En ADITAL
El pasado 30 de Noviembre, Costa Rica alcanzó una importante victoria para todo el país. La Sala I de la Corte confirmó la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), que el 24 de noviembre de 2010 dejó sin efecto la concesión minera de la transnacional canadiense Infinito Gold. Así, la explotación aurífera de la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos, está definitivamente cancelada y la empresa será obligada a pagar indemnización por los perjuicios ambientales ocasionados.
La decisión fue celebrada en todo el país. En las calles, casas y, principalmente, en las redes sociales fue posible constatar la satