Indudablemente el sector minero–energético viene jalonando el crecimiento de la economía. De allí que su participación en el PIB sea cada vez mayor, y que al cierre del 2010 ya hubiera igualado a la del sector agropecuario (7 por ciento).
Hoy en día la minería sin el petróleo representa el 2,21 por ciento del PIB, 24 por ciento de las exportaciones, 30 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) y 19 por ciento de las regalías. En el 2011 el 81,4 por ciento de la IED - que alcanzó el record de 15.032 millones de dólares- fue a recalar en el sector minero–energético.
Cuatro de los primeros cinco renglones de exportación (petróleo, carbón, oro y ferroníquel) corresponden a la minería. De las cinco locomotoras contempladas en el Plan de Desarrollo, es la que ha alcanzado más velocidad.
Según el ministro Mauricio Cárdenas, el sector minero–energético es el que más contribuye a financiar el Estado, con una participación del 21 por ciento. El año anterior se recaudaron por este concepto 18,9 billones de pesos, 57 por ciento más que en el 2010, debido al boom de este sector.
Tales recursos equivalen al 100 por ciento del gasto anual presupuestado para seguridad y defensa o al 108 por ciento del gasto para educación. También representan el 160 por ciento del gasto en salud o el 147 por ciento de la inversión del Gobierno central.
Hoy en día la minería sin el petróleo representa el 2,21 por ciento del PIB, 24 por ciento de las exportaciones, 30 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) y 19 por ciento de las regalías. En el 2011 el 81,4 por ciento de la IED - que alcanzó el record de 15.032 millones de dólares- fue a recalar en el sector minero–energético.
Cuatro de los primeros cinco renglones de exportación (petróleo, carbón, oro y ferroníquel) corresponden a la minería. De las cinco locomotoras contempladas en el Plan de Desarrollo, es la que ha alcanzado más velocidad.
Según el ministro Mauricio Cárdenas, el sector minero–energético es el que más contribuye a financiar el Estado, con una participación del 21 por ciento. El año anterior se recaudaron por este concepto 18,9 billones de pesos, 57 por ciento más que en el 2010, debido al boom de este sector.
Tales recursos equivalen al 100 por ciento del gasto anual presupuestado para seguridad y defensa o al 108 por ciento del gasto para educación. También representan el 160 por ciento del gasto en salud o el 147 por ciento de la inversión del Gobierno central.
El auge de la minería atrajo el interés de los inversionistas extranjeros y nacionales, estimulados por una mal concebida y peor administrada política de “confianza inversionista” que les ofreció toda clase de gabelas inoficiosas pero costosas.
Al mismo tiempo se produjo una especie de feria de licencias, como la llamó el ex ministro Rodado Noriega, donde bastaba con mostrar la cédula de ciudadanía para hacerse al derecho de explorar sobre un determinado territorio. Y así, mientras entre 1990 y 2001 se entregaron 1.889 títulos mineros (157 por año), para el 2010 se contaba con 8.928 concesiones que comprometían 4´839.149 hectáreas y cursaban en ese momento 20.000 solicitudes más.
De otra manera: el área titulada para minería era de 1,1 millones de hectáreas (0,98 por ciento del territorio nacional) en el 2002, pero en 2009 se había ampliado a 8,4 millones de hectáreas (casi el 10 por ciento del territorio) y quedaban en estudio 40 millones de hectáreas adicionales (36 por ciento del territorio nacional).
Minería criminal
El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, entonces comandante de las AUC, aseguró que algunos lavadores de dólares se quedaban hasta con el 70 por ciento de las regalías que gira el gobierno- y que el resto se lo robaban los alcaldes. El metal era comprado en Panamá, luego era fundido y entregado en dosis a un ejército de alcaldes. Estos se encargaban de llevarlo al Emisor, reportarlo como explotación local y cobrar millonarias regalías; y de ñapa les reintegraban el 12 por ciento del precio, por concepto de “devolución” del IVA.
Las autoridades han podido establecer, además, que en los últimos veinte años han salido de forma ilegal por la frontera con Venezuela y con destino hacia Brasil toneladas de coltán, donde los compradores pagan 10.000 pesos por kilo a indígenas y barequeros (una tonelada de coltán en Bogotá puede transarse entre 40 mil y 60 mil dólares).
De esta manera la actividad minera se puso al servicio de mafias organizadas y se convirtió en combustible para la guerra; los grupos armados al margen de la ley de todos los pelambres han sentado sus reales en muchas zonas mineras del país.
En la minería, al igual que en el sector agrícola, también se han dado el desplazamiento, la usurpación y el despojo. Al fin y al cabo, esta actividad es eminentemente rural y el campo ha sido el teatro central del conflicto armado.
