. Sin embargo, delegaciones como la llevada a cabo por la MFRI son prueba de los grandes desafíos que aún tenemos.

La “Ecología Integral” (resaltada en Laudato Si´ 140-142) implica considerar las voces de las víctimas y tomar en cuenta los datos de la ciencia, así como las experiencias de las organizaciones que acompañan solidariamente a las comunidades, con una mirada contextualizada de la región y desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos. La Encíclica reclama la confrontación de información interdisciplinaria, transparente e independiente, científica, estadísticas sociales y análisis económicos para discernir si un emprendimiento contribuye a un verdadero desarrollo integral (LS 185). Por ello, resulta desconcertante que la agenda fuera organizada principalmente por y con las empresas mineras como Cerrejón (Glencore, Anglo American. BHP Billiton) y Prodeco (Glencore) en un claro desbalance respecto a los sectores sociales, en especial por el efecto que tiene ese diseño en la versión de la realidad que evidenciará la delegación, altamente permeado por la visión empresarial y no por la de las comunidades y sectores sociales que se han visto afectadas en sus proyectos de vida debido a dichos intereses.

Las falencias antes descritas se suman a otra preocupación, relacionada con la conceptualización de las posturas eclesiales e interpretaciones de fe respecto a los proyectos extractivos. Tal como ha sido  diseñada, la visita de la delegación de MFRI a Colombia, observamos que adquieren mayor relevancia los intereses empresariales reflejados en la estrategia “Catalizador para la empresa minera del futuro” de la “Kellogg Innovation Network” que las líneas de orientación y acción de la Encíclica Laudato Si´, así como los pronunciamientos del Papa Francisco en los Encuentros con Movimientos Populares (Bolivia, 2015; Roma, 2016) y en el Encuentro de representantes de comunidades afectadas por actividades mineras (Roma, 2015).

No obstante nuestras preocupaciones respecto del contexto en el cual se da la visita y la confusa información recibida al respecto, hicimos el esfuerzo de involucrarnos en el diálogo propuesto. Desafortunadamente constatamos que nuestro esfuerzo fue en vano ya que, una vez hechas todas  las  gestiones para que las comunidades y organizaciones acompañantes atendiéramos la visita de manera independiente, al final fuimos informados que la delegación se conduciría según la agenda organizada por las corporaciones mineras. Posteriormente, a tan solo un día de la visita, para el caso del departamento de la Guajira, se informó que se abriría un espacio para nuestra participación, aumentando así la confusión. No obstante, en Cesar no logramos su apertura al diálogo con los afectados directos de la operación empresarial, pese a las propuestas que hicimos previo a su llegada al país.

Lamentamos entonces no haber contado con un espacio suficientemente amplio y participativo para que la delegación escuchara a las comunidades rurales y urbanas que tienen una voz disidente frente al actuar corporativo y gubernamental en materia minera, ni de las organizaciones que tenemos un trabajo serio y comprometido con la defensa de los derechos humanos y del ambiente. Insistimos en que tenemos voluntad y apertura para el diálogo, siempre y cuando existan garantías. Por lo anterior, hacemos constar lo siguiente:

       Los departamentos de La Guajira y Cesar se encuentran en una crisis humanitaria derivada de la vulneración de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación adecuada, al medio ambiente sano y a la salud, la cual no ha sido debidamente atendida por el gobierno ni remediada por sus causantes, y puede profundizarse con los planes de expansión de las operaciones mineras en estos dos departamentos del país.

       Ni en el Cesar ni en La Guajira el crecimiento del sector minero, con sus consecuentes regalías, ha significado un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región. Según las proyecciones del Censo de 2005, para el 2012 la población del departamento del Cesar con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) representaba el 44,73% de la población, mientras que en La Guajira lo era el 65,23%; el promedio poblacional nacional de NBI correspondía al 27,78% (Cinep, 2014[1]).

       Cesar y Guajira son ejemplos del desplazamiento forzado en Colombia por cuenta de las actividades carboníferas y sus consecuencias contaminantes. Así, los procesos de desplazamiento forzado (denominados oficialmente “reasentamientos involuntarios”) han sido característicos en la expansión de estos proyectos mineros.

       La ampliación minera en los dos departamentos se ha realizado sobre zonas rurales habitadas por comunidades indígenas, negras y campesinas sin que se hayan realizado procesos de consulta previa, libre e informada que permitan a la población participar en el ordenamiento de su territorio. Desconociendo derechos étnicos colectivos, las empresas han realizado procesos de negociación individual para la compra de tierras a través de la intimidación, la restricción en el acceso a los recursos y el confinamiento, todo lo cual ha resultado en la ruptura del tejido social y la desaparición de múltiples comunidades.

