• Seminario Internacional. La información como derecho

    Extractivismo. ¿Transparencia de información?

  • De la retórica del gobierno a los hechos comunitarios

    Marcha de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca:Tenemos acuerdos, queremos cumplimiento.

  • COMUNICADO: "Hemos dado un paso importante, lo que sigue está en manos del gobierno. Nuestro mensaje es claro, estamos cansadas de firmar papeles"
  • Marcha de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la Vida y el Territorio
  • En medio de la Guerra, Nosotros

    Los pobladores del consejo comunitario La Toma, Suárez-Cauca, dan testimonio y expresan su preocupación ante las consecuencias e impactos de la militarización de su territorio.

  • VIDEO: Segunda parte ¿Agua o Petróleo?. Ecopetrol, ¿el milagro de la vida?

    Presencia de grupos paramilitares en la zona llamada los Kioskos (Municipio de Puerto Gaitán), en la que se registran: homicidios, amenazas, desapariciones, desplazamiento y una fuerte contaminación ambiental, viven los pobladores del departamento del Meta por causa de la explotación petrolera. .

  • Seminario internacional "Geopolítica y extractivismo en Colombia"

viernes, 5 de abril de 2019

Comunicado a la opinión pública sobre la falsa información que se promueve por redes sociales en contra de la minga social

Comunicado a la opinión pública sobre la falsa información que se promueve por redes sociales en contra de la minga social 4 abril, 2019

Desde el escenario de convivencia, diálogo y concentración ubicado en el resguardo indígena las Mercedes, sector el Pital, territorio ancestral Sa´th Tama Kiwe, municipio de Caldono. Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares, denunciamos y desmentimos la información que circula vía whatsapp y redes sociales donde señalan que el Consejo Regional Indígena del Cauca tomara medidas para atacar a quienes con sus acciones violentas afectaron las instalaciones de la organización. Además, señalan que el día 5 de abril se hará una movilización hacia la ciudad de Popayán, lo cual es totalmente falso, puesto que la minga acompañará la siembra del compañero Deiner Ceferino Yunda  asesinado por la fuerza pública.
Desde la minga social del suroccidente desmentimos la información que circula por estos medios, puesto que no es un comunicado oficial del CRIC y solo buscan continuar incentivando al odio, la discriminación racial y estigma hacia la minga social para seguir haciendo daño, como lo ocurrido en las instalaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y sus sedes el día 3 de abril.
Es grave que este tipo de información circule, tomando nuestro logo y firmando a nombre de nuestra organización con el fin de confundir a la ciudadanía. Y lo más preocupante aun, es que se continúan incitando a la ciudadanía a participar de actos vandálicos orquestada por parte de los gremios de la ciudad de Popayán, políticos del centro democrático y algunos medios de comunicación como Cauca noticias, Notivisión Cauca, Periódico Virtual entre otros en complicidad con la fuerza pública.
Cabe recordar que en la manifestación del 3 de abril, donde las instalaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC y la IPS Minga sufrieron daños a causa de las acciones violentas, estas se  hicieron en presencia de la policía y del ESMAD, quienes aun verificando la situación de odio que estaban promoviendo los manifestantes actuaron pasivamente, omitiendo su papel de garantizar los derechos, y al contrario, la policía y el ESMAD, se colocó de parte de estos actos violentos, grabando a las personas que defendían las instalaciones del CRIC.
Con lo anterior, reiteramos a la ciudadanía que la minga social continua en diálogos con el Gobierno Nacional con el fin de dar cumplimientos los acuerdos incumplidos pese a las dilataciones que se han presentado. Igualmente aclaramos que los únicos canales de información y difusión oficiales de la organización son a través de la página www.cric-colombia.org y en sus redes sociales figuran como el nombre de Consejo Regional Indígena el Cauca-CRIC. Por tal razón cualquier información que circule fuera de estos canales de información es falsa.
Ante estos hechos de desinformación y plagio del logo de nuestra organización, exigimos a las autoridades competentes investigar y tomar acciones legales necesarias para determinar a los responsables. A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la honra y reputación del CRIC y de los mingueros y mingueras quienes se ven afectados por este tipo de desinformación.
Hacemos un llamado a los organismos defensores de DD.HH. nacionales e internacionales, al Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH., a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Nacional de DD.HH. del Senado de la República, para que, en el marco de sus funciones y competencias cumplir con el deber de prevención, intervención y vigilancia ante el accionar de estas personas que afectan la honra y el buen nombre de las organizaciones de la minga social suroccidente colombiano.
Pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares del suroccidente colombiano

miércoles, 3 de abril de 2019

Boletín No. 42. Fuerza pública arremetió contra las comunidades negras del Norte del Cauca

2 de abril de 2019
Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.
Departamento del Cauca, Municipio de Buenos Aires
La comunidad Afro del Norte del Cauca, quienes se encuentran movilizados desde el día de 1 de abril del 2019, en su ejercicio a la libre protesta fueron arremetidos por fuerza pública ESMAD el día de hoy 2 de abril en la vereda San Francisco municipio de Buenos Aires sobre la vía que conduce a Suárez.
En horas de la mañana la fuerza pública ESMAD ingresó al lugar en camiones, busetas y motocicleta y arremetieron con la comunidad negra que se encontraba en su ejercicio a la protesta pacífica. El ESMAD lanzó indiscriminadamente gases lacrimógenos hacia la comunidad que se encontraba en la vía.
Además, la policía retuvo a varios manifestantes y les quitó la cédula de ciudadanía y posteriormente le tomaron fotografías al documento de identidad de las personas.
Desde las comunidades negras se hace el llamado al Estado para que no continúe violentando a los procesos ancestrales de las comunidades negras que se encuentran movilizadas y a la minga social del suroccidente.
Tejido Defensa de la Vida y los DD.HH de ACIN Chxab Wala Kiwe
Programa Defensa de la Vida y Los Derechos Humanos Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.
Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”
Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.

martes, 2 de abril de 2019

Boletín No. 40. Asesinado por la fuerza pública DEINER CEFERINO YUNDA CAMAYO, de 20 años de  edad, minguero del resguardo indígena de Jebala municipio de Totoro