Y de contera, se ha venido causando un devastador impacto ambiental, exacerbado por la misma ilegalidad. “Se estima que anualmente entre 50 y 100 toneladas de mercurio (utilizado en la minería del oro) entran a las corrientes acuíferas, produciendo niveles de contaminación que superan 500 veces los niveles aceptados por la OMS, de acuerdo con un estudio realizado por Marcello M. Veiga, consultor de la ONUDI.
Otro estudio, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, encontró que el bagre rayado tiene un contenido de mercurio que se acerca “al límite tolerable de 0,41 microgramos por kilo, muy superior al hallado en la tilapia, en el bocachico, en el pargo rojo y el camarón”.
Ilegal no es criminal
En Colombia, por cada 100 minas legales hay aproximadamente 51 ilegales; de ese tamaño es el asunto.
Pero suele cometerse el error de meter a toda la minería ilegal en un solo saco: la minería ilegal ha existido desde siempre, y han sido muchos los intentos –fallidos todos- por legalizarla:
Ya el Decreto 2655 de 1988, antiguo Código de Minas, hablaba de establecer plazos y mecanismos para que quienes ejercían la actividad minera de hecho pudieran acceder al título.
Exacta o casi exactamente lo mismo han repetido la Ley 141 de 1994 (artículo 58), la Ley 685 de 2001 (artículo 165) y aun la Ley 1382 de 2010, que la Corte Constitucional declaró inexequible (artículo 12).Pero como dice Ramiro Santa, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de la AngloGold Ashanti, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Así como nadie califica a los narcotraficantes como “exportadores ilegales”, ni a los contrabandistas como “importadores ilegales” - como tampoco se llama a los corruptos “tramitadores ilegales ante el Estado”- esa actividad en el sector minero de la cual se sirven los señores de la guerra y los narcotraficantes es ante todo criminal, además de ilegal.
Y no se puede confundir con aquella del pequeño o del mediano minero que siguen en la ilegalidad o, más que en la ilegalidad, en la informalidad, igual a la que existe en otros sectores de le economía, como la industria, el comercio, la agricultura o los servicios.
Hay que separar la paja del grano. Para estos, el tratamiento debe encaminarse hacia la formalización, con la asistencia y apoyo del Estado, con políticas como la de “integración de áreas” — prevista en las leyes vigentes, para ganar en competitividad a través de las economías de escala — o replicar en la minería casos exitosos de la agricultura, en donde una empresa sirve como integrador de los pequeños productores.
Y no estamos hablando de naderías: más de 300 mil colombianos derivan su subsistencia de la minería artesanal.
Para la minería criminal, en cambio, sólo cabe combatirla con toda la energía y convertirla, como lo anunció el presidente Santos “en un objetivo de alto valor”.
No creó sin embargo que sea buena la idea de darle a los activos de la minería criminal el mismo tratamiento de los laboratorios de cocaína: destruirlos. En mi concepto es más sensato extinguir el dominio y rematar la maquinaria, para ayudar entre otras a tecnificar la minería artesanal que predomina en muchas partes del país.
El toro por los cuernos
Los anuncios del ministro Cárdenas son auspiciosos: antes del 5 de mayo estará en funcionamiento la nueva Agencia Nacional Minera (ANM), que empezaría por “revocar títulos que fueron asignados en el pasado que no cumplían con los requisitos de Ley”. La ANM dispondrá de 337 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente dos terceras partes provendrán del Sistema General de Regalías (SGR) creado a través del Acto legislativo 05 de 2011. Con tales recursos van a contratarse firmas especializadas que examinen con lupa los más de 9.000 títulos otorgados.
De ahora en adelante los títulos se adjudicarán solo sobre zonas que a juicio del gobierno tengan un potencial minero, y mediante subastas en rondas sucesivas — como lo viene haciendo la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) —. Para tal efecto, el ministro Cárdenas, apoyándose en la legislación vigente, ha dispuesto declarar como Zonas de Reserva Estratégica Minera 1,9 millones de hectáreas en 14 departamentos, que quedarán sometidas a este nuevo procedimiento.
El ministro ha aplazado la presentación del proyecto de ley de reforma al Código de Minas, según ha dicho, para incorporar los cambios en el arreglo institucional en marcha.
De hecho ya se creó el Viceministerio de Minas y una de sus direcciones estará encargada justamente de la formalización de la pequeña minería; próximamente el CONPES expedirá un Documento CONPES sobre el conjunto de medidas para meter en cintura a la minería criminal.
La otra trampa: la gran minería
Pero la acción del Estado no debe limitarse a formalizar la minería ilegal y a erradicar la minería criminal: debe extenderse al control y a la vigilancia de la gran minería.
Al igual que la pequeña y mediana minería, la gran minería debe ser responsable en todos los órdenes, tanto en lo social como en lo ambiental, y cumplir escrupulosamente con las estipulaciones de las leyes y de los contratos, empezando por pagar lo debido, sin esguinces.
Preocupan sobremanera las denuncias recientes del Director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, según las cuales algunas de ellas vienen evadiendo y eludiendo el pago de impuestos, recurriendo a prácticas non sanctas. Ello es inadmisible, porque se trata de prácticas también ilegales.
