domingo, 27 de mayo de 2012

LA COMPAÑÍA GRAN COLOMBIA GOLD LE DEBE 18 MILLONES DE DÓLARES AL ESTADO COLOMBIANO EN EL CASO MARMATO


El pasado 23 de mayo la compañía canadiense Gran Colombia Gold Corp. informó que había constituido una fiducia por cuatro mil millones de pesos (poco más de 2 millones de dólares) para el posible traslado de Marmato, en el Departamento de Caldas (Notas 1 y 2). Pero esta es una cifra muy inferior a los 20 millones de dólares ofrecidos en 2005 (Notas 1 y 2).

El 11 de diciembre de 2005, en Medellín, la multinacional canadiense Colombia Goldfield Ltd.  y el Gobierno de Colombia llegaron a un acuerdo para explotar a cielo abierto el oro contenido en el Cerro El Burro, sobre el cual está asentado desde 1537 el casco urbano del municipio de Marmato. Los puntos del acuerdo fueron: 1) el Estado le daría a la compañía una concesión para explotar en 20 años el yacimiento, calculado en 5 millones de onzas de oro; 2) el Gobierno no aplicaría el régimen jurídico especial de Marmato, y por tanto convalidaba las compras de títulos que hiciera la compañía a los pequeños mineros en la Zona Alta A del cerro, y 3) la compañía se comprometería, además de las regalías e impuestos de ley, a aportar entre 10 y 20 millones de dólares para el traslado del pueblo al cercano sector de El Llano, que se manejarían en una fiducia transparente.

El acuerdo fue concertado entre Ian G. Park, presidente de la Compañía Minera de Caldas, filial de la compañía canadiense Colombia Goldfields; Fabio Valencia Cossio, titular de la Alta Consejería Presidencial para la Competitividad, y Julián Villaruel, director general de Ingeominas, en presencia de Carlos Alberto Uribe Mejía, presidente de la Cámara Asomineros de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI. Los periódicos El Colombiano (3) y El Mundo (4) le dieron amplio despliegue al acuerdo.

En octubre de 2009 Colombia Goldfield fue comprada por la Medoro Resources Corp.; compañía que a su vez se fusionó con Gran Colombia Gold Corp. en junio de 2011. De la directiva de esta última compañía hacen parte María Consuelo Araújo y Hernán Martínez Torres, ex ministros de Cultura y de Minas del gobierno anterior.

Al terminar la etapa de siete años de exploración en marzo de 2012, Gran Colombia declara reservas certificadas, entre veta y pórfido, por 12.4 millones de onzas de oro en la montaña de Marmato, que a US$ 1.600 la onza, serían 19.840 millones de dólares (5).

Entre tanto, el 22 de diciembre de 2011 el Concejo Municipal de Marmato aprobó la reforma del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio, sobre un proyecto preparado por el Ministerio de Ambiente, aunque negando el traslado del casco urbano para El Llano y la minería a cielo abierto, a la que el proyecto le liberaba amplias franjas de territorio. El alcalde anterior objetó el proyecto de Acuerdo cinco días después de dejar el cargo, y el nuevo lo volvió a objetar, sin que hasta el momento el Concejo haya decidido las objeciones.

El 18 de enero de 2012, el gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedrahita,  cumpliendo un compromiso de campaña, apoyó la decisión de los marmateños, en el marco de la visita de una delegación de ONGs de Canadá y Estados Unidos:

“…hay una voluntad mayoritaria de los habitantes de Marmato que ha sido expresada a través de múltiples medios y nosotros como consecuencia de esto nos oponemos a la explotación minera  a cielo abierto y obviamente respaldamos el criterio mayoritario del pueblo de Marmato, que quiere permanecer en la historia, que quiere permanecer siendo como ha sido un conglomerado social único en expresiones culturales y en manifestaciones sociales óptimas”.

El 23 de mayo pasado, como se dijo, la compañía anunció a la prensa que por fin había constituido la fiducia para el traslado de Marmato (porque los canadienses insisten en el proyecto a cielo abierto) por cuatro mil millones de pesos, que a  1.814 pesos el dólar, serían 2.205.071 dólares.