Boletín de Derechos Humanos N°40 del 02 de Abril del 2019
Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.
Departamento del Cauca, Municipio de Cajibío Cauca, sector el Cairo
ASESINADO por la fuerza pública DEINER CEFERINO YUNDA CAMAYO, de 20 años de  edad, minguero del resguardo indígena de Jebala Totoro, el cual se encontraba participando de la minga social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz.
HECHOS:
Hacia las 10:45 de la mañana se confirma el fallecimiento del miguero DEINER CEFERINO YUNDA CAMAYO, que se encontraba en el sitio EL CAIRO, en inmediaciones de la vía Panamericana, tras las aproximaciones represivas hechas por el ESMAD de la policía, EMCAR y efectivos del ejército desde las horas de la madrugada al campamento de los mingueros y mingueras concentrados en ese punto y zonas aledañas. En medio de la arremetida de la fuerza pública, los mingueros y mingueras se encontraban rodeados por la fuerza pública, en el momento dónde se originan las ráfagas de arma de fuego que le propinan un mortal impacto de proyectil a la altura del tórax a nuestro compañero.
En los mismos hecho resultaron heridos cuatro mingueros debido a las confrontaciones y tres retenidos por la fuerza pública.
Comunicaciones CRIC
Tejido Defensa de la Vida y los DDHH de ACIN Ҫxhab Wala Kiwe
Programa Defensa de la Vida y Los Derechos Humanos Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.
Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”
Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz. 
#MingaSocialSuroccidente2019

Vamos con la Minga todos los pueblos

ACONC: Apoyamos a la Minga como una expresión válida del reclamo de nuestros pueblos al abandono histórico. 1 de abril 2019.

LLAMADO A LA MOVILIZACIÓN Y LA UNIDAD

COMUNICADO N°004, Santander de Quilichao-Cauca, marzo 31 del 2019
La Asociación De Consejos Comunitarios del Norte Del Cauca (ACONC), La Asociación de Consejos Comunitarios de Suárez  y el Proceso Nacional de Comunidades Negras en Colombia (PCN), Como Organizaciones que luchan por la reivindicación  de los derechos del pueblo afrodescendiente, reiteramos nuestro reconocimiento y apoyamos a la Minga como una expresión válida del reclamo de nuestros pueblos al abandono histórico, a las profundas afectaciones del racismo estructural y el incumplimiento del Estado colombiano a sus obligaciones y a los acuerdos surgidos de los distintos diálogos y  movilizaciones a las que como pueblos nos hemos visto obligados a realizar. Ante un  Gobierno que se niega a asumir plenamente los compromisos firmados con el pueblo afrodescendientes de esta región así como por los incumplimientos al acuerdos de paz, entre otros; la única posibilidad que tenemos como pueblos es fortalecer la unidad y la movilización como garantía de defensa de nuestros legítimos y fundamentales derechos a la vida con dignidad y a la paz.
Por lo anterior las comunidades del pueblo negro y afrodescendiente del norte del Cauca nos sumamos a la minga social por la defensa de la vida el territorio la democracia, la justicia y la paz, con los siguientes planteamientos:
  1. Exigimos respeto y garantía a los derechos colectivos del Pueblo Negro y reglamentación de ley 70 de 1993. (No regresibidad, consulta previa, inclusión de lo acordado en el PND no menejarlo transversal y sino con indicadores y metas claras)
  2. Atención humanitaria. Cumplimiento del Auto 005 y otros. Decreto 4635 de Victimas, Reparación Colectiva a Comunidades, protección de líderes y comunidades en riesgo, acuerdo humanitario ya.
  3. Implementación de los acuerdos de Paz. Capítulo Etnico, PDET, Sustitución de Cultivos.
    Fortalecimiento de diferentes estrategias comunitarias de producción.
  4. Tierras y territorios. titulación Colectiva, compra de tierras, Planes de Manejo, control de minería ilegal, descontaminación de territorios de mercurio, cuidado del agua.
  5. Mecanismo para garantizar el cumplimiento de los acuerdos incumplidos desde 1986, con atención especial acuerdos con mujeres.
Después de estos 8 días de asamblea permanente, invitamos a las comunidades negras del norte del Cauca y otras regiones, a acompañar y fortalecer esta acción de reivindicación de derechos, defensa de la vida y el territorio, a partir del 31 de marzo de 2019.

jueves, 28 de marzo de 2019

Vea lo que está pasando en la Minga

Fuente CRIC- Cauca- Colombia. 29 de marzo de 2019.
 Marzo de 2019
Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.

Grupo paramilitar persiguió y disparó contra mingueros, en complacencia de fuerza pública.

Siendo las 5 de la tarde del día de hoy 27 de marzo de 2019, se dio atentado, agresión y captura contra comunidad indígena en Suárez.
Comunidad de Cerro Tijeras describe que un grupo de personas afrodescendientes que portaba armas persiguió y disparó contra indígenas que se movilizaban en el sector de Asnazu, en los hechos resultaron 2 comuneros afectados que presentan heridas causadas por proyectil de alta velocidad. En este contexto también golpearon a la secretaria del cabildo de Cerro Tijeras, de este hecho se señala como responsable al grupo paramilitar conocido como los Koreanos que actúan en el sector de Asnazu y Portugal, con el agravante que “hoy” contó con la complacencia de la fuerza pública.
Nuestras comunidades denuncian que se denota, una actitud institucional policial de etnofobia, …comuneros indígenas estarían siendo detenidos, hostigados, amenazados y conducidos a instancias de judicialización solo por el hecho de ser indígenas, en esta ocasión se capturó a la Autoridad indígena LUIS MARIO CAVICHE ULCUE cuando hacía ejercicio de documentación de la situación con su celular, además se capturo a un indígena que en lugar distinto del sector solo hacia domicilios. Para gravedad del contexto la descripción de la comunidad indica que, Policía Nacional estaría alentando el accionar de la población afrodescendiente lugareña en contra de las comunidades indígenas muchas de estas en contexto de la Minga del suroccidente.
Condenamos esta acción paramilitar, y la complacencia por omisión de fuerza pública, pedimos a las autoridades de control vigilar la actuación de estas instituciones de Estado.
 Comunicaciones CRIC
Tejido Defensa de la Vida y los DDHH de ACIN Ҫxhab Wala Kiwe
Programa Defensa de la Vida y Los Derechos Humanos Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.
Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”
Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz. 
#MingaSocialSuroccidente2019

miércoles, 8 de noviembre de 2017

Megaminería, ¿la sombra que amenaza al majestuoso páramo de Santurbán?

