Por: César Rodríguez Garavito
Miembro fundador de Dejusticia.
Domingo 4-11-2013
Piedras,
Tolima.
En este rincón arrocero del país, queda claro que la cruzada de la
Procuraduría contra los derechos ciudadanos es más ambiciosa y ubicua de lo que
parece desde Bogotá.
A la
campaña contra la población LGBTI y las mujeres que interrumpen legalmente su
embarazo, se suma otra menos visible pero igualmente eficaz: la presión contra
las comunidades locales que defienden el medio ambiente. En todos los casos, la
fórmula es la misma: intimidar, con cuestionables argumentos jurídicos, a las
autoridades que protegen los derechos.
El caso
de Piedras es ilustrativo. En este municipio a una hora de Ibagué, los
ciudadanos convocaron en julio una consulta popular para decidir
democráticamente si permitían actividades mineras en su territorio. El origen
de la consulta fue la presencia de la empresa AngloGold Ashanti, que venía
haciendo estudios en terreno para decidir si ubicaba aquí el inmenso depósito de
residuos que dejaría la explotación de la mina de oro de La Colosa, proyectada
para ser una de las más grandes del mundo.
Las
consultas populares están autorizadas por la Constitución, y la de Piedras
cumplió todos los requisitos. El resultado fue contundente: el 99% de los
piedrunos que participaron lo hizo para votar en contra de proyectos como el de
AngloGold, por los riesgos que acarrean para el agua, la agricultura y el medio
ambiente locales.
Hasta
aquí, el caso parecía un ejemplo esperanzador de participación ciudadana. Pero
la Procuraduría se ha convertido en la piedra en el zapato para los de Piedras.
Como lo ha hecho con notarios y jueces para bloquear matrimonios de parejas del
mismo sexo, ha enviado cartas al alcalde y los concejales, advirtiéndoles que
no pueden interferir con la minería, porque ese sería un tema del gobierno
central, no de los municipios. En realidad, el problema jurídico es complejo y
no está decidido, porque no hay precedentes de consultas populares como la que
se hizo aquí.
Pero ya
se sabe cómo opera la Procuraduría: convierte sus opiniones jurídicas en
verdades categóricas que intimidan a los funcionarios que interpretan la ley a
favor de los derechos ciudadanos, porque sabe que en sus manos está el poder de
sancionarlos y destituirlos.
Así
también ha amedrentado a Cortolima, la autoridad ambiental que ha tenido la
independencia y la integridad necesarias para supervisar estrictamente las
operaciones de AngloGold. Atendiendo quejas de los lugareños, Cortolima
determinó que la empresa venía haciendo perforaciones profundas y afectando
cauces de agua sin tener autorización para ello. Aplicó entonces el principio
de precaución ambiental y detuvo el estudio de suelos de la minera.
¿Qué hizo
la Procuraduría? ¿Respaldó a la autoridad que, a diferencia de muchas otras en
el país, hizo su tarea de proteger el medio ambiente? No. En lugar de ello,
intervino en el proceso para apoyar a la AngloGold en su recurso jurídico
contra la decisión de Cortolima, que hoy está sola en medio de esas dos
presiones poderosas. Habrá que ver cuál es el siguiente paso de la
Procuraduría, ahora que Cortolima tuvo el valor de ratificar su decisión.
Habrá que
ver también qué hace en otros conflictos similares. Por ahora, una cosa es
clara: viene haciendo todo lo contrario a “defender los intereses colectivos,
en especial el ambiente”, como le ordena la Constitución.
0 comentarios:
Publicar un comentario