27 de julio de 2013
El municipio de Piedras, Tolima, será hoy el escenario de un inusual proceso de participación ciudadana: sus habitantes decidirán si quieren o no que en su territorio se adelanten proyectos de minería a gran escala. Se trata de una consulta popular que, por primera vez desde que se estableció este mecanismo de participación en la Constitución de 1991, abordará el tema de la explotación de recursos no renovables. En Colombia se han realizado 16 consultas populares, pero en ninguna se ha preguntado sobre la actividad minero-energética.
Los piedrunos responderán sí o no a la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, con que se realicen en nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales, provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades, y que se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio para dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio?”.
El ejercicio democrático se realizará luego de que el Tribunal Administrativo del Tolima avalara, en un fallo de finales de junio, la convocatoria al proceso de consulta popular. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil un total de 5.105 ciudadanos están habilitados para participar, de los cuales 2.852 podrán hacerlo en la cabecera municipal de Piedras, 1.569 en el corregimiento de Doima, 80 en Guataquicito y 604 en el corregimiento de San Miguel. Cada una de las ocho mesas establecidas por la Registraduría espera recibir un total de 800 ciudadanos.
Pero más allá de la consulta en sí, el trasfondo del asunto esta relacionado con el proyecto de explotación aurífera de La Colosa, en Cajamarca (Tolima), cuya concesión fue entregada a la multinacional surafricana AngloGold Ashanti y que se estipula puede llegar a ser la mina de oro más grande de Latinoamérica, con cerca de 24 millones de onzas del preciado metal. El proyecto minero ha tenido fuertes detractores que advierten que al tratarse de minería a cielo abierto y que se llevará a cabo en una montaña con una altura entre 2.800 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, podría haber una fuerte afectación de las fuentes hídricas que nacen en este páramo.
En respuesta a esta preocupación, tal y como lo explicó Sandra Ocampo, gerente de comunicaciones de la AngloGold Ashanti, la compañía “decide reducir la huella ambiental en la montaña y está analizando la posibilidad de poner la infraestructura en otra zona. Doima es una de las 55 regiones que hemos pensado que pueden servir para ubicar un depósito de relave, que es donde se procesa el lodo que queda del proceso del oro”. Desde que se inició el proceso de evaluación de esta posibilidad, se ha presentado una fuerte tensión entre la empresa minera y la comunidad.
Hace un tiempo la AngloGold empezó a realizar los estudios de ingeniería para ver la viabilidad del proyecto en Piedras y desde el principio encontró un ambiente desfavorable. Tan así fue, que el 11 de marzo de este año Cortolima, mediante la resolución 0433, impuso medidas preventivas de suspensión a las actividades no mineras, argumentando que no tenían los permisos correspondientes.
Ocampo sostiene que “los estudios de ingeniería, que incluyen suelos (geotécnicos) y de aguas subterráneas (hidrogeológicos), no requieren permisos. Comprenden actividades de perforación para obtener muestras de suelo y roca, así como el análisis del recurso hídrico, no con fines de aprovechamiento posterior, sino para determinar la estabilidad del suelo y el subsuelo y definir la viabilidad técnica y ambiental de la zona para establecer una planta de procesamiento y un depósito de material. La empresa surtió los trámites requeridos para desarrollar sus actividades. Desde junio de 2012 comenzó una relación con las autoridades de Piedras para informarles sobre el tema, y solicitó y obtuvo las autorizaciones de los dueños de los predios”.
Para la AngloGold, el rechazo ha provenido de desinformación sobre las actividades de la impresa. Para los impulsores del no a las actividades mineras, este proyecto es peligroso ambiental y socialmente. Así lo expresa el sociólogo Héctor Torres, quien afirma que “los habitantes de esa región no van a comer oro. Necesitan agua. Van a quedar sedientos y luego hambrientos cuando ya no puedan cultivar arroz y los productos de pancoger a causa de la gran minería”.
Félix Bonilla, agricultor arrocero de Doima y promotor de la campaña del no, explica que “la Anglogold ha decidido hacer el proceso complementario a la explotación de oro en el municipio de Piedras, ubicado a 50 kilómetros de Ibagué. Van a lavar la tierra con procesos químicos, entre esos la utilización de cianuro. Una sustancia altamente peligrosa, más en una región con tantas fuentes hídricas y dedicada a la agricultura. Hace un año nos dimos cuenta de que esa empresa estaba llegando a la vereda e hicimos un paro. Ahora queremos que los pobladores decidamos sobre nuestro futuro”.
El alcalde de Piedras, Arquímedes Ávila Rondón, también instó a los habitantes de esta región para que salgan a las urnas y expresen su voluntad. “A mitad del año pasado empezó la gente a manifestar la inquietud por un posible daño ambiental por cuenta de las obras que se proyectaban. La comunidad empezó a reunirse y buscar la mejor manera de manifestar su miedo. No estoy en contra de la Anglo Gold, pero estoy a favor de preservar nuestro medio ambiente. Yo he atendido a la empresa con mucho respeto. Ellos han socializado el proyecto de utilizar una parte de la región para poder adelantar la separación del oro en un sitio llamado La Perdiz, pero eso está suspendido”, explicó Ávila.
Pero incluso la misma pregunta de la consulta ha sido motivo de enfrentamiento. Para la vocera de la empresa minera, “la pregunta es tendenciosa y no está apegada a la verdad, porque nosotros no practicamos ese tipo de minería y estamos comprometidos con el medio y la actividad agrícola de la zona”. Los defensores de la iniciativa sostienen, por su lado, que la pregunta recoge las advertencias ambientales y científicas para que la gente entienda la trascendencia de la decisión que va a tomar.
Al final, los piedrunos saldrán a las urnas y expresarán su voluntad. La ley establece que para que la consulta prospere debe alcanzar el 50% de la votación más un voto y deberá participar no menos de la tercera parte del censo electoral del municipio, que en este caso es de 1.702 sufragantes. Luego vendrá otro debate, que desde ya se anuncia será fuerte, y es si una consulta popular alcanza para evitar que el Gobierno Nacional defina áreas para la explotación de recursos no renovables.
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