Ambientalistas temen se arriesgue “nuestra fábrica de agua por excelencia”, pero Minesa asegura que traerá beneficios a la región.
Esta discusión volvió a tomar vida luego de que la Corte Constitucional derogara la resolución que delimitó al páramo porque no se consultó con la comunidad sobre los proyectos mineros en la región. ¿Qué viene ahora para los recursos naturales del país?
Enclavado en la cordillera oriental, entre Santander y Norte de Santander, el páramo de Santurbán es uno de los más biodiversos del mundo. Sus 99 mil hectáreas albergan 26 lagunas, hondas y cristalinas, ubicadas entre los 3.000 y 4.400 metros sobre el nivel del mar.
Un territorio majestuoso, lleno de frailejones límpidos, 456 variedades de plantas y 293 especies de fauna, que provee el agua a 2,2 millones de personas. Se podría decir que en Santurbán no hay imágenes sino postales.
¿Están amenazadas esas postales por la megaminería?
“Páramo de Santurbán es nuestra fábrica de agua por excelencia, entonces debemos proteger nuestra agua y el agua de las generaciones futuras”, asegura Erwing Rodríguez, del comité de defensa, que lleva años batallando por frenar la exploración y explotación de oro en los alrededores de esas tierras paramunas.
Sin embargo, en esta historia falta otro actor fundamental y es Minesa, quien solicitó el 28 de agosto una licencia ambiental para explotar una mina subterránea en la región. Tras siete años de estudios, Juan Camilo Montoya, director general de la compañía, ve un panorama diferente.
“El proyecto Sotonorte es una mina subterránea fuera del páramo de Santurbán que va a generar un impacto muy positivo sobre la región, con una gran cantidad de generación de empleo, sin utilizar cianuro ni mercurio” dice.  
Rodríguez le responde: “Minesa piensa remover, para un proyecto a 25 años, siete mil toneladas diarias de roca, lo que equivale a siete veces lo que recibe el relleno sanitario de Bucaramanga en basuras al día. También van a utilizar 35 mil toneladas de explosivos durante toda la fase de su proyecto, entonces es imposible que no se vaya a afectar Santurbán y sus ecosistemas circunvecinos que de por sí son considerados frágiles y vulnerables”.
En Bucaramanga, las personas están inquietas porque, dicen, la explotación de recursos trae destrucción. Además, piden que la comunidad sea escuchada.
Esta controversia no ha podido zanjarse por vías de la concertación y una tutela fallada por Corte Constitucional promete atizar aún más el debate.
Según el fallo, cuyo ponente fue el magistrado Alberto Rojas, la resolución que delimitó el páramo de Santurbán quedó mal hecha.
"Ministerio de Medio Ambiente no efectuó una convocatoria pública y abierta para entablar un diálogo con la comunidad (...) la ciudadanía no tuvo un escenario donde pudiera debatir en torno a la regulación y lograr un consenso razonado", explica el texto.
El alto tribunal derogó esta resolución, pero difirió sus efectos por un año, es decir, en ese lapso deberá surtirse un nuevo proceso de consulta con la comunidad. Sobre el concepto de participación, la corte fue enfática:
“No se considera participación cuando las autoridades convocan a la comunidad para que escuche una delimitación del páramo que ya se adoptó".
También ordenó a minambiente iniciar un proceso de restauración y descontaminación de las áreas del Páramo de Santurbán en coordinación con el Ministerio de Minas.
Para el experto en páramos, Carlos Sarmiento, esta decisión va empoderar aún más a las comunidades afectadas con la minería. “Abre una puerta muy interesante a los temas de participación ciudadana en materia de decisiones ambientales”, sostiene.
Ante la incertidumbre jurídica que produce este fallo queda la pregunta, ¿qué va a pasar con la explotación de Minesa?
“Tenemos toda la información técnica que demuestra que al páramo de Santurbán no le va a pasar absolutamente nada, su vegetación va a mantenerse en las mismas condiciones en que está”, insiste en defender Juan Camilo Montoya.
El minero tradicional Fabio Maldonado se inclina por un punto intermedio, reconoce los impactos, pero cree que se pueden buscar maneras de compensarlos.
Mientras la locomotora minera quedó en veremos, por ahora, un dato que, más allá de la generación de empleo, casi nunca se ventila en estas discusiones: Colombia posee 2,9 millones de hectáreas de páramo que constituyen casi la mitad de los ecosistemas paramunos del mundo.

Fuente
Noticias Caracol. (2017). Controversia por proyecto de megaminería en el páramo de Santurbán. Noticias Caracol. Recuperado a partir de https://noticias.caracoltv.com/caracol-investiga/megamineria-la-sombra-que-amenaza-al-majestuoso-paramo-de-santurban

lunes, 2 de octubre de 2017

Petróleo en el Meta: una radiografía de la desconfianza

¿Por qué si el petróleo produce empleo, movimiento inmobiliario, regalías y otros beneficios parciales, las comunidades se siguen oponiendo a la actividad?


En los últimos meses ha habido varios reclamos por parte de comunidades de la vereda Pio XII de Guamal, en el departamento del Meta, frente a actividades de Ecopetrol en el pozo Trogón 1 del bloque exploratorio CPO-9. Las comunidades en plantón y las mujeres que hicieron huelga de hambre han sido acusadas de vandalismo, y el ESMAD fue enviado en varias ocasiones a responder con el uso de la fuerza. Pero las protestas de los habitantes de la zona contra la actividad petrolera siguen apareciendo, aunque a menudo se descalifiquen sus reclamos.

