I Jornada de Movilización Nacional: 1º de agosto de 2012

El pueblo colombiano desconoce las graves implicaciones que tiene para la vida del país el futuro minero-energético que el gobierno nacional y las Empresas Transnacionales han trazado en el Plan Nacional de Desarrollo. El discurso oficial y la campaña publicitaria engañan la opinión pública en relación con las ventajas económicas y laborales que esa inversión extranjera traerá para todos, y con que se garantizará la conservación de los ecosistemas naturales.

Eso lo han dicho en estos 80 años de explotación petrolera, y en los 30 años de explotación carbonífera que llevamos, ambas entregadas a los capitales internacionales. Hoy la calidad de vida de nuestro país está muy por debajo de la de cualquier país del norte que no tiene ni una botella de petróleo, o ni una libra de carbón. Más de la mitad de la población vive en la pobreza, inclusive en las zonas donde funciona esta economía del saqueo. El informe de Naciones Unidas explica en alguna medida esa paradoja: Colombia es el tercer país más inequitativo del mundo; esto es: hay una alta concentración de la riqueza, la que está en manos de las grandes empresas nacionales y extranjeras que se aprovechan de nuestros recursos y de nuestro trabajo.

Que ahora digan que para tener ‘prosperidad’ Colombia debe ser un país minero no va a modificar en nada esa condición histórica, porque son los mismos con las mismas. Montar el país en la lógica de la minería transnacional es profundizar las estructuras de la inequidad.

Los múltiples conflictos que estamos soportando las comunidades urbanas y rurales constatan que los impactos de esa locomotora minero-energética son lesivos para la vida:

1. El territorio y la cultura. El modelo colonizador que caracteriza la intervención de la locomotora minero-energética en los territorios, transgrede el entorno natural con el que los pobladores han sobrevivido y convivido por tiempos, modifica las economías tradicionales, rompe los tejidos comunitarios y contagia de individualismo y corrupción todas las relaciones sociales y ambientales que identifican las culturas formadas en las realidades concretas de los territorios. En Colombia existimos 102 pueblos indígenas, por ejemplo, y cerca de 30 pueblos nos encontramos en extinción; 30 lenguas, conocimientos milenarios que la humanidad pierde a manos de la ambición.

2. El agua, los ríos y la biodiversidad. La fractura de los ciclos hídricos es uno de los impactos directos más relevantes de esta absurda injerencia sobre nuestra biodiversidad. La apropiación y utilización extrema del agua en la minería de cielo abierto, en la explotación petrolera, en la expansión de la agroindustria energética y en las represas hidroeléctricas, afectan gravemente el equilibrio ambiental y el acceso adecuado y saludable al agua. Mucha gente ha sufrido los estragos de la desertificación y las inundaciones, como de la contaminación y el agotamiento del agua. El despojo de los bienes ambientales seguirá siendo un factor de empobrecimiento.

3. La seguridad alimentaria. Los megaproyectos mineros y energéticos compiten con la producción alimentaria, por varios “daños colaterales”: el cambio drástico en la tenencia y el uso de la tierra, la privatización y degradación del agua y los suelos, la pérdida de la vocación agrícola de las comunidades rurales y la sustitución del mercado natural y solidario por el de los alimentos ficticios y la ganancia. Quienes gobiernan ahora, han propuesto una falsa solución: que toda la producción alimentaria quede definitivamente en manos de las empresas transnacionales que trafican con el hambre y la sed del planeta, a través de los Tratados de Libre Comercio. Es decir, ampliar la dependencia alimentaria.

4. El trabajo digno. La industria extractiva no soluciona las necesidades de empleo del país, porque es una actividad intensiva en maquinaria y limitada en el tiempo. La mano de obra local es utilizada en la primera etapa. El número de empleos no se corresponde con los altos niveles de producción; y si lo medimos por hectárea/año, genera menos empleos que una actividad agrícola integrada. Las trasnacionales mineras y petroleras impiden la organización sindical de los trabajadores, lo que reduce la exigibilidad de los derechos laborales; la mayoría del trabajo es contratado a través de Cooperativas de Trabajo Asociado. Los salarios no compensan la afectación social y física que produce, ni es comparable con las grandes ganancias que generan.

5. La pequeña minería tradicional. Cerca de 2 millones y medio de personas que subsisten de la pequeña minería hace muchas décadas, enfrenta la persecución del gobierno. Después de imponerle requisitos financieros, técnicos y jurídicos difíciles de cumplir, la ha declarado ilegal y ha autorizado su erradicación a la fuerza. El propósito es entregar esas explotaciones mineras a las transnacionales, quienes en muchos casos ya tienen títulos sobre las actuales áreas mineras tradicionales. El gobierno favorece la minería a cielo abierto, que genera significativamente más perjuicios sociales y ambientales que la minería de pequeña escala. La persecución a la minería de subsistencia familiar ahonda la situación de miseria y exclusión.

6. La renta de la producción minera y energética. Colombia es el país de América Latina que menos retribución obtiene por la explotación minera y energética; se bajan los impuestos por estas actividades, -hasta se exoneran; y las regalías se reducen y ni se cobran de acuerdo a los precios internacionales. La renta de esta actividad, además, no considera los pasivos ambientales y sociales que produce. Esta es la denominada “confianza inversionista” que le da beneficios al capital extranjero, a costa del desmejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Así se hagan intensas campañas publicitarias, lo cierto es que en términos tributarios, una empresa transnacional del sector aporta relativamente menos a la nación que una mina de sal. Estas empresas se terminan llevando gratis los recursos minero-energéticos que extraen.

7. La paz y la convivencia. Los territorios en donde se posicionan estos proyectos calientan la violencia social y política que soportamos hace rato. Comenzando por el mismo gobierno, quien criminaliza y reprime la minería informal y la protesta social de las comunidades frente a la invasión de la locomotora minero-energética. Con el ya consabido señalamiento de la ‘infiltración’, ahora somos perseguidos asimismo por estar ‘en contra del desarrollo’. Los grupos armados ilegales son utilizados también como instrumentos de esa política represiva. Las empresas aplican además el engaño y la corrupción para imponer sus intereses; hacen consultas tramposas con las poblaciones étnicas, compran autoridades y cooptan dirigencia social y política. Así dividen las organizaciones y provocan enfrentamientos entre las comunidades.

Las organizaciones y comunidades que afrontamos todos estos conflictos en distintas partes del territorio nacional, nos hemos propuesto iniciar una campaña conjunta que desde la visibilización de cada proceso de resistencia, aportemos a provocar conciencias y voluntades sobre un problema tan crucial del cual no fuimos suficientemente informados, y una política en la que no tuvimos participación. Una campaña que genere espacios para que se expresen de diversas maneras las voces críticas a semejante despropósito que avasalla nuestras soberanías.

Este no es el país que buscamos los pueblos, no es el futuro que nos merecemos. Por esa razón nos llamamos a que nos manifestemos en defensa de la vida. La locomotora minero-energética va a conducir el país hacia mayores abismos. Parémosla! Este 1 de agosto es la primera cita. Ahí nos vemos!