El sector minero transnacional se encuentra actualmente frente a una paradoja. Por una parte, se están agotando los yacimientos de alta concentración, es decir las vetas ricas que se han venido explotando a lo largo del siglo XX. Por otra parte, la demanda mundial de todo tipo de minerales incrementa de manera exponencial a raíz, particularmente, del crecimiento de la China y la India, el boom tecnológico, el uso del oro como valor-refugio y objeto de especulación, el incremento de los gastos militares, así como de la búsqueda de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles.
A lo largo de las dos últimas décadas, y favorecido por marcos legales elaborados bajo gobiernos neoliberales, el sector minero transnacional ha extendido considerablemente su frontera extractiva para responder adecuadamente a esta nueva sed de minerales.
En el Ecuador, el gobierno actual ha permitido conservar a muchas empresas transnacionales grandes extensiones de terreno que habían obtenido durante las administraciones anteriores, a pesar de haber impuesto nuevas restricciones, rompiendo parcialmente con esta flexibilidad. Hoy en día, cerca del 4,5% del territorio nacional se encuentra concesionada y existe en el país un conjunto de veinte proyectos mineros a gran escala en manos de empresas mineras transnacionales, principalmente de origen chino y canadiense.
Las técnicas de extracción que prevén emplear estos actores corresponden a la tendencia actual: recurrir a una mega minería sumamente voraz en energía o agua y generadora de pasivos económicos, ambientales, sociales y culturales, cuya escala corresponde a la magnitud del mismo modelo extractivo y es poco comparable a la extracción minera tradicionalmente realizada en el país. A lo largo de las últimas dos décadas, en Ecuador como en numerosos países de América Latina, África y Asia, la implementación de este modelo minero a gran escala y el riesgo de impactos irreversibles que conlleva generó una intensa conflictividad social (citando como ejemplos emblemáticos los casos de los proyectos Junín en la cordillera del Toisán, Quimsacocha en Azuay y Mirador en Zamora en la cordillera del Cóndor). La pertinencia de este modelo extractivista ha sido profundamente cuestionada tanto por diversos grupos de la sociedad civil (ONGs) como por movimientos sociales, particularmente el movimiento indígena.
Con la firma del contrato del proyecto cuprífero Mirador el 5 de marzo pasado, se abrió oficialmente una nueva etapa de esta era extractivista, en la cual la minería está destinada a reemplazar al petróleo como fuente principal de ingresos y para garantizar el financiamiento necesario para un gasto público creciente.
Pertinencia económica de la megaminería en el Ecuador
En el ámbito económico convencional, existen varias formas de examinar la pertinencia de llevar a cabo un proyecto tan impactante como el de la gran minería. La economía neo-clásica y su análisis costo-beneficio proveen un marco muy conocido, el cual implica solamente los costos directamente medibles en términos monetarios. Sin embargo, existen también enfoques de análisis heterodoxos, implicando otras formas de valoración con herramientas útiles para cumplir con este objetivo. Es preciso recordar que cualquier forma de valoración está atada a una cierta visión del mundo, la cual es, en general, distinta de las cosmovisiones de los pueblos campesinos e indígenas que son directamente afectados.
En el caso de la mega minería, es muy probable que un análisis costo-beneficio completo (es decir un análisis que se quedaría en el marco de la economía ambiental) lleve al menos a un empate, esto a pesar de las altísimas ganancias financieras que permite este tipo de actividad económica. En efecto, existen algunas especificidades del contexto económico y ambiental ecuatoriano que implican que el costo de implementar la mega minería en el país descompensaría los beneficios esperados, los cuales se reducen a las ganancias de las empresas en el ámbito financiero y los impactos en el empleo y el ingreso del Estado. Aún si se estudia la pertinencia de la mega minería en este marco sumamente reduccionista, es imprescindible tomar en cuenta estos aspectos para corregir el análisis costo-beneficio, típicamente presentado por el Gobierno y las empresas mineras.
En primer lugar, cabe recordar que los mercados internacionales fijan los precios de los metales y estos son altamente volátiles. Esta característica somete a los ingresos del Estado a un alto riesgo de fluctuación en el futuro. Segundo, un costo importante viene del hecho de que las empresas transnacionales, a cargo de la explotación minera en Ecuador, son campeonas en evadir el fisco. Una gran mayoría de las mineras transnacionales activas en el país tiene conexiones con paraísos fiscales como Bermuda, Las Islas Vírgenes Británicas, Aruba, Belice, Barbados, Guernesey, Panamá o las Islas Caimán. Tercero, para llevar a cabo un análisis costo-beneficio aceptable, se debe evaluar adecuadamente los costos de rehabilitación y monitoreo. Estos representan seguramente una de las fuentes más importantes de descompensación. En Estados Unidos, se ha establecido que los costos de rehabilitación pueden exceder mil millones de dólares para una sola mina. Una cuarta fuente de pérdidas viene del hecho de que el mayor valor agregado de la extracción del mineral se generará en el extranjero, puesto que el Ecuador no cuenta con la capacidad industrial para procesar y refinar los metales que se producirán. Quinto, la gran minería requiere infraestructuras viales y energéticas, cuya construcción y mantenimiento están en su gran mayoría a cargo del Estado, lo que representa costos escondidos.