       En los casos en los que ya se han dado los reasentamientos, las poblaciones enfrentan otros riesgos propios del cambio de vida rural a la urbana, tales como la pobreza, pues no cuentan con alternativas productivas para su sustento, junto con otros innumerables problemas como la falta de acceso a servicios públicos, a la propiedad, la vivienda y la recreación. 

       La contaminación del aire y el desvío de fuentes hídricas básicas para la recreación de la vida de las comunidades del Cesar y de La Guajira son problemas apremiantes para regiones que enfrentan fuertes períodos de sequía.

       En los últimos años ha aumentado la violencia en contra de líderes sociales en las regiones, particularmente aquellos que emprenden acciones de defensa de sus derechos y del territorio. La Defensoría del Pueblo emitió en diciembre de 2016 una alerta temprana frente a los municipios del corredor minero, atribuyendo directamente un nexo de causalidad entre las amenazas de las que son víctimas múltiples líderes y su oposición a las operaciones mineras.

Nos preocupa que la visita de la delegación MFRI ignore dicha realidad y omita hacer los llamados y condicionamientos necesarios para que las empresas que hoy dirigen esas operaciones, y en las cuales han depositado sus inversiones, no sigan contribuyendo a las violaciones de derechos humanos que hemos documentado en la región, y tanto más que su recorrido por la zona no sea un instrumento de transformación, sino de legitimación formal. Por  tanto hacemos un llamado a:

1.      Promover garantías para la participación real y efectiva de  las comunidades afectadas por la minería  y de las organizaciones sociales con acceso a la información clara, transparente y oportuna.
2.      Impulsar medidas que eliminen la asimetría en el relacionamiento entre empresas y comunidades.
3.      Promover obligaciones vinculantes y extraterritoriales para empresas y derechos humanos y transparencia en el actuar de los actores estatales, gubernamentales y empresariales.
4.      Exigir el respeto pleno de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación adecuada, al medio ambiente sano y a la salud de los habitantes en los distritos mineros de Cesar y Guajira.
5.      Exigir garantías para que las operaciones carboníferas no sigan profundicen las causas de desplazamientos forzados en la región, y que las consecuencias de los que ya se han generado serán atendidas adecuadamente, con un enfoque de protección preferente para sus víctimas.
6.      Exigir garantías de seguridad para los líderes sociales y defensores del ambiente, del territorio y de los derechos humanos.

Finalmente, expresamos nuestra profunda preocupación por los efectos que una visita en estas condiciones puede representar para los ejercicios de defensa territorial y de exigibilidad de derechos que llevan a cabo las comunidades y sectores sociales de ambos departamentos. Por lo anterior, esperamos que este no sea un intento más de las empresas por obtener la legitimación social de los sectores de la fe, y exigimos prácticas transparentes, participativas y libres de manipulación.

Bogotá, 24 de febrero de 2017


CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia
Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna
Colectivo de Abogados Ambientalistas, Guacamaya Dumeka
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
Colombia Solidarity Campaign
Comisión Claretiana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comisión JPIC - CRC
Comité Ambiental en defensa de la vida
Comité de concertación de reasentamiento de Boquerón (La Jagua de Ibirico- Cesar)
Conferencia de Religiosos de Colombia (C.R.C)
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
Corporación Geoambiental TERRAE
Corporación Vida del Río Fucha-CORVIF
Fundación Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
Grupo de Trabajo Suiza Colombia (Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien ask!)
Instituto de Estudios para la Paz (INDEPAZ)
London Mining Network
Movimiento Católico Mundial por el Clima
Movimiento sutsuin jiyeyu wayuu – Fuerza de Mujeres Wayuu
Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA-IDEA-UN)
Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica - OCMAL
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional.
Observatorio de Expansión minero energética y re-existencias
Paz con Dignidad-OMAL Colombia
Pensamiento y Acción Social (PAS)
Programa Radial Territorio Verde – 94.4 F.M.-Vientos Stereo Bogotá - Colombia
Red de Comités Ambientales del Tolima
Red Iglesias y Minería
War on Want

ORGANIZACIONES QUE APOYAN
AMERINDIA-Colombia
MESETI - Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá D.C.
Cantoalagua-Colombia
Red Nacional del Agua- Colombia

PERSONAS QUE APOYAN
Fr. Eduardo Agosta Scarel , O. Carm., representante regional, Carmelite NGO
Edwin Leonardo Avendaño Guevara, Obispo - Fraternidad Apostólica de Cristo Sacerdote
Fernando Ramírez González, responsable de campañas del Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales (M.N.V.C.)



[1]      Cinep, “Impactos socioterritoriales de la explotación minera en los departamentos del Cesar y La Guajira”, en Fescol, Análisis 1/2014, p. 51, disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/11067.pdf.

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