Comunicaciones CAOI
La vulneración del derecho a la consulta en la Región Andina está vinculada a la implementación del neoliberalismo extractivista, en particular a la expansión de la minería sobre territorios de los pueblos indígenas, y trae consigo la criminalización y la militarización de territorios. Este es, en síntesis, el panorama regional de este derecho en los cuatro países de la región.
La CAOI desarrolla en Quito, Ecuador, el Conversatorio e Intercambio de Experiencias Indígenas sobre el Derecho a la consulta previa. El primer ponente fue Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, quien dio un panorama regional del derecho a la consulta.
Dijo que el Abya Yala sur (Sudamérica) es un espacio donde se hace un debate político, hay una disputa política con los Estados y las corporaciones multinacionales, la cual debe traducirse en políticas públicas. Esta disputa es por transformar los Estados uninacionales, verticales, machistas, que siguen la Doctrina del Descubrimiento, en Estados Plurinacionales que reconozcan la diversidad de pueblos y culturas que conviven en nuestros países.
Respecto del derecho a la consulta, el Coordinador General de la CAOI reconoció que hay avances constitucionales en algunos países, por ejemplo en Bolivia, pero el modelo extractivista impide su implementación y causa graves impactos en los derechos. Es un modelo que se aplica en nuestros países a partir de la imposición del neoliberalismo que siguió fielmente las recetas del Consenso de Washington desde la década de los noventa del siglo pasado.
Nuestros territorios tienen recursos estratégicos, como el oro y otros minerales, petróleo, biodiversidad. La disputa por estos recursos causa múltiples conflictos que derivan en la criminalización, la militarización e incluso el sicariato (bandas paramilitares).
Entre las normas internacionales que protegen el derecho a la consulta, Palacín Quispe mencionó el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y del Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Resoluciones (CEACR) de la OIT.
“Pero también tenemos una práctica ancestral de consulta y un derecho propio que debe ser reconocido por los Estados”, subrayó.
Finalmente, convocó a los pueblos indígenas y sus organizaciones a fortalecer el proceso de articulación de sus demandas y propuestas, con énfasis en el ejercicio pleno de nuestros derechos, contra la criminalización y la militarización, y por el cambio del modelo económico.
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