Por Fabrizio Purita*
En Colombia Informa.
La carretera que desde Santander de Quilichao (Cauca) lleva a Corinto está rodeada por extensiones ilimitadas de caña de azúcar. A veces se ven campesinos trabajar estos grandes monocultivos, ellos no son los dueños de esta tierra, sino jornaleros contratados por los pocos empresarios propietarios de estas extensiones. La mayoría de esta tierra es propiedad de Ardila Lülle, uno de los hombres más ricos de Colombia, presidente de la organización que conglomera empresas como RCN Televisión, Postobón, RCN Radio, la empresa azucarera Ingenio del Cauca S.A. (Incauca), entre otras.
En la chiva que nos lleva hasta la finca “La Emperatriz”, resguardo de Huellas, Caloto, van 47 personas entre mujeres, hombres y algunos niños. En aras de esclarecer la verdad sobre los conocidos hechos de violencia ocurridos días atrás en Corinto, delegados de organizaciones del Congreso de los Pueblos y el Espacio Regional de Paz del Cauca decidieron convocar una minga de acompañamiento y hermandad para el 7 de marzo. Llegando a la finca el aire empieza a oler a gas lacrimógenos, después de haber pasado un escuadrón del Esmad y sus pesadas armaduras negras, la comisión alcanza la finca donde se encuentra la comunidad indígena del Norte del Cauca.
Entre mujeres, hombres y niños que almuerzan sentados sobre el prado, la gobernadora de la comunidad empieza a hablar: “Estamos en la finca La Emperatriz, otros están en Corinto, otros en Santander de Quilichao (finca San Vicente), otros en Las Pirámides, hay varios sitios donde se está haciendo el ejercicio de liberación de la madre tierra. Estamos en La Emperatriz porque en esta finca es donde se planeó la masacre del Nilo de 1991”. Un comunero me explica que, en Corinto, las comunidades empezaron la resistencia el 16 de diciembre del año pasado para conmemorar la masacre ocurrida en la hacienda del Nilo. En ese entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo cinco recomendaciones referentes al tema Nilo, una de ellas sugería la reparación integral y colectiva a las comunidades por parte del gobierno; y la adopción de medidas para evitar que sucedieran hechos similares. Ninguna de las dos se ha cumplido. El comunero sigue explicando que después de las recomendaciones se hizo un censo, registrando alrededor de 500 asesinados entre guardias indígenas, gobernadores, comuneros y autoridades tradicionales. “No se está protegiendo la vida de las comunidades indígenas”, comenta.
La gobernadora mantiene la palabra y afirma que mientras los grandes terratenientes acaparan predios y haciendas, los indígenas viven en un espacio muy reducido, “uno encima del otro”. Después intervienen los consejeros del cabildo y cuentan que hace unos años las comunidades del norte del Cauca hicieron un estudio que relacionaba la tenencia de tierra en sitios sagrados y en los páramos; también tenía en cuenta la situación de fertilidad de la tierra. Se estableció que hay una necesidad de 144.000 hectáreas. La ACIN, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, presentó dicho estudio el 18 de febrero y empezó la negociación con el gobierno, el cual ofreció empezar con una restitución de 20.000 hectáreas, 5.000 por cada año, pero hasta el momento no hay nada concreto.
Terminada la minga en la hacienda “La Emperatriz”, los miembros de la delegación se despiden de la comunidad, regresan a la chiva y el recorrido sigue hacia Corinto. Hay monocultivos de caña en todos lados, sólo mirando hacia arriba, hacia la montaña, la tierra parece volver a respirar. Cultivar caña de azúcar es un negocio muy rentable para una empresa, además del azúcar, la caña se utiliza para producir etanol, un biocombustible líquido. En muchos países del mundo los proveedores de gasolina están obligados a mezclar gasolina con el biocombustible en cantidades que pueden variar entre el 5% y el 10%. En Colombia la ley 693 de 2001 estipula que la gasolina deberá tener un 10% de etanol dentro del 2009, alcanzando gradualmente en los años una proporción del 25%. El biocombustible ayuda a descontaminar las ciudades pero, al mismo tiempo, favorece la expansión del monocultivo que destroza los ecosistemas y produce, a través de la compra de tierras por parte de grandes empresarios, fuertes impactos negativos para la autonomía alimentaria de las familias campesinas que no tienen tierra para cultivar. Este es el caso de Corinto y es en el medio de estos enormes cultivos de caña de azúcar que la comunidad indígena Nasa está tratando, desde el 16 de diciembre, de liberar la madre tierra.
El caserío de Corinto está totalmente militarizado, el alcalde dio la orden de desalojar y al borde de la carretera grupos armados del Esmad producen un fuerte contraste con la población indígena y campesina que llenan las calles y tiendas de este pueblo. Llegamos a la finca Miraflores donde un grupo de comuneros indígenas está esperando los delegados de las organizaciones del Congreso de los Pueblos. Empieza la minga.
Los delegados se presentan, saludan a la comunidad en resistencia pacífica y evidencian la importancia de la distribución equitativa de la tierra. “La paz que estamos planteando no es la paz de la desmovilización de las insurgencias, sino es la paz de la justicia social. La paz de que los derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas sean garantizados”, dice una delegada y sigue su discurso. “La paz no está solamente en manos de los actores armados y del Estado. La paz debe estar en manos de las organizaciones y de las comunidades”.
Entre los varios delegados también hay un representante de la Orivac, la Organización Indígena del Valle del Cauca. Todos hacen su intervención y la autoridad indígena de Jambaló subraya que “la recuperación es el punto uno de la plataforma de hecho del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), pero también hace parte de los legados de los caciques, desde la Gaitana y Juan Tama hasta llegar a Qujintin Lame”.
Todos convienen que para trasformar la situación del país es necesario fortalecer los espacios de articulación y unidad del movimiento social y popular en Colombia. Todos, indígenas, campesinos, afrodescendientes, organizaciones urbanas y estudiantes deben estar unidos, consientes que la palabra sin la acción es vacía.
En Corinto se están ocupando cerca de unas 2700 hectáreas. Las autoridades dicen que el Esmad hizo cinco intentos de desalojo pero la comunidad no se ha dejado sacar. Hay alrededor de 70 heridos entre los indígenas, siete de los cuales por armas de fuego. La policía ha utilizado machetes, armas, pistolas, correas de tiro, todo está documentado y se hicieron las debidas denuncias a las Naciones Unidas y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La minga termina, la chiva con los delegados regresa a Popayán, la comunidad indígena del norte del Cauca sigue resistiendo.
*Fabrizio Purita es corresponsal internacional y colaborador para distintos portales de internet.
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