La aritmética no falla:

Comprometidos………………….  US$  20.000.000
Depositados en la fiducia………             US$    2.205.071
Restan……………………………. US$  17.794.929

Es decir, la compañía canadiense le debe 18 millones de dólares al Estado colombiano.

Además, resuelta paradójico que mientras en siete años las reservas de oro de Marmato aumentaron más del doble, los costos que asume la multinacional para el supuesto traslado del pueblo se redujeran diez veces.

¿Esto será una estafa o un detrimento patrimonial del Estado?

Tal vez todas las anteriores, salvo que Fabio Valencia Cossio y Julián Villaruel Toro hayan entendido mal lo que quiso decir Ian Park en 2005 con “fiducia transparente” o lo que en 2012 quiere decir Consuelo Araújo, la presidenta de Gran Colombia Gold, con que: “queremos ser muy transparentes con la comunidad y con las autoridades del departamento y del municipio”.

Pero más allá de la trasparencia, lo que ha habido en el caso de Marmato es una cadena de errores, que no van a parar bien para ninguna de las dos partes.

Desde su propio anuncio, el negocio o lo que quiera que acordaran los altos funcionarios colombianos con la compañía extranjera, adoleció de graves falencias:

a)    No se tuvo en cuenta la legislación sobre patrimonio cultural, pese a que Marmato fue declarado Monumento Nacional en 1982 por Colcultura y así fue reconocido por el Ministerio de Cultura el año 2000, en un estudio que conllevó a que en 2004 el Concejo Municipal delimitara el Centro Histórico en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio.

b)    Tampoco se tuvo en cuenta la legislación especial sobre grupos étnicos, cuando en Marmato el 56% de la población pertenece a comunidad negra y el 17% a comunidad indígena (Censo DANE 2005), las que no solo debieron ser consultadas  previamente, sino que tienen derechos de prelación en el Código de Minas.

c)    El propio cerro El Burro tiene un régimen minero especial, que también fue desconocido. Este régimen divide el cerro en Zona Alta A, reservada para la pequeña minería o minería de subsistencia, y Zona Baja B, para mediana minería (que venía siendo explotada desde 1989 por la empresa antioqueña Mineros Nacionales S.A.), y fue establecido en la Ley 72 de 1939, la Ley 66 de 1946 y el Decreto Legislativo 2223 de 1956. El Código de Minas de 2001 -en cuya redacción intervino Francisco Zapata, ex director de Corantioquia y luego director administrativo de Colombia Goldfield- dejó vigente este régimen especial (artículo 356), por lo que los contratos mineros de la Zona Alta A solo pueden cederse entre pequeños mineros, y cuando lleguen a su vencimiento solo podrán ser concesionados a pequeños mineros, con exclusión de los mineros de las grandes ligas. Pese a ello, la Colombia Goldfield ya había comprado 104 títulos para diciembre de 2005 y Gran Colombia Gold sigue comprando en 2012, compras manifiestamente inválidas para todo el mundo, menos para Ingeominas que, directamente o por delegación, autoriza las cesiones y lleva el Registro Minero Nacional.

d)    El traslado del pueblo se acordó bajo el supuesto de que el casco urbano de Marmato se encuentra ubicado en Zona de Alto Riesgo de desastre, ineluctablemente destinado a desaparecer. Pero esto resultó no ser tan cierto. Aunque antes de 2005 Ingeominas había realizado por lo menos diez estudios sobre amenaza geológica en Marmato (1982, 1985, 1986, 1987, 1988, 1997, 1999, 2001, 2002 y 2003), ninguno de ellos era lo bastante completo como para sustentar el traslado de la totalidad del pueblo por motivo de alto riesgo. Un estudio concluyente sólo vino a hacerlo Corpocaldas en 2009, para efectos de la reforma del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, en el cual declaró con riesgo no mitigable solo el sector de la Plaza Principal (o mitigable a un costo de $ 10.000 millones), recomendando obras de mitigación para el resto del casco urbano.

El riesgo sobre la Plaza Principal, la parte más antigua y de mayor valor patrimonial, no es de hundimiento por las minas subterráneas (Ingeominas 2002), pero sí por la posibilidad de que en un invierno fuerte se deslicen toneladas de piedra picada depositada sobre la ladera del cerro (Ingeominas en muchos estudios y Corpocaldas 2009).

