Andrés Bermúdez Liévano
10 de mayo de 2013
La Silla Vacía continúa armando el gran rompecabezas del poder en Colombia. Con este ejercicio, uno de nuestros proyectos bandera para este año, buscamos identificar a las personas de mayor influencia en diferentes áreas, desde la cultura hasta la opinión pública, para luego hacer los cruces entre ellos y armar el mapa del poder en el país. En esta tercera entrega, buscamos a los súper poderosos en el sector de la minería.
Entrevistamos a doce personas, entre senadores, ministros, altos funcionarios públicos, altos ejecutivos del sector minero, abogados mineros y periodistas especializados para que hicieran una clasificación de súper poderosos según su capacidad de incidir en las políticas que rigen a la locomotora minera de Santos o de mover los hilos de poder para que pasen o dejen de pasar cosas en el sector.
Curiosamente, en la lista no aparecen muchos de los directivos de las grandes mineras que jalonan al sector ni tampoco sus sindicatos, que en los últimos meses han paralizado a grandes jugadores como el Cerrejón o Prodeco. Hay un grupo, por ejemplo, el Grupo de Bullet, que es dueño de muchos títulos auríferos, vio el boom del sector en Colombia antes que los demás y cuyas decisiones tienen una influencia importante. O Anglo American, que tiene una presencia definitiva tanto en la explotación de carbón -con su participación en el Cerrejón- y oro, a través de Anglo Gold Ashanti.
En cambio, se repitieron los nombres de personas que tienen línea directa con el presidente o la capacidad de tomar decisiones claves para el sector. Este es el ranking:
Juan Manuel Santos
El presidente Santos parecería tener una relación ambivalente con la minería, que bautizó al comienzo de su gobierno como una de sus cinco locomotoras del desarrollo pero que parece haber abandonado a su suerte en el último año. Pese a que la minería aportó en 2011 el 2,4 por ciento del PIB, el 23 por ciento de las exportaciones colombianas y 2,04 billones de pesos en regalías, el presidente no se la ha jugado a fondo por la minería y su defensa del sector se ha vuelto cada vez más tímida, especialmente a medida que la mala imagen del mismo ha venido calando en la opinión pública.
Sin embargo, su poder sobre el sector sigue siendo enorme y su respaldo político es ineludible para que cualquier iniciativa prospere, como lo muestra la reforma a la repartición de las regalías que alteró drásticamente el reparto y la gestión de recursos en todo el país.
Federico Renjifo y Catalina Crane
La pareja de esposos Renjifo-Crane tiene mucho poder en el sector minero.
El Ministro de Minas y Energía es muy influyente en razón de su cargo y también de sus condiciones personales. Por su cercanía con Santos -Federico Renjifo es una de las personas de mayor confianza del Presidente- tiene acceso directo al mandatario, lo que le da capacidad de influir sobre las percepciones que tiene el Presidente del sector. Y él es la persona que en últimas firma todas las decisiones de política de mediano y largo plazo del sector. Por ejemplo, los decretos que se firmaron ayer. Como viene del Ministerio del Interior conoció de cerca el tema de las consultas previas que son fundamentales para sacar adelante la minería y que en parte tienen frenado al sector y también es quien tiene la interlocución directa con el Congreso.
Aunque en el corto plazo, María Constanza García parece más poderosa porque conoce más a fondo el sector y es quien está ejecutando, en últimas su puesto depende de Renjifo, que es su jefe.
Catalina Crane, por su parte, ha sido para las empresas mineras “la puerta para llegar a Santos” desde su posición como enlace entre el Gobierno y el sector privado. La mayoría ven en Crane, una de las funcionarias más cercanas al presidente, a la persona idónea para plantearle al Gobierno los temas que preocupan al sector y que al menos lleguen a oídos del presidente, incluso desde antes que su pareja llegara al ministerio.
María Constanza García
La directora de la Agencia Nacional Minera es, según muchos de los consultados, la figura más poderosa de la institucionalidad minera. Esto porque la agencia que dirige María Constanza García tiene a cargo muchas de las decisiones que más influyen en el sector, como depurar los títulos y negociar las concesiones mineras, pero sobre todo porque todos coinciden en que ella se ha tomado a pecho la responsabilidad de tomarlas.
