En: Semana. 2015-04-09
Las investigaciones que adelante la Fiscalía General por la afectación natural que ha sufrido la Ciénaga Grande de Santa Marta arrojó los primeros resultados: habrá imputaciones contra los responsables de la destrucción del parque.
Así lo anunció el mismo vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, quien durante Semana Santa sobrevoló la Ciénaga y recorrió algunas de sus zonas. Incluso advirtió que los daños no se limitan a la construcción de diques, puentes y terraplenes para desviar caños y secar humedales en algunas fincas, sino que dentro del Parque Nacional hay minas ilegales de oro, calizas, así como una expansión de la frontera agrícola.
El proceso de destrucción de gran parte de los 4.900 kilómetros cuadrados del Parque Nacional Ciénaga Grande de Santa Marta, declarado zona Ramsar por su riqueza como ecosistema de seres vivos (biosfera), ha estado a la vista de todos y ha contado con la complicidad de todos los estamentos y ciudadanos que viven alrededor.
A esta fría conclusión llegaron los investigadores de la Fiscalía, en cabeza del vicefiscal. Para el ente investigador, la afectación de esta importante zona natural contó con el silencio cómplice de más de 10 municipios; una ciudad capital, Santa Marta; tres corporaciones, y la dirección regional de parques.
Recorrido desalentador
Así lo anunció el mismo vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, quien durante Semana Santa sobrevoló la Ciénaga y recorrió algunas de sus zonas. Incluso advirtió que los daños no se limitan a la construcción de diques, puentes y terraplenes para desviar caños y secar humedales en algunas fincas, sino que dentro del Parque Nacional hay minas ilegales de oro, calizas, así como una expansión de la frontera agrícola.
El proceso de destrucción de gran parte de los 4.900 kilómetros cuadrados del Parque Nacional Ciénaga Grande de Santa Marta, declarado zona Ramsar por su riqueza como ecosistema de seres vivos (biosfera), ha estado a la vista de todos y ha contado con la complicidad de todos los estamentos y ciudadanos que viven alrededor.
A esta fría conclusión llegaron los investigadores de la Fiscalía, en cabeza del vicefiscal. Para el ente investigador, la afectación de esta importante zona natural contó con el silencio cómplice de más de 10 municipios; una ciudad capital, Santa Marta; tres corporaciones, y la dirección regional de parques.
Recorrido desalentador
Después de sobrevolar la zona, desde Santa Marta hasta Bocas de Cenizas, bordeando el mar Caribe cuyas orillas tienen problemas de erosión costera; siguiendo río arriba por el Magdalena hasta la parte sur del parque, entre El Piñón y Cerro de San Antonio, bordeando toda la ciénaga hasta Aracataca y Zona Bananera se puede observar que gran parte de la planicie inundable hoy son fincas dedicadas al cultivo de palma, banano y cría de reses y búfalos.
En otra zona, en las estribaciones de la Sierra Nevada, hay yacimientos ilegales de oro y piedra caliza. Tras el sobrevuelo, el vicefiscal Perdomo pudo valorar en toda su dimensión el daño que hoy tiene con las manos en la cabeza a autoridades de policía ambientales y judiciales que se preguntan en qué momento ocurrió tamaña devastación.
Faltan resultados
En otra zona, en las estribaciones de la Sierra Nevada, hay yacimientos ilegales de oro y piedra caliza. Tras el sobrevuelo, el vicefiscal Perdomo pudo valorar en toda su dimensión el daño que hoy tiene con las manos en la cabeza a autoridades de policía ambientales y judiciales que se preguntan en qué momento ocurrió tamaña devastación.
Faltan resultados
Desde cuando estalló el escándalo, a mediados de febrero, sólo se han hecho anuncios. Incluso los buldóceres y las retroexcavadoras utilizados para construir diques y terraplenes en la Ciénaga Grande de Santa Marta no han podido ser sacados del predio y por ahora no hay detenidos por un supuesto error en el procedimiento.
Ayer la corporación autónoma ambiental del Magdalena (Corpamag) convocó a una rueda de prensa en la que anunció la expedición de una resolución para imponer medidas preventivas para el ingreso de maquinaria pesada a las áreas protegidas.