Entre 2008 y 2010 el Meta se consolidó como el departamento de mayor producción de crudo del país. Desde 2013, la exploración se ha intensificado en el bloque CPO-9, y tras hallazgos comprobados en el pozo Akacías, Ecopetrol avanza en la puesta en marcha de los pozos Lorito-1 y Trogón-1.

El bloque de producción Cubarral, localizado en el corazón del CPO-9, entre Acacías, Guamal y Castilla La Nueva, tiene una larga historia y es un referente principal en las afectaciones ambientales ocasionadas por la actividad petrolera en el llano. Por su parte, Lorito-1 que recientemente ha sido reubicado a 400 ó 500 metros del sitio inicial, es conocido por la intensa movilización que suscitó en 2013 y que consiguió su suspensión. La comunidad lo consideraba una amenaza, pues se ubicaba en una zona de transición de flujo de agua subterránea hacia el río Humadea.

La relación del Meta con el petróleo es larga, y sus aguas han sido fuertemente impactadas una y otra vez, tal y como lo han visto quienes que habitan el territorio, y como se aprecia en diversos documentos emitidos por las autoridades ambientales en años recientes. Lo que se puede ver es que la relación de la población con la industria de hidrocarburos se ha convertido en una relación de desconfianza que hay que considerar más allá del plantón en la vereda Pio XII, y en el Observatorio de Conflictos Ambientales nos dimos a la tarea de revisar por qué.

Antecedentes

Un derrame que dio mucho de qué hablar ocurrió en 2009, cuando una sustancia tóxica afectó 20 de los 54 km del río Orotoy. En esa ocasión, Ecopetrol fue señalado por el Ministerio de Ambiente como responsable de afectaciones en las fuentes hídricas por contaminación, por limitar su uso para las poblaciones ribereñas, por provocar mortandad de peces y por haber usado sustancias químicas sin contar con un plan de contingencia.

Otras contingencias tuvieron lugar entre septiembre de 2010 y enero de 2014 en el bloque Cubarral, como se puede ver en el Auto 511 de 2015 de la ANLA. Cuatro de los derrames ocurridos afectaron al Caño Alfije, uno al Caño Lejía y al Caño San Luis, y el más grave de ellos, al Caño La Berraquera, con un derrame de 1.698 barriles de crudo en 2011. El Caño Alfije ya había sido impactado con dos derrames en 2010: el rebosamiento de una piscina de agua tratada de la Estación Castilla 2, y el de una piscina de aguas aceitosas en la Estación Acacías.

Los impactos ya mencionados se suman a otros producidos por distintas actividades del proyecto, como la exploración sísmica, los vertimientos, y el rebosamiento y filtración de lodos y cortes de perforación por piscinas que no cumplen con las especificaciones técnicas. Esto último ha sido reportado en varias ocasiones en el bloque Cubarral desde 2008, cuando Cormacarena señaló que “los líquidos con hidrocarburos se siguen almacenando en piscinas excavadas en tierra y a cielo abierto, lo que genera la contaminación de las aguas lluvias que caen directamente y posiblemente la contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales”.

En 2013, la ANLA advertía que Ecopetrol no utilizaba los materiales exigidos por la normatividad en ninguna de sus piscinas para almacenamiento de residuos en Castilla y Chichimene, por lo que sus contenidos se filtraban. Tiempo después, en una Audiencia Pública Ambiental celebrada en diciembre de 2015 en Acacías, la comunidad continuaba denunciando el desbordamiento de las piscinas en múltiples puntos del bloque.

Ecopetrol le explicó al OCA que tras el derrame de unas piscinas que fueron contratadas con terceros y que afectaron el Caño San Luis en 2012, se instaló una planta de tratamiento de lodos aceitosos propia en la Estación Acacías que inició operaciones en julio de 2015. “Actualmente no tenemos piscinas de almacenamiento ni de tratamiento in situ de lodos aceitosos", afirmó Claudia Villalobos, profesional de viabilidad ambiental de la empresa. Sin embargo, las piscinas de cortes de perforación, que contienen temporalmente los residuos de la excavación de nuevos pozos se mantienen, y no deja de ser preocupante que lo advertido en 2008 por la corporación ambiental, tardase 7 años en solucionarse.

Al ver este tipo de accidentes o fallas operacionales que impactan las aguas con residuos contaminantes, cabe preguntar qué tan probable es la contaminación de las capas de agua que se almacenan bajo la superficie, más conocidas como acuíferos. El riesgo de contaminación se establece a partir de la estimación de su vulnerabilidad, la cual según el Plan de Manejo Ambiental del bloque Cubarral “se asocia principalmente a la cercanía de la lámina de agua a la superficie y a los suelos con predominio de arenas y gravas presentes en el área de estudio, donde la permeabilidad de los mismos puede facilitar el movimiento de los contaminantes al acuífero”.

Génesis de la desconfianza

Que exista un riesgo ambiental frente a las aguas subterráneas no es un asunto menor, pues aproximadamente el 30% de toda el agua dulce es subterránea. Además de proveer una gran fuente de agua aprovechable, los acuíferos son ecosistemas que actúan como biofiltros donde se purifican enormes cantidades de agua, y dada su estrecha conectividad con los ecosistemas terrestres y acuáticos vecinos, constituyen un mecanismo clave de mitigación de inundaciones y sequías.

Tanto el bloque Cubarral, como parte importante del bloque CPO-9 se localizan en zonas de recarga y descarga de aguas subterráneas que se encuentran a menos de 5 metros de la superficie. Para el primero, Ecopetrol entregó a la ANLA en 2012 un estudio de vulnerabilidad, realizado con el método “Drastic”, en el cual establece 2 unidades hidrogeológicas:

I1 con vulnerabilidad muy alta, correspondiente a acuíferos superficiales conectados con los ríos Acacías, Orotoy y Guamal, que son usados por la comunidad para construir aljibes.
I2, que presenta una vulnerabilidad alta y ocupa el 95% restante del bloque.
La ANLA prohibió la intervención de la Unidad I1, pero en 2015 Ecopetrol presentó un nuevo estudio con el mismo método, con resultados muy diferentes: la vulnerabilidad muy alta de los acuíferos de la unidad I1 desapareció, y la vulnerabilidad alta de la unidad I2 se redujo al 18%.

