Seguridad y ambiente se le atraviesan al tren minero

Empresarios, preocupados por posible pérdida de la ‘licencia social’ para adelantar sus proyectos.

La abundante inversión extranjera en el sector minero-energético (más de 2.100 millones de dólares en el primer trimestre en petróleo y en minas) comienza a sentir más fuerte el ruido generado en las últimas semanas por los conflictos laborales, las advertencias sobre los efectos ambientales y el aumento de los atentados contra la infraestructura de los operadores.

Aunque esto no significa que los capitales se vayan a esfumar de un día para otro, lo cierto es que estos factores pasaron de ser temas que inquietan a situaciones que ya preocupan a los empresarios.

El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Alejandro Martínez, señala que lo ocurrido hace unas semanas en el campo Rubiales, en donde una situación laboral se convirtió en un asunto de orden público, es algo que afecta de forma sensible al sector, incluso por encima de los aspectos ambientales, que si bien pueden atrasar y posponer las inversiones, no afectan las condiciones básicas para el desarrollo de los proyectos.

“Cuando usted es un inversionista y ve esta escena dantesca, a ese nivel de violencia, recibe un mensaje terrible”, señala el directivo.  A esta situación se suma el ataque del fin de semana a las instalaciones de Alange Energy en Norte de Santander, donde fueron incendiados 400 barriles de crudo.

Entre tanto, el sector minero no oculta su nerviosismo por los efectos que en los planes de inversión puede tener la creciente ola de críticas y advertencias, incluidas las de organismos de control, sobre los posibles efectos ambientales de proyectos en fase de exploración, principalmente los de oro.

La semana pasada, en la reunión del ministro de Minas, Carlos Rodado, con representantes de empresas y de gremios, fueron evidentes los mensajes de preocupación ante la posible pérdida de la llamada ‘licencia social’ o visto bueno de las comunidades. 

Algunos pidieron que desde el alto Gobierno exista una posición pública al respecto. Incluso, la directora ejecutiva del Sector de la Minería a Gran Escala, Claudia Jiménez, señaló como conveniente que se expida un documento Conpes para el sector. Un estudio de la firma Ernst & Young, sobre fusiones, adquisiciones y captación de capitales en la minería, señala que el Gobierno está bajo una presión considerable para asegurar el auge de la minería, respetando normas sobre protección al medio ambiente y a los derechos humanos. Rodado Noriega reconoce que se puede perder esta venia de la comunidad porque se les está haciendo eco a los ‘fundamentalistas ecológicos’ o extremos.

LITIGIOS, OTRO GRAN RIESGO 

Un mapa de riesgos de la firma DeLima Marsh, mostró que el evento que más caro les puede salir a las mineras son los pleitos por responsabilidad civil (pagos a terceros), cuyos costos y nivel de severidad fueron catalogados como altos. 

José Pablo Gari, líder de Minería de esta empresa, señala que los empleados, las comunidades o las autoridades ambientales pueden interponer demandas de gran cuantía ante sucesos como desastres naturales, derrumbes, explosiones o afectación del medio ambiente.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
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