6 de mayo de 2013
Entre el 2005 y el 2010, las grandes empresas del sector minero pagaron cerca de 880 mil millones de pesos por el impuesto de renta. En el mismo lapso, gracias a deducciones, descuentos y exenciones lograron ahorrarse 1,78 billones de pesos.
Ese es uno de los datos más reveladores del estudio ‘Minería en Colombia’, elaborado por la Contraloría General bajo la coordinación del economista Luis Jorge Garay y que hace duros cuestionamientos al esquema bajo el que viene operando la llamada ‘locomotora minera’ en el país.
La investigación señala que por cada 100 pesos efectivamente pagados (por renta), las empresas mineras tuvieron “descuentos que terminaron representando pérdidas para el Estado de más de 200 pesos” y plantea que a pesar de que sobre el papel la carga impositiva sobre el sector es de las más altas de la región, la realidad muestra cifras bien diferentes.
Así, “entre el 2007 y el 2010, en el caso de personas jurídicas con tasas nominales de impuesto a la renta del 33 por ciento, el sector hidrocarburos tuvo tasas efectivas del 14 por ciento y el de minería, del 10 por ciento”.
El panorama tributario es aún peor porque, según las cifras de la Dian, “para el sector financiero fueron de apenas el 2,5 por ciento y para el resto de la economía de menos del 5 por ciento”.
La Contraloría señala que “en las últimas dos décadas, por cada dólar aportado al PIB por la minería y los hidrocarburos, el Estado percibe ingresos fiscales de menos de 16 centavos”.
El informe advierte de inconsistencias en los datos reportados ante diferentes autoridades. Así, según la Dian, entre 2003 y 2011 el país aparece exportando 53 toneladas de oro más de las que fueron reportadas a la autoridad minera y que, por lo tanto, pagaron regalías.
Aun con la posibilidad de que esas exportaciones correspondan a chatarra de oro (es decir, oro ya utilizado que se funde de nuevo para exportación), la cifra es demasiado elevada con respecto a periodos anteriores.
También hay alerta por los efectos fiscales de una circular de la Dian durante el pasado gobierno (2005), que les permitió a grandes empresas del sector minero descontar de sus impuestos lo que giran de regalías. Por esa ventana, que según la Contraloría va en contravía de la Constitución y que está demandada ante el Consejo de Estado, la Nación dejó de recibir 2,2 billones entre 2005 y 2010, tan solo en sectores como carbón, oro y níquel.
El daño ambiental
Los efectos ambientales y sociales de la minería también fueron analizados por el equipo de Garay. El estudio encontró que de un área de 1,8 millones de hectáreas que corresponderían a las despojadas por ‘paras’ y guerrillas, al menos un 10% han sido objeto de otorgamiento de títulos mineros o tiene solicitudes en trámite.
A corte de cuentas de diciembre del año pasado, había vigentes en el país 9.400 títulos mineros que afectan unas 5,6 millones de hectáreas. De ellos, 3.760 están en explotación, con un área de 2,1 millones de hectáreas. Pero en trámite hay otras 19.000 licencias que suman una extensión cercana a 22,3 millones de hectáreas.
Por cada tonelada de carbón, dicen los estudios, se generan 10 toneladas de material de desperdicio; en el caso del oro, el tema es aún más grave porque en un periodo de 30 años se producirían 4.300 millones de toneladas de escombros rocosos y material de desperdicio en el que hay presencia de tóxicos como mercurio y arsénico.
“Confrontar estos datos con los 2 millones de toneladas de basura al año que produce Bogotá pone en contexto la inmensa cantidad de residuos que se relacionan con el modelo extractivista basada en la exportación de materias primas como el oro”, advierte el informe.
No invierten en tecnología ‘verde’
Los estragos de la contaminación por carbón en municipios de alta explotación artesanal, como algunos de Cundinamarca y Boyacá y la de oro en Segovia (Antioquia), donde los niveles de mercurio en el agua y el aire son de los más altos del mundo, también están reseñados en la investigación, que advierte que a pesar de las enormes ganancias del negocio en los últimos años la mayoría de las pequeñas empresas sigue sin invertir en tecnologías de bajo costo para disminuir la afectación ambiental.
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