Corpocaldas se apartó de un consenso interinstitucional que buscaba acelerar el traslado de la población de manera atropellada, bajo la forma de un plan de acción para el manejo de una emergencia ambiental que se presentó en mayo de 2006. Por esto la corporación publicó en 2010 su propio Plan de Acción Inmediata (PAI), y en la introducción precisó que el manejo del riesgo no debía hacerse en función del proyecto de explotación minera a cielo abierto sino de la problemática socio-ambiental de la comunidad:

“El presente documento surge de la modificación de un Plan que respondía a las problemáticas asociadas a la coyuntura del reasentamiento de la cabecera de Marmato, en función de un proyecto de minería a cielo abierto y a gran escala. No obstante, la Corporación Aldea Global en coordinación con Corpocaldas, han excluido el conjunto de proyectos relacionados con el reasentamiento, dado que el espíritu del PAI es responder a la problemática socio-ambiental de la comunidad y no el de facilitar o impedir una acción, cuya decisión le corresponde al Estado y debe surgir del sentir y la voluntad de la comunidad marmateña” (Plan de Acción Inmediato –PAI- 2010, pág. 1).

e)    En las oficinas del Gobierno colombiano no hubo un cálculo sobre cuánto podría costar el traslado de un pueblo por motivo de explotación minera a cielo abierto. Hacer una operación similar con el pueblo de Malartic en la provincia de Québec, Canadá, le costó US$ 160 millones a la empresa Osisko de ese país (El Cronista, Buenos Aires, Argentina, 13 de marzo de 2012, consultada en internet).

f)     Finalmente, el proyecto se manejó de manera reservada en el Ministerio de Minas entre 1995 y 2005, y en particular sin conocimiento -no digamos de la comunidad marmateña-, sino de la Gobernación de Caldas.

En el “Estudio de las condiciones  físicas, sociales y económicas actuales del Centro Histórico de Marmato  y  su  relación con  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial, para  la  elaboración  del  Plan Especial de Protección” del Ministerio de Cultura del año 2000, elaborado por la arquitecta Mábel Tobón Rodríguez, se dice que incluso se le negó información a este ministerio:

“Se realizaron entrevistas con funcionarios de las entidades que tenían relación administrativa o científica con el Municipio, tales como Minercol, entidad que se distinguió por el celo en la información que aunque fue solicitada en tres ocasiones inclusive por escrito la respuesta fue mínima y evasiva” (pág. 5).

“- De 1995 a 1997 se presentan a comprar minas de la parte alta a los mineros, empresas con capital extranjero: Bolívar, Corona Goldfield y Gran Colombia; éste hecho desestabiliza la [situación] económica y la situación social y genera expectativas que no se han concretado, elevando costo de los derechos de minas.

“- En 1997 se realizó una propuesta por parte de empresa extranjera Corona Goldfield para explotación a cielo abierto en la zona, posibilidad que hoy está en estudio por parte de Minercol” (pág. 25).

“En 1997, la multinacional Canadiense Corona Golfie en 1997 [sic] hizo una propuesta al estado colombiano para realizar la explotación a cielo abierto - mediana escala, en la parte alta de Marmato, dicha propuesta se basa en adquirir los  títulos legalizados de explotación que tengan los pequeños mineros de la parte alta y acometer una explotación en un área de 600 mts de radio sobre el centro del Cerro el Burro. La propuesta en proceso de negociación sobre la que no presentó información Minercol, está hasta la concertación con los mineros y la claridad de políticas de acción hacia la comunidad minera allí establecida desde hace más de un siglo (pág. 47) (El estudio se encuentra en los documentos de soporte al EOT de Marmato, entregados por el Ministerio de Ambiente al Concejo Municipal, subrayas fuera del texto).