El Estado debe tener cuidado y no caer en trampas frente a la gran minería, haciéndose el de la vista gorda so pretexto de combatir la criminalidad. Un ejemplo puede ser el del proyecto Santurbán. Estamos a la espera de una definición por parte del Instituto Humboldt sobre la cota de los páramos, que puede fijarse en un rango entre 3.100 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Pero Felipe Zuleta aduce en El Espectador que si se adopta el nivel más bajo, “esto querría decir que no habría posibilidad de explotar allí, con las consecuencias previstas: no entran las grandes empresas mineras con todos los controles y las obligaciones ambientales estrictas y se meten los criminales a quienes no les importa la cota o la Ley, pues las normas para ellos no existen” (énfasis añadido).
Dura lex, sed lex: el riesgo de que los criminales se lleguen a enseñorear del Páramo de Santurbán no puede servir de pretexto para otorgar patente de corso a la multinacional antes denominada Greystar y hoy rebautizada Eco Oro Minerals Corporation. ¡Ni más faltaba!
Y no estamos hablando de naderías: más de 300 mil colombianos derivan su subsistencia de la minería artesanal.
Para la minería criminal, en cambio, sólo cabe combatirla con toda la energía y convertirla, como lo anunció el presidente Santos “en un objetivo de alto valor”.
No creó sin embargo que sea buena la idea de darle a los activos de la minería criminal el mismo tratamiento de los laboratorios de cocaína: destruirlos. En mi concepto es más sensato extinguir el dominio y rematar la maquinaria, para ayudar entre otras a tecnificar la minería artesanal que predomina en muchas partes del país.
El toro por los cuernos
Los anuncios del ministro Cárdenas son auspiciosos: antes del 5 de mayo estará en funcionamiento la nueva Agencia Nacional Minera (ANM), que empezaría por “revocar títulos que fueron asignados en el pasado que no cumplían con los requisitos de Ley”. La ANM dispondrá de 337 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente dos terceras partes provendrán del Sistema General de Regalías (SGR) creado a través del Acto legislativo 05 de 2011. Con tales recursos van a contratarse firmas especializadas que examinen con lupa los más de 9.000 títulos otorgados.
De ahora en adelante los títulos se adjudicarán solo sobre zonas que a juicio del gobierno tengan un potencial minero, y mediante subastas en rondas sucesivas — como lo viene haciendo la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) —. Para tal efecto, el ministro Cárdenas, apoyándose en la legislación vigente, ha dispuesto declarar como Zonas de Reserva Estratégica Minera 1,9 millones de hectáreas en 14 departamentos, que quedarán sometidas a este nuevo procedimiento.
El ministro ha aplazado la presentación del proyecto de ley de reforma al Código de Minas, según ha dicho, para incorporar los cambios en el arreglo institucional en marcha.
De hecho ya se creó el Viceministerio de Minas y una de sus direcciones estará encargada justamente de la formalización de la pequeña minería; próximamente el CONPES expedirá un Documento CONPES sobre el conjunto de medidas para meter en cintura a la minería criminal.
La otra trampa: la gran minería
Pero la acción del Estado no debe limitarse a formalizar la minería ilegal y a erradicar la minería criminal: debe extenderse al control y a la vigilancia de la gran minería.
Al igual que la pequeña y mediana minería, la gran minería debe ser responsable en todos los órdenes, tanto en lo social como en lo ambiental, y cumplir escrupulosamente con las estipulaciones de las leyes y de los contratos, empezando por pagar lo debido, sin esguinces.
Preocupan sobremanera las denuncias recientes del Director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, según las cuales algunas de ellas vienen evadiendo y eludiendo el pago de impuestos, recurriendo a prácticas non sanctas. Ello es inadmisible, porque se trata de prácticas también ilegales.
El Estado debe tener cuidado y no caer en trampas frente a la gran minería, haciéndose el de la vista gorda so pretexto de combatir la criminalidad. Un ejemplo puede ser el del proyecto Santurbán. Estamos a la espera de una definición por parte del Instituto Humboldt sobre la cota de los páramos, que puede fijarse en un rango entre 3.100 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Pero Felipe Zuleta aduce en El Espectador que si se adopta el nivel más bajo, “esto querría decir que no habría posibilidad de explotar allí, con las consecuencias previstas: no entran las grandes empresas mineras con todos los controles y las obligaciones ambientales estrictas y se meten los criminales a quienes no les importa la cota o la Ley, pues las normas para ellos no existen” (énfasis añadido).
Dura lex, sed lex: el riesgo de que los criminales se lleguen a enseñorear del Páramo de Santurbán no puede servir de pretexto para otorgar patente de corso a la multinacional antes denominada Greystar y hoy rebautizada Eco Oro Minerals Corporation. ¡Ni más faltaba!
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