Con estos datos la empresa solicitó una nueva zonificación mucho más permisiva, que la ANLA rechazó, pues no encontró argumentos técnicos que la soportaran. Cuando dos estudios tan similares arrojan resultados distintos, aparece el escepticismo. Si a esto se suma que la zonificación que existe no ha logrado evitar el impacto sobre las aguas en la región, ese escepticismo se desborda.

Dado que la actividad petrolera en el bloque Cubarral se localiza sobre unidades hidrogeológicas que constituyen la mejor categoría de acuíferos posible, ¿no debería existir un margen de protección también para los acuíferos más vulnerables? y de hecho, ¿lo más razonable no sería prohibir esta actividad donde éstos existan?

En 2012, una visita de la ANLA constató que la plataforma de perforación del clúster 4 (plataforma multipozo) del bloque CPO-9 Campo 50 K ha causado una afectación en el abastecimiento de aguas de las comunidades de la vereda Montelíbano en Acacías. El pozo está construído sobre “acuíferos que corresponden a los niveles de terraza y depósitos aluviales [del río Acacías], los cuales tienen gran potencial para almacenar y circular el agua por sus poros y grietas”, dijo la ANLA, y en la misma visita señaló que Ecopetrol no cumplía o no contaba con medidas de manejo de residuos, aislamiento y manejo de lixiviados, y plan de contingencia en caso de derrames.

De nuevo en 2013, el Grupo Técnico de la ANLA señaló que Ecopetrol construyó en el clúster 10 en la vereda La Esmeralda, sobre una zona donde “emerge agua de la cual se alimenta toda la comunidad, por lo tanto, es evidente que Ecopetrol no respeta la normatividad ambiental, al perforar encima de acuíferos”. No considerar la zona de alto riesgo durante la planeación, ya había tenido como consecuencia un derrame de 40 barriles de crudo en enero de 2011.

Según Eduardo Uribe, vicepresidente de Desarrollo Sostenible y HSE de Ecopetrol, la probabilidad de que un acuífero se contamine dentro del proceso de exploración y/o explotación de petróleo convencional y aún en el caso del fracking, es cero, debido a los diseños herméticos con los que se maneja el proceso.

No obstante, como se ha podido ver aquí, esgrimir soluciones técnicas no es suficiente para garantizar la integridad de los ecosistemas, y la actuación de la ANLA parece no trascender las advertencias. La autoridad se ha quedado muy corta en realizar una gestión ambiental eficiente, y el panorama no es alentador si lo miramos a la luz del presupuesto nacional proyectado para 2018, por lo que anunciar medidas más estrictas de manejo no tranquiliza a nadie.

Con el plantón de la vereda Pio XII se reabrió esta discusión que viene desde 2012 ¿Por qué las autoridades ambientales se ven tan limitadas en su capacidad de acción efectiva? Pero las movilizaciones abren otra pregunta: ¿Por qué si el petróleo produce empleo, movimiento inmobiliario, regalías y otros beneficios parciales, las comunidades se siguen oponiendo a la actividad? La acumulación histórica de impactos, la dificultad para admitir los riesgos de la actividad, y su creciente expansión parecen ser la respuesta.

“Ecopetrol dice una cosa y hace otra” dice Fernando Ombita, de la vereda Pio XII. Y es que los habitantes de la región han visto cómo poco a poco los 30 pozos aprobados para el bloque CPO-9 en el 2012, pasaron a ser 50 en el área de perforación exploratoria Taray, o 468 en el Campo 50 K en el 2015. La empresa sostiene que la actividad siempre genera más beneficios que costos y que ha hecho un trabajo juicioso de socialización y de gestión del entorno, mientras que las comunidades sostienen que por el contrario, no cumple sus compromisos de socialización ni de manejo de impactos ¿Quién tiene la razón?

En momentos así, vale la pena preguntarse por qué la gente siente que su territorio agoniza en nombre del progreso, no solo en el Meta sino a lo largo y ancho de un país donde 26 de las 44 consultas populares que se están cocinando a lo largo del territorio, son para que los habitantes de los municipios decidan si quieren que se realice exploración y explotación de hidrocarburos en sus municipios. El país necesita más reflexión, menos represión y que se cierren filas en torno al patrimonio ambiental.

Fuente:
Observatorio de Conflictos Ambientales. (2017, Septiembre). Petróleo en el Meta: una radiografía de la desconfianza. Revista Semana. Retrieved from http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/explotacion-de-petroleo-en-meta-causa-desconfianza-en-las-comunidades/38693

miércoles, 2 de agosto de 2017

Comunicado a la opinión pública del Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA

Atentado a dos promotores de Consulta Popular en cajamarca. Comunicado a la opinión pública del Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA. Fuente: Colectivo Socio Ambiental y Juvenil de Cajamarca. 28 de Julio de 2017