A diferencia del conocimiento y del apoyo que tenía el macroproyecto en el Gobierno Nacional desde 1997 y que se concretó en la rueda de prensa del 11 de diciembre de 2005 en Medellín, el Gobierno Departamental de Caldas se enteró de él por las denuncias de los marmateños, como lo expresó el gobernador Emilio Echeverry Mejía en Riosucio el 15 de febrero de 2007:

“En vista de las preocupaciones de los marmateños sobre las compras que se venían haciendo en la montaña de Marmato, invité a mi despacho a la compañía antioqueño-canadiense de Mineros de Caldas, donde se les conminó a explicar el proyecto” (Relatoría del CRIDEC).

Posteriormente, en Manizales, en la reunión del 11 de abril de 2007 de la mesa de trabajo que la Gobernación conformara para tratar el tema de Marmato, el gobernador manifestó que “la compañía llegó de manera irregular, por medio de una señorita Echeverri que nos dijo que estaba realizando un estudio socioeconómico para una compañía X”; que “lo que haya dicho Fabio Valencia Cossio en Medellín (no sé si ya sería consejero presidencial) no interesa, porque nunca me llamó”, y que “no me gustó que la compañía llegara diciendo que ya tenía planes de traslado, que había hablado con el Ministerio de Vivienda y Ambiente para que les dieran unos subsidios de vivienda. Es claro que la compañía es la que debe costear el traslado”. Agregó que la compañía “viene cambiando de actitud frente a la Gobernación”. Pide a la compañía que le presente el proyecto a la Gobernación. Sobre la consulta a la ciudadanía, el gobernador dijo: “La encuesta que hizo la compañía preguntando si la gente quería trasladarse o no, no es el método más adecuado para consultar a la comunidad“ (Relatoría del CRIDEC, subraya fuera del texto).

El 9 de mayo siguiente, en una plenaria con la comunidad en la capilla de Marmato, la compañía presentó disculpas, a través del director administrativo:

“FRANCISCO ZAPATA: (…) Respecto al ingreso de la compañía, presento disculpas a la comunidad por errores cometidos, debidos a un asesor de la compañía que llegó pensando que Marmato era tierra de nadie, que Manizales era una aldea y que el gobernador estaba pintado en la pared, ya que decía que tenía línea directa con el presidente. Ese asesor ya no está en la compañía” (Relatoría del CRIDEC).

 Medellín, 26 de mayo de 2012

Luis Javier Caicedo
Asesor de comunidades indígenas
Editor de la página www.albicentenario.com




NOTAS:
  
1.     Eje 21, 24 de mayo de 2012:
Manizales, 24 de Mayo.  GranColombiaGold firmó hoy un convenio de cooperación con la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Marmato, con el fin de apoyar la terminación de las obras de construcción del Hospital San Antonio, la nueva escuela y el desarrollo de otras obras sociales para la comunidad.
El convenio suscrito por las partes, tiene un valor de $4.000 millones de pesos. Los recursos fueron dispuestos por la compañía a través de un encargo fiduciario con la Fiduciaria Cafetera S.A., Fiducafé, con el fin de terminar las obras.

2.     Caracol, 23 de mayo de 2012:

Por lo menos 100 millones de dólares ha invertido Gran Colombia Gold en proyectos mineros en Marmato, Caldas

Así lo manifestó en Manizales la presidenta de la multinacional Gran Colombia Gold, María Consuelo Araujo, durante una reunión con las autoridades locales de Caldas donde firmó un convenio que permite extender el acuerdo para el mejoramiento del hospital y el colegio del municipio de Marmato por más de 2 mil millones de pesos.

Araujo indicó que “hemos hecho unos descubrimientos importantes en exploraciones profundas y ya se lo informamos al mercado. Estamos dando un plazo de dos meses para dar a conocer los resultados del estudio de pre factibilidad que dará la ruta de qué tipo de explotación se debe realizar en Marmato; eso sí, queremos ser muy transparentes con la comunidad y con las autoridades del departamento y del municipio” (…)

Araujo agregó sobre Marmato que “en dos meses esperamos determinar qué técnica de explotación se va a utilizar en ese municipio, entre ellas la de cielo abierto, aunque estamos abiertos a todas las opciones. Sin embargo la explotación a cielo abierto no ha tenido el respaldo del Gobierno de Caldas, pero el proceso será concertado con las comunidades y los gobiernos locales”.