Desde que asumió la dirección de la Agencia tras la renuncia de Beatriz Uribe Botero, García ha tenido que lidiar con temas espinosos como lanegociación del nuevo contrato de Cerro Matoso -mucho más beneficioso para el Estado que el anterior- y la fiscalización de títulos mineros, que ha dejado hasta ahora un balance del 78 por ciento con irregularidades. “Mientras en el ministerio le tienen susto a muchas decisiones, ella ha asumido su cargo con la convicción de que hay que tomarlas”, dijo una fuente consultada.
Sandra Morelli
Aunque la Contralora no tiene en principio una influencia muy visible en los sectores económicos, desde que comenzó su período Sandra Morelliha convertido a la minería en uno de sus caballitos de batalla. El suyo fue el único nombre sobre el que había consenso en todas las doce fuentes consultadas por La Silla. Tanto las personas que vienen del sector privado, como funcionarios del Gobierno como algunos pequeños mineros entrevistadso consideran que la influencia que está teniendo en el sector es pernicioso porque -dicen- tiene más afán mediático que rigor. Sin embargo, para algunos activistas ella es la única que le está poniendo la lupa a un sector polémico.
Esta semana hubo dos muestras claras del poder creciente que tiene el ente de control liderado por Morelli en el debate minero. El lunes se lanzó el informe “Minería en Colombia” de la Contraloría, que cuestiona el impacto que tiene la actividad extractiva en áreas tan diversas como los derechos humanos, el impacto ambiental o la restitución de tierras. Y ayer precisamente pidió la revocatoria del nuevo contrato que el Gobierno firmó con Cerro Matoso en diciembre pasado, por considerar que resulta lesivo para el Estado. Ambas señales de que el pulso continuará.
Luz Helena Sarmiento y las CAR
Las licencias ambientales, necesarias para cualquier proyecto de explotación, son consideradas como uno de los grandes temas para el sector. Y aunque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) -que se creó en 2011- todavía es vista como una institución relativamente débil, todas las fuentes consultadas reconocen la agilidad de su directora para ir poniendo al día al gobierno en licencias.
El poder de Sarmiento reside en que el visto bueno y de carácter técnico de la Anla es decisivo para sacar cualquier gran proyecto minero adelante y en que se encarga no sólo de expedir las licencias, sino de fiscalizar que se están respetando sus condiciones. Eso significa que buena parte de las funciones de vigilancia que antes correspondían al Ministerio de Ambiente, en cabeza de Juan Gabriel Uribe, ahora estén en manos de la Anla. Y las CAR son fundamentales porque buena parte de las licencias ambientales para proyectos mineros -excepto los megaproyectos- pasan por sus manos.
La Bolsa de Toronto
La Bolsa de Toronto tiene una influencia gigantesca en la minería del continente, y Colombia no es la excepción. Esta bolsa atrae capital de inversión en minería, vende las rentabilidades y transa en Colombia. Muchas de las inversiones en minería en Colombia empiezan como un 'cascarón' y cotizan en la bolsa de Toronto porque es mucho menos exigente que, por ejemplo la de Nueva York, para aceptar la participación en este escenario. Si en la Bolsa de Toronto la minería en Colombia dejara de ser atractiva esto tendría gran impacto en las movidas mineras en el país.
Carlos Gustavo Arrieta
El ex Procurador es el abogado preferido de las compañías mineras, que lo consideran no sólo como su representante en temas legales sino también como su interlocutor más efectivo con el Gobierno. Esto se debe en gran medida a que Carlos Gustavo Arrieta tiene excelentes relaciones con todos los círculos del poder, habiendo sido ternado para Fiscal porCésar Gaviria y asesor en temas de seguridad de Álvaro Uribe. El propio Santos lo ternó para ser Fiscal en 2010 -cuando fue elegida Viviane Morales- y lo designó como el agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en la demanda interpuesta por Ecuador por fumigaciones en la frontera.
