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Asociación Cultural y Ambientalista del Sur - ACAS
El Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas “Ríos Vivos” desarrolla desde hace años, un admirable ejercicio de organización ciudadana en Colombia en pro de los bienes naturales y estratégicos del país, acompañando a los afectados por la política minero energética que quiere imponer el gobierno. Los organismos, comunidades y ciudadanos que participan de este ejercicio organizativo, han empleado estrategias que van desde realizar la ruta establecida por la ley para convertirse en veedores de las acciones del Estado frente a sus derechos, así como participantes activos de la construcción del territorio, fortaleciendo la democracia a través de la educación y formación a las comunidades afectadas en sus derechos. Se ha escrito mucho, no sólo por las distintas acciones jurídicas emprendidas a lo largo y ancho del país frente a los numerosos atropellos e inconsistencias en las licencias otorgadas por los proyectos llamados por la institución de “desarrollo nacional” y de “interés público”, sino porque la contradicción entre el Movimiento y el Gobierno, implica un conflicto que ha generado muertos. http://defensaterritorios.
¿Es la naturaleza un ser vivo o sólo es un recurso natural? Este es el conflicto que de fondo se discute cuando se aborda el tema del desarrollo propuesto por el gobierno nacional desde su política minero-energética. Esta es la discusión que incomoda y no encuentra contra-argumentación, si no es, tras la “leguleyada” y el amparo de un congreso cooptado en su mayoría por los “grandes negocios”. Para ellos la naturaleza es sólo un recurso en sus bolsillos. Un recurso además inerme y no un sujeto de derechos, como lo es el recurso humano.
A pesar de lo que diga el gobierno, los seres humanos hacemos parte de la naturaleza que también son los ríos, el mar, las montañas, los páramos, los nevados, los glaciares donde vivimos y de los que vivimos. Como seres vivos necesitamos el respeto de nuestro derecho a la existencia.
El actual gobierno colombiano no garantiza este derecho aunque esté consignado en la Constitución. Un ser vivo se expresa y cada vez que lo hace debe ser respetado; debe ser respetado desde el conocimiento de sus derechos y tenido en cuenta pues es un sujeto político que busca participar de las decisiones que lo afectan. ¿No es esa la democracia? Pero podemos constatar cómo la participación incidente de las comunidades en el territorio nacional es coartada y cooptada por diversos actores, muchos de ellos corruptos.
¿Cómo el transitar por las instancias que la ley propone para dirimir la exigencia de los derechos son lentas y permiten la impunidad y desaniman la exigibilidad de los derechos?; ¿cómo la labor de los entes de control del Estado frente a las prácticas corruptas es flemática, torpe y normalmente ineficaz? siendo hoy generalizadas en los funcionarios y la empresa privada que negocia los mega proyectos.
A las comunidades no les queda otra vía que la manifestación pública, que además se hace desde la resistencia pacífica y la desobediencia civil como herramientas constitucionales para ejercer su derecho a la protesta. ¿Son estos argumentos vías de hecho?
“… el sábado 16 de marzo, fueron detenidas 77 personas que hacen parte de la protesta pacífica contra la construcción del proyecto Hidroeléctrico Ituango. Las personas detenidas son miembros de las comunidades locales y del Movimiento Ríos Vivos que se encuentran movilizados desde hace una semana en el Valle de Toledo, departamento de Antioquia protestando por los graves impactos que desde ya está ocasionando la construcción de Hidroituango…” Se lee en el comunicado que denuncia el atropello. Ellos no obstruían nada, y con el consentimiento de la alcaldía del Valle de Toledo acamparon en pacífica disposición en predios de las EPM, pero fueron reprimidos y presentados a la opinión pública como delincuentes. Los medios, el gobierno y las autoridades afirman que son las vías de hecho las que los manifestantes aducen para exigir sus peticiones. Y a renglón seguido decir que es un grupo de ecologistas radicales, “ecoterroristas” que no quieren el desarrollo de la región y del país.http://www.nasaacin.org/
Así las cosas, ¿las acciones del Estado no son vías de hecho acaso contra la manifestación legítima?
Detenidos de manera irregular, los tuvieron que dejar ir pues no encontraron fundamento en ninguna de las acusaciones expuestas por el ESMAD y la policía en contra de todos los manifestantes. Como tampoco la demencial sugerencia de la EPM de exigir miles de millones de pesos en daños o detrimento causado por la manifestación pacífica.
¿Es la movilización social un delito?, el derecho que asiste a todo colombiano de opinar de manera pública sobre aquello que lo afecta está siendo criminalizado y como ya se preveía a través de la llamada “ley de seguridad ciudadana”. Esta es la herramienta que emplea el actual gobierno para tildar y judicializar a sus líderes y toda persona que no esté de acuerdo con aquellas decisiones que el alto gobierno toma a expensas de las comunidades colombianas.
“Esta Ley representa, entonces, un esfuerzo sin precedentes para definir de manera técnica y precisa los alcances que debe tener el accionar de la Fuerza Pública y el aparato de justicia a la hora de enfrentar el delito.” Escribió en la presentación de la llamada “Ley de seguridad ciudadana”, Germán Vargas Lleras, el entonces Ministro del Interior y de Justicia http://www.mij.gov.co/
El texto, que fue aprobado en la Cámara de Representantes, en Senado y convertida en ley por Juan Manuel Santos, dice literalmente en el artículo 353A lo siguiente: “El que por medios ilícitos obstaculice, de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal forma que afecte el orden público o la movilidad, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de trece a setenta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Pero como se demuestra en lo acaecido en las resientes manifestaciones de los cafeteros, así como en las realizadas contra Hidroituango, el Quimbo, Hidrosogamoso, la Colosa, Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena y tantas otras del país, es que la fuerza pública emplea las “vías de hecho” para de esta manera propiciar choques con los manifestantes e impedir la movilización social y pasar a judicializar los líderes de la protesta. Reprimir esa manifestación que realmente se constituye en la opinión de las comunidades sobre el manejo de lo público es el delito.
Lo que está experimentando el “Movimiento Ríos Vivos” es una clara expresión de la incoherencia entre el discurso que el gobierno Santos le quiere vender al gran público, a esa opinión de las ciudades, y sus acciones. La situación que vive Antioquia a causa del malhadado proyecto de Hidroituango sobre el río Cauca, es un ejemplo de dicha política gubernamental frente a las exigencias de las comunidades. Y esto es así a lo largo del país.
¿Por qué las licencias ambientales entregadas a estos proyectos no necesitaron el Estudio Ambiental Alternativo, ni el estudio de impactos, estudios de alguien distinto a la empresa que recibe el beneficio de la licencia? ¿Por qué los censos en estos proyectos presentas manifiestas irregularidades admitidas por la Contraloría General de la Nación? ¿Por qué los funcionarios responsables de los derechos de las comunidades no quieren hablar con ellas buscando invisibilizarlas, marginarlas y desprestigiarlas en su derecho a protestar de manera argumentada?
El Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas “Ríos Vivos”, sigue con tesón y admirable convencimiento ciudadano en resistencia ahora con la “Jornadas Itinerantes de Reflexión sobre la Cuenca del Río Magdalena”, aunando esfuerzos con la Universidad Nacional, Otros Mundos, Censat Agua Viva, International River y Asoquimbo del Huila. No podrá alegar el gobierno nacional que las comunidades organizadas, con argumentos claros y preguntas claras, no han hecho todo por hacer valer sus derechos. Todas estas maneras (que los ministros llaman “vías de hecho”), buscan preservar el patrimonio nacional. ¿Qué no le ha quedado claro al gobierno nacional?
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