3.     El Colombiano, 12 de diciembre de 2005:

Marmato, el municipio de Caldas conocido históricamente como "El cerro de oro" o "El pesebre de oro de Colombia", podría convertirse en la versión aurífera de la explotación carbonífera de El Cerrejón, si prospera la iniciativa de inversionistas internacionales que están listos para comprar las pequeñas minas y para reubicar a sus pobladores.

El alma de esta iniciativa es un canadiense, llamado Ian G. Park, presidente de la Compañía Minera de Caldas, quien ya atrajo la atención, y por supuesto los capitales, de inversionistas de Londres, Suiza y hasta de Alemania (…)

El empresario agrega que "estamos dispuestos a hacer una ayuda grande para la comunidad, pero en conjunto con el Gobierno, porque yo no me voy a tomar toda la responsabilidad social".

En cuanto hace al manejo de las inversiones, el inversionista canadiense anuncia que se va a crear "una fiduciaria transparente para invertir casi 10 millones de dólares para trasladar el pueblo hasta el llano".

El case, sin embargo, será mayor, porque la Compañía Minera de Caldas, a través de los inversionistas extranjeros que son representados por la firma Colombia Golfields, están interesados en colocar hasta 20 millones de dólares para resolver estos problemas sociales y montar una mina de gran escala y a cielo abierto (…)

Brazos abiertos

"Tenemos que abrirle los brazos a todos los prospectos o nuevos proyectos mineros que se vayan a hacer en este país".

Amparado en ese criterio, el director General de Ingeominas, Julián Villaruel, le manifestó a este diario que "Marmato es una región que hace más de 100 años ha venido siendo explotada de una manera artesanal. Hoy existen grandes firmas internacionales que quieren volverla una gran explotación a cielo abierto, pero para ello habría que trasladar el pueblo. Esto demandaría inversiones del orden de 8 a 10 millones de dólares" (…)

Con Ingeominas, la autoridad minera colombiana, se hace un registro legal de todos los mineros, para ver quiénes tienen sus títulos en regla y cuáles son ilegales. (http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_cerrejon_del_oro/el_cerrejon_del_oro.asp)


4.     El Mundo, 12 de diciembre de 2005:

En los últimos 18 meses, la Compañía Minera de Caldas ha invertido en Marmato cerca de US$23 millones, según lo explicó el presidente de esa empresa, Ian G. Park, quien precisó que antes del traslado del pueblo, se ha venido haciendo un estudio sociológico y un censo para determinar la realidad de la población. También se negocia con los pequeños mineros para que les vendan sus proyectos para montar una mina de tamaño grande. 

Explicó que con el Gobierno Nacional se está haciendo una empresa conjunta, una fiduciaria transparente, para invertir casi US$10 millones para trasladar el pueblo hasta el terreno llano [sic]. 


El traslado
 
Mientras eso pasa, la Compañía a través de sus inversionistas extranjeros que representa, Colombian Goldfields que está invirtiendo en la Compañía Minera de Caldas, están interesados en invertir hasta US$20 millones. 

Hasta el momento, han sido reubicadas unas 147 casas y aún faltan 550 más. “No vamos a forzar a nadie, tienen que estar dispuestos a mudarse”, afirmó Park, quien añadió que cada uno de los 13 inversionistas presentes en la reunión de ayer, ha invertido en el proyecto a través de una empresa americana inscrita en la bolsa de los Estados Unidos, casi US$2 millones o US$3 millones de dólares y van a invertir hasta US$20 millones en el próximo año. “Esos son los inversionistas claves para nosotros”, agregó. 

Carlos Alberto Uribe Mejía, presidente de la Cámara Asomineros de la Andi, indicó frente al traslado de Marmato que se espera realizar una financiación para la Compañía Minera de Caldas por US$25 millones, así como para hacer una explotación intensiva de todo ese depósito aurífero que hay allí, que llega hasta Caramanta en un depósito muy grande que tiene extensiones al municipio de Supía, pero también hacia Támesis. 
 (http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=5266)

5.     Esta cifra la suministró la compañía en una reunión que sostuvo el director operativo de ésta, Donald East, con el Comité Pro-Defensa de Marmato el 13 de marzo en Medellín.

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