Entre los clientes de su firma, Arrieta Mantilla y Asociados, figuranempresas líderes del sector como Cerro Matoso, Carbones del Cerrejón, Drummond, Glencore o Prodeco. “Tiene acceso a todo el Gobierno, una capacidad jurídica probada y una capacidad de lobby impresionante. Puede poner cualquier tema en todas las esferas”, le dijo a La Silla una de las fuentes consultadas. “Los gremios mineros no tienen mucho peso en la realidad. Cuando las grandes empresas tienen alguna inquietud, la expresan a través de Arrieta”, dijo otra persona consultada. Curiosamente, su papá Carlos Gustavo Arrieta fue ministro de Minas de Carlos Lleras Restrepo.
Jorge Enrique Robledo
El senador tolimense es una de las voces más críticas contra la minería en Colombia y tal vez el peso más pesado de la Comisión Quinta del Senado, a cargo de temas mineros y energéticos. Pero su poder no radica en que sea el decano de la minería en el Congreso -como lo fue Hugo Serrano con los hidrocarburos- ni tampoco en la efectividad de sus debates de control político, como el de Agro Ingreso Seguro.
Más bien, el poder de Jorge Robledo radica en lo que una fuente describió como su “capacidad innata para saber en cuáles coyunturas figurar y en qué momentos es más estratégico pasar a un segundo plano”. Es así como ha podido construir alianzas con sectores políticos muy diversos, incluyendo la Unidad Nacional, para enfocar el debate minero como uno de interés prioritario y no sólo de oposición tajante. Por ejemplo, fue el cerebro del Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso en el que figuraron más públicamente otros congresistas como Nora García Burgos o Maritza Martínez. Y ha aprovechado el cambio estructural en las regalías que impulsó Santos para acercar posiciones con políticos de Tolima, Santander o Córdoba, todos afectados por la desconcentración de las regalías. Y a medida que la imagen de la locomotora empeora ante la opinión pública, crece la influencia de Robledo. Uno de sus asesores, Mario Alejandro Valencia, es también asesor de Conalminercol, la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, que agrupa a los mineros artesanales, y eso le ha dado también mucha influencia a Robledo en este grupo.
Alberto Calderón Zuleta
No es un personaje muy conocido por la opinión pública, pero su puesto como asesor y ex chief commercial officer de la multinacional angloaustraliana BHP Billiton lo convierte en uno de los altos ejecutivos colombianos más importantes del mundo, no sólo en el sector minero.
Además de ser un ejecutivo influyente, Calderón es muy cercano a Santos y tiene línea directa con él. Además, está bien conectado con las altas esferas de decisión en el país. Fue viceministro de Desarrollo durante el gobierno de César Gaviria y presidente de Ecopetrol durante el de Andrés Pastrana. Formó parte de la misma camada de economistas a la que pertenecen el ministro de Hacienda -y ex ministro de Minas- Mauricio Cárdenas, el director de la Dian Juan Ricardo Ortega o el senador Juan Mario Laserna. Y la compañía en la que trabaja es la propietaria de Cerro Matoso y de la tercera parte de Carbones del Cerrejón, los dos jugadores más importantes de la industria minera en el país. Estas dos empresas aportan casi el 50 por ciento de las regalías mineras.
Las Farc y Los Urabeños
Aunque la influencia de los actores armados en el sector minero formal es mínima, se han consolidado como dos de los principales jugadores de la industria extractiva y en los últimos años han ido convirtiendo a la minería en una de sus principales fuentes de ingresos. Hoy en día se encuentran bajo su control muchas de las principales zonas mineras del país, sobre todo de oro y también de coltán. Incluso algunas donde grandes compañías nacionales -mineras y no mineras- tienen títulos.
Las Farc podrían estar obteniendo el 20 por ciento de sus ingresos de la minería, mientras que el narcotráfico les representa el 35 por ciento, según cálculos de Arco Iris. Como contó La Silla, lo que hace la guerrilla es asociarse con los narcotraficantes que compran la producción a los mineros locales y además extorsionar a los pequeños mineros. Entre tanto, los Urabeños con frecuencia se encargan directamente de la explotación, de las dragas y de las ventas del mineral. Es difícil calcular su influencia, aunque se estima que las bandas criminales están presentes en la mitad de los municipios productores de oro.
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