El director de la entidad, Orlando Cabrera Molinares, explicó que el decomiso de la maquinaria no ha sido posible porque la Policía no hizo entrega de las llaves y tampoco aportó acta de la diligencia, afirmación que fue desmentida por el coronel Álvaro Ninco en comunicación con Semana.com. Indicó que desde el primer momento la institución hizo entrega del acta a la Fiscalía y en esas diligencias hubo funcionarios de las autoridades ambientales.
El comandante aseguró, además, que en tres ocasiones han acompañado a funcionarios de Corpamag a realizar las diligencias para retirar la maquinaria, sin que hasta la fecha se haya podido hacer por decisión de la autoridad ambiental.
La maquinaria fue incautada al ser encontrada en flagrancia realizando trabajos de manera ilegal en una zona protegida en la finca Los Patos, nombre del terreno que hoy engloba a las fincas conocidas con los nombres de Mendegua, La Andrea, la Vega I y II, Condazito, Mendegüita y Condazo, con una extensión de 5.708 hectáreas, finca ocupada por la empresa agropecuaria RHC.
El director de Cormpamag afirmó que a la empresa donde se encontró la maquinaria se le puede imponer una multa de hasta 5.000 salarios mínimos y además, deben iniciar las obras de demolición sin afectar el proceso hidráulico de la zona.
Las investigaciones continúan
El director de la entidad, Orlando Cabrera Molinares, explicó que el decomiso de la maquinaria no ha sido posible porque la Policía no hizo entrega de las llaves y tampoco aportó acta de la diligencia, afirmación que fue desmentida por el coronel Álvaro Ninco en comunicación con Semana.com. Indicó que desde el primer momento la institución hizo entrega del acta a la Fiscalía y en esas diligencias hubo funcionarios de las autoridades ambientales.
El comandante aseguró, además, que en tres ocasiones han acompañado a funcionarios de Corpamag a realizar las diligencias para retirar la maquinaria, sin que hasta la fecha se haya podido hacer por decisión de la autoridad ambiental.
La maquinaria fue incautada al ser encontrada en flagrancia realizando trabajos de manera ilegal en una zona protegida en la finca Los Patos, nombre del terreno que hoy engloba a las fincas conocidas con los nombres de Mendegua, La Andrea, la Vega I y II, Condazito, Mendegüita y Condazo, con una extensión de 5.708 hectáreas, finca ocupada por la empresa agropecuaria RHC.
El director de Cormpamag afirmó que a la empresa donde se encontró la maquinaria se le puede imponer una multa de hasta 5.000 salarios mínimos y además, deben iniciar las obras de demolición sin afectar el proceso hidráulico de la zona.
Las investigaciones continúan
La Fiscalía informó que todos los casos relacionados por hechos considerados delitos contra la naturaleza y el medio ambiente pasaron a manos de una fiscalía especializada con sede en Barranquilla, ante la cual se radicaron varias denuncias que vienen desde 2el 009.
El vicefiscal Jorge Perdomo afirmó que a Rafael Hoyos, el representante legal de agropecuaria RHC, le imputarán en los próximos días cargos por los presuntos delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales y daño en recursos naturales.
La Fiscalía también adelanta investigaciones por explotación ilícita de yacimientos de oro y piedra caliza, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y testaferrato y construcción de diques y terraplenes en la finca los Patos, sobre cuyos predios existe una reclamación de 27 familias campesinas que fueron desplazadas por el bloque norte de las AUC.
El vicefiscal Jorge Perdomo afirmó que a Rafael Hoyos, el representante legal de agropecuaria RHC, le imputarán en los próximos días cargos por los presuntos delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales y daño en recursos naturales.
La Fiscalía también adelanta investigaciones por explotación ilícita de yacimientos de oro y piedra caliza, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y testaferrato y construcción de diques y terraplenes en la finca los Patos, sobre cuyos predios existe una reclamación de 27 familias campesinas que fueron desplazadas por el bloque norte de las AUC.
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