COSAJUCA informa a la opinión pública que el día 28 de Julio a las 7:30 pm en inmediaciones del casco urbano de Cajamarca, exactamente por el camino veredal que conduce a las veredas Rincón Placer y La Ciudadela Ismael Perdomo en el municipio de Cajamarca, 2 integrantes de Cosajuca fueron víctimas de un atentado con arma de fuego, afortunadamente no resultaron heridos por ninguno de los 2 disparos que fueron hechos desde una casa en inmediaciones de la Carrera 9. Los 2 integrantes de COSAJUCA estaban realizando actividades en el marco de los derechos humanos y la defensa del territorio y el agua. Recordamos que COSAJUCA ha perdido 2 compañeros, Juan Camilo Pinto en 2013 y Daniel Humberto Sánchez en 2014, y desde hace 4 años hemos sido víctimas de todo tipo de amenazas por defender nuestro territorio del proyecto minero La Colosa que fue detenido gracias a la histórica Consulta Popular del pasado 26 de marzo. Exigimos a las autoridades como la Fiscalía que actúen de manera eficaz para dar con los responsables de este atentado para que se haga Justicia. Exigimos a la Consejería para los derechos humanos de presidencia, Ministerio del Interior, UNP, Defensoría del Pueblo, Personería y Alcaldía de Cajamarca se brinden todas las garantías para la integridad de cada miembro de COSAJUCA y sus familias y así poder seguir realizando nuestro trabajo como defensores de los derechos humanos y el territorio. Llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales para que compartan y denuncien este acto no solo en contra de COSAJUCA, sino a todo el proceso socio ambiental que defienden los territorios en el Tolima. Solicitamos a las Naciones Unidas y Cuerpos diplomáticos presentes en el país, para que brinden acompañamiento y asesoría a COSAJUCA, entendiendo que el asesinato de defensores de los derechos humanos y el medio ambiente ha crecido dramáticamente al punto de ubicarnos en el deshonroso 2 lugar con 37 homicidios en Latinoamérica. Para mayor información al correo colectivocosajuca@gmail.com

lunes, 27 de marzo de 2017

El pueblo de Colombia que le dijo no a la explotación minera

El pueblo de Colombia que le dijo no a la explotación minera. Marzo 26 de 2017. Fuente: .- El País. -Colombia.
Una mujer depositando su voto. 
La decisión estaba en manos de Cajamarca, un pueblo de 20.000 habitantes, pero los efectos serían determinantes para todo Colombia. Ganaron los defensores del medio ambiente que, después de la larga batalla jurídica (y hasta política), vencieron a la compañía minera sudafricana AngloGold Ashanti, dueña del proyecto La Colosa, uno de los más grandes yacimientos auríferos del país. A través de una consulta popular, en la que 16.312 personas podían votar, el pequeño poblado determinó cuál será el rumbo ambiental de su región y abrió un debate nacional sobre otros trabajos de exploración que se adelantan. Con un abrumador 6.165 contra 76, se impuso el rechazo a la explotación minera. Las calles de Cajamarca se llenaron para celebrar que el pueblo estaba haciendo historia. 
“¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?” Era la pregunta que debían responder los ciudadanos. Con que 5.438 votaran por el no, el permiso que el Estado había otorgado quedaría sin efectos. Y así fue. En los primeros boletines de la Registraduría Nacional, los defensores del medio ambiente ya eran ganadores.
Aunque para la explotación todavía faltaba un par de años, según los planes de la compañía minera, desde hace varios ya venían haciendo trabajos de exploración. La meta era extraer 28 millones de onzas de oro en una zona que hace de despensa agrícola y tesoro hídrico en Colombia. Por eso, desde hace ocho años, cuando se conocieron las intenciones de la empresa sudafricana, nadie le quitó los ojos de encima al proyecto. Ni los ambientalistas, a los que se unieron organizaciones jurídicas y cívicas, ni quienes abogaban por los mineros artesanales que, con el no victorioso, según ellos, se quedarían sin trabajo. AngloGold siempre se defendió. Aseguró que desde que empezaron sus labores de exploración han implementado los estándares más exigentes de la industria. “Podemos decir que el impacto generado hasta hoy es de baja intensidad, puntual, mitigable y compensable”, declaraba la compañía hace unos días.
Voces como las del director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -Andi- también se manifestaron contra la consulta. Bruce Mac Master, su director, aseguraba que en el tema ambiental existen normas y entidades que estudian si un proyecto es viable o no. “Es absurdo atacar los proyectos considerados como viables y sostenibles, afectando a toda la población que se puede beneficiar de los mismos”, decía en una entrevista con la agencia Colprensa. Según él, si no fuera por la minería legal, no habría industria cementera, de construcción, metalúrgica o agroquímica. Pero para los ciudadanos, los argumentos a favor del medio ambiente estuvieron por encima.
“Los explosivos usados para minería a cielo abierto contaminan el aire con metales pesados, presentes en el subsuelo. El drenaje ácido de las minas a cielo abierto libera cadmio y arsénico, tóxico para el ambiente y la gente”, razona Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Según él, la decisión de este domingo servirá para otras regiones, no solo de Colombia, que están enfrascadas en conflictos ambientales. “Lo que pasó hace realidad la promesa de participación y de centralización de la Constitución de 1991. Es una voz que debe ser acatada por el Estado. Es un ejemplo para otros países”.
Por primera vez, una consulta popular de iniciativa ciudadana y con un enfoque ambiental demostró que los caminos participativos que el Estado garantiza en el papel, pueden ser posibles en la realidad. El desenlace de esta historia, sin embargo, está todavía por verse.
Los más pesimistas temen que no se respete la voluntad del pueblo y que no se revoquen los titulos mineros existentes con AngloGold. Otros dicen que la lucha continuará hasta que el proyecto desaparezca de la zona. Un final con el que los promotores del no sueñan desde enero del año pasado, cuando se propuso hacer la consulta. Meses más adelante, en mayo, la Corte Constitucional le dio un empujón a la idea, al declarar inconstitucional un apartado del Código de Minas que no permitía a los municipios decidir (prohibir) sobre la minería. La estocada final apareció en octubre, cuando otro pronunciamiento de la Corte señaló que las consultas populares en temas mineros son constitucionales. En ese momento, empezó la carrera de ambas partes por llevarse la mayoría de votos.
Jimmy Torres, del comité ambiental del Tolima, asegura que el camino a seguir es blindar la consulta. “Esto es un paso muy importante, pero no el final. Ahora debemos velar para que se cumpla lo que se decidió en las urnas”, decía desde Cajamarca, a donde llegaron organizaciones internacionales para acompañar el proceso. “Unirnos para proteger el agua y la tierra debe ser una meta. El agua no tiene color político, es la fuerza que nos une”, señalaba en la tarde del domingo.
Ver enlace: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/27/colombia/1490566547_441108.html

jueves, 2 de marzo de 2017

Comunicado Público acerca de la visita a Colombia de la delegación. Mining and Faith Reflections Initiative.