Adicionalmente, los empleos requieren un alto nivel de especialización y son peligrosos. Como ha sucedido en muchas partes del mundo, es muy probable que las empresas mineras contraten masivamente a extranjeros en la etapa de explotación de la mina, pues el personal especializado requerido (casi) no existe en Ecuador. Séptimo, se puede añadir a este panorama los costos de oportunidad.
La actividad minera a gran escala, por su gran extensión y las destrucciones irreversibles que la caracterizan, imposibilita de manera definitiva la implementación de otras actividades productivas como: turismo, actividades agropecuarias e incluso industriales.
Finalmente, las concesiones permiten a sus dueños especular sobre el valor de los yacimientos. En la actualidad, solo el 1% (12.750 ha) de la superficie total concesionada del país está dedicado a la explotación minera. Con la Bolsa de Valores de Toronto en Canadá, las empresas mineras disponen de una base privilegiada y permisiva para llevar a cabo sus transacciones y generar ganancias millonarias mediante la especulación.
Primero, el país es mega biodiverso y la mega minería amenaza la integridad e incluso la existencia de ecosistemas únicos. Segundo, el país es muy pluvioso y los yacimientos conocidos son sulfurosos, lo que hace muy difícil controlar la contaminación, en particular el notorio destructivo y a menudo irreversible fenómeno de drenaje ácido de mina.
La historia de la minería a gran escala de las últimas décadas cuenta con un sinnúmero de accidentes a raíz de rupturas de embalses, conteniendo desechos mineros tóxicos. El país es altamente sísmico, si ocurriera este tipo de accidente o bien la destrucción de embalses a raíz de episodios de crecidas excepcionales, el Ecuador enfrentaría una catástrofe ecológica de una amplitud sin precedente.
Cabe señalar, además, que el país no cuenta con registros de datos hidrometeorológicos satisfactorios para poder diseñar de manera adecuada las instalaciones mineras.
Yasunizar la Cordillera del Cóndor
Concluimos destacando el hecho de que es muy probable que un análisis costo-beneficio de la mega minería (aún quedándose sólo con el enfoque neoclásico de la economía ambiental) llevara a descartar la implementación de este modelo económico en el país. Eso sin implicar eventuales repercusiones políticas y los riesgos que implica para la democracia la continuación de un modelo económico primario-exportador.
En otros contextos, ya se ha comprobado las pérdidas que pueden implicar las actividades extractivas cuando se toma en cuenta de manera adecuada las externalidades negativas, particularmente los costos ambientales. Nuevas formas de desarrollar herramientas de apoyo a la decisión, como análisis multicriteriales, están ganando legitimidad en la actualidad. Este tipo de estudios implica otras dimensiones de la vida social que suelen ser afectadas, pero que no se pueden valorar directamente a partir de los mercados. Sería preciso llevar a cabo este tipo de análisis en el caso de la mega minería en el Ecuador para poder analizar de mejor manera la pertinencia de implementar este modelo. En este sentido, la postura del gobierno es paradójica. Por un lado, impulsa la conservación de la riqueza natural y cultural única del parque nacional Yasuní mediante el proyecto ITT, mientras que, por otro, promueve sin descansar la explotación intensa y extensa de los minerales de las Cordilleras del Cóndor y del Toisán, regiones que han sido clasificadas como unas de las más biodiversas del planeta.
Si el gobierno fuera coherente en su política, “yasunizaría” tanto las cordilleras del Cóndor y del Toisán así como el páramo de Quimsacocha, por el papel clave que juegan estas regiones en términos de regulación de la diversidad genética, de la calidad de las aguas y de toda la región y también por sus riquezas en términos científicos y culturales. Eso implicaría generalizar el esquema que se está implementando con el parque Yasuní, y sin lugar a duda, una gran dosis de voluntad política.
**William Sacher: PHD en Ciencias Atmosféricas y Oceanográficas de la Universidad de McGill, Canadá y doctorando de Economía en la FLACSO-Ecuador
**Artículo publicado en Carta Económica, CORDES, mayo 2012
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