Comunicado Público acerca de la visita a Colombia de la delegación. Mining and Faith Reflections Initiative. del 19 al 24 de febrero de 2017, marzo 2 de 2017. 
Imagen de archivo Fuente: hbnoticias.com

Las organizaciones abajo firmantes hacemos expresa nuestra preocupación frente a la visita que la “Mining and Faith Reflections Initiative” (MFRI) está llevando a cabo en Colombia entre el 19 y el 24 de febrero en las zonas carboníferas de los departamentos de Cesar y La Guajira.

Las razones que motivan este comunicado se alimentan en la forma en que fue concebida esa visita y los métodos empleados para informar sobre su realización:
                  
       La ausencia de claridad respecto a: los objetivos de la delegación de la MFRI, la metodología de recolección de información, el empleo de los resultados obtenidos por parte de los partícipes de esa delegación, y las consecuencias de ese empleo en los procesos de defensa territorial y exigibilidad de derechos que adelantan las comunidades afectadas en la zona, en particular por la grave situación de persecución y amenaza a líderes sociales y defensores de derechos en Colombia.
       La ausencia de información oportuna, completa y verificable que garantizara la participación activa y eficaz de las comunidades afectadas por la operación carbonífera en el proceso de construcción de la agenda, en la preparación requerida para colaborar con la delegación y en el proceso mismo de reconocimiento territorial.
       La ausencia de una metodología de incursión en el territorio que permita a los integrantes de la delegación constatar y dialogar autónomamente, sin presencia de las empresas mineras involucradas en las violaciones a DDHH que hoy se denuncian en esas zonas, con las comunidades afectadas sobre los daños ocasionados por la operación carbonífera que se conduce y promueve activamente en ambos departamentos.

Nuestras preocupaciones se agudizan debido a que el modelo de extracción que se lleva a cabo en Cesar y Guajira, que se ha profundizado durante los últimos años en nuestro país, ha significado grandes transformaciones en los ecosistemas y en la vida en todas sus manifestaciones; por esa razón, hoy se le atribuye ser generador de múltiples y nuevas conflictividades. Es en ese escenario que las comunidades de ambas regiones han emprendido acciones en defensa de su territorio, que cuestionan las prácticas empresariales por  sus impactos irreversibles y por su indiscutible insustentabilidad. Ha sido en medio de evidentes asimetrías en las relaciones entre las comunidades y las empresas que los cuestionamientos económicos, sociales, ambientales y legales a esta industria, hechos por  líderes y organizaciones sociales, han resonado hasta las autoridades locales y nacionales, los entes de control del Estado colombiano, los tribunales judiciales, la academia, e incluso los consumidores internacionales, con la expectativa de que, con su intervención, dichas asimetrías sean superadas y la protección a las comunidades asegurada. Sin embargo, delegaciones como la llevada a cabo por la MFRI son prueba de los grandes desafíos que aún tenemos.

La “Ecología Integral” (resaltada en Laudato Si´ 140-142) implica considerar las voces de las víctimas y tomar en cuenta los datos de la ciencia, así como las experiencias de las organizaciones que acompañan solidariamente a las comunidades, con una mirada contextualizada de la región y desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos. La Encíclica reclama la confrontación de información interdisciplinaria, transparente e independiente, científica, estadísticas sociales y análisis económicos para discernir si un emprendimiento contribuye a un verdadero desarrollo integral (LS 185). Por ello, resulta desconcertante que la agenda fuera organizada principalmente por y con las empresas mineras como Cerrejón (Glencore, Anglo American. BHP Billiton) y Prodeco (Glencore) en un claro desbalance respecto a los sectores sociales, en especial por el efecto que tiene ese diseño en la versión de la realidad que evidenciará la delegación, altamente permeado por la visión empresarial y no por la de las comunidades y sectores sociales que se han visto afectadas en sus proyectos de vida debido a dichos intereses.

Las falencias antes descritas se suman a otra preocupación, relacionada con la conceptualización de las posturas eclesiales e interpretaciones de fe respecto a los proyectos extractivos. Tal como ha sido  diseñada, la visita de la delegación de MFRI a Colombia, observamos que adquieren mayor relevancia los intereses empresariales reflejados en la estrategia “Catalizador para la empresa minera del futuro” de la “Kellogg Innovation Network” que las líneas de orientación y acción de la Encíclica Laudato Si´, así como los pronunciamientos del Papa Francisco en los Encuentros con Movimientos Populares (Bolivia, 2015; Roma, 2016) y en el Encuentro de representantes de comunidades afectadas por actividades mineras (Roma, 2015).

No obstante nuestras preocupaciones respecto del contexto en el cual se da la visita y la confusa información recibida al respecto, hicimos el esfuerzo de involucrarnos en el diálogo propuesto. Desafortunadamente constatamos que nuestro esfuerzo fue en vano ya que, una vez hechas todas  las  gestiones para que las comunidades y organizaciones acompañantes atendiéramos la visita de manera independiente, al final fuimos informados que la delegación se conduciría según la agenda organizada por las corporaciones mineras. Posteriormente, a tan solo un día de la visita, para el caso del departamento de la Guajira, se informó que se abriría un espacio para nuestra participación, aumentando así la confusión. No obstante, en Cesar no logramos su apertura al diálogo con los afectados directos de la operación empresarial, pese a las propuestas que hicimos previo a su llegada al país.

Lamentamos entonces no haber contado con un espacio suficientemente amplio y participativo para que la delegación escuchara a las comunidades rurales y urbanas que tienen una voz disidente frente al actuar corporativo y gubernamental en materia minera, ni de las organizaciones que tenemos un trabajo serio y comprometido con la defensa de los derechos humanos y del ambiente. Insistimos en que tenemos voluntad y apertura para el diálogo, siempre y cuando existan garantías. Por lo anterior, hacemos constar lo siguiente:

       Los departamentos de La Guajira y Cesar se encuentran en una crisis humanitaria derivada de la vulneración de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación adecuada, al medio ambiente sano y a la salud, la cual no ha sido debidamente atendida por el gobierno ni remediada por sus causantes, y puede profundizarse con los planes de expansión de las operaciones mineras en estos dos departamentos del país.

       Ni en el Cesar ni en La Guajira el crecimiento del sector minero, con sus consecuentes regalías, ha significado un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región. Según las proyecciones del Censo de 2005, para el 2012 la población del departamento del Cesar con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) representaba el 44,73% de la población, mientras que en La Guajira lo era el 65,23%; el promedio poblacional nacional de NBI correspondía al 27,78% (Cinep, 2014[1]).

       Cesar y Guajira son ejemplos del desplazamiento forzado en Colombia por cuenta de las actividades carboníferas y sus consecuencias contaminantes. Así, los procesos de desplazamiento forzado (denominados oficialmente “reasentamientos involuntarios”) han sido característicos en la expansión de estos proyectos mineros.

       La ampliación minera en los dos departamentos se ha realizado sobre zonas rurales habitadas por comunidades indígenas, negras y campesinas sin que se hayan realizado procesos de consulta previa, libre e informada que permitan a la población participar en el ordenamiento de su territorio. Desconociendo derechos étnicos colectivos, las empresas han realizado procesos de negociación individual para la compra de tierras a través de la intimidación, la restricción en el acceso a los recursos y el confinamiento, todo lo cual ha resultado en la ruptura del tejido social y la desaparición de múltiples comunidades.

       En los casos en los que ya se han dado los reasentamientos, las poblaciones enfrentan otros riesgos propios del cambio de vida rural a la urbana, tales como la pobreza, pues no cuentan con alternativas productivas para su sustento, junto con otros innumerables problemas como la falta de acceso a servicios públicos, a la propiedad, la vivienda y la recreación. 

       La contaminación del aire y el desvío de fuentes hídricas básicas para la recreación de la vida de las comunidades del Cesar y de La Guajira son problemas apremiantes para regiones que enfrentan fuertes períodos de sequía.

       En los últimos años ha aumentado la violencia en contra de líderes sociales en las regiones, particularmente aquellos que emprenden acciones de defensa de sus derechos y del territorio. La Defensoría del Pueblo emitió en diciembre de 2016 una alerta temprana frente a los municipios del corredor minero, atribuyendo directamente un nexo de causalidad entre las amenazas de las que son víctimas múltiples líderes y su oposición a las operaciones mineras.

Nos preocupa que la visita de la delegación MFRI ignore dicha realidad y omita hacer los llamados y condicionamientos necesarios para que las empresas que hoy dirigen esas operaciones, y en las cuales han depositado sus inversiones, no sigan contribuyendo a las violaciones de derechos humanos que hemos documentado en la región, y tanto más que su recorrido por la zona no sea un instrumento de transformación, sino de legitimación formal. Por  tanto hacemos un llamado a:

1.      Promover garantías para la participación real y efectiva de  las comunidades afectadas por la minería  y de las organizaciones sociales con acceso a la información clara, transparente y oportuna.
2.      Impulsar medidas que eliminen la asimetría en el relacionamiento entre empresas y comunidades.
3.      Promover obligaciones vinculantes y extraterritoriales para empresas y derechos humanos y transparencia en el actuar de los actores estatales, gubernamentales y empresariales.
4.      Exigir el respeto pleno de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación adecuada, al medio ambiente sano y a la salud de los habitantes en los distritos mineros de Cesar y Guajira.
5.      Exigir garantías para que las operaciones carboníferas no sigan profundicen las causas de desplazamientos forzados en la región, y que las consecuencias de los que ya se han generado serán atendidas adecuadamente, con un enfoque de protección preferente para sus víctimas.
6.      Exigir garantías de seguridad para los líderes sociales y defensores del ambiente, del territorio y de los derechos humanos.

Finalmente, expresamos nuestra profunda preocupación por los efectos que una visita en estas condiciones puede representar para los ejercicios de defensa territorial y de exigibilidad de derechos que llevan a cabo las comunidades y sectores sociales de ambos departamentos. Por lo anterior, esperamos que este no sea un intento más de las empresas por obtener la legitimación social de los sectores de la fe, y exigimos prácticas transparentes, participativas y libres de manipulación.

Bogotá, 24 de febrero de 2017


CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia
Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna
Colectivo de Abogados Ambientalistas, Guacamaya Dumeka
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
Colombia Solidarity Campaign
Comisión Claretiana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comisión JPIC - CRC
Comité Ambiental en defensa de la vida
Comité de concertación de reasentamiento de Boquerón (La Jagua de Ibirico- Cesar)
Conferencia de Religiosos de Colombia (C.R.C)
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
Corporación Geoambiental TERRAE
Corporación Vida del Río Fucha-CORVIF
Fundación Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
Grupo de Trabajo Suiza Colombia (Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien ask!)
Instituto de Estudios para la Paz (INDEPAZ)
London Mining Network
Movimiento Católico Mundial por el Clima
Movimiento sutsuin jiyeyu wayuu – Fuerza de Mujeres Wayuu
Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA-IDEA-UN)
Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica - OCMAL
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional.
Observatorio de Expansión minero energética y re-existencias
Paz con Dignidad-OMAL Colombia
Pensamiento y Acción Social (PAS)
Programa Radial Territorio Verde – 94.4 F.M.-Vientos Stereo Bogotá - Colombia
Red de Comités Ambientales del Tolima
Red Iglesias y Minería
War on Want

ORGANIZACIONES QUE APOYAN
AMERINDIA-Colombia
MESETI - Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá D.C.
Cantoalagua-Colombia
Red Nacional del Agua- Colombia

PERSONAS QUE APOYAN
Fr. Eduardo Agosta Scarel , O. Carm., representante regional, Carmelite NGO
Edwin Leonardo Avendaño Guevara, Obispo - Fraternidad Apostólica de Cristo Sacerdote
Fernando Ramírez González, responsable de campañas del Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales (M.N.V.C.)



[1]      Cinep, “Impactos socioterritoriales de la explotación minera en los departamentos del Cesar y La Guajira”, en Fescol, Análisis 1/2014, p. 51, disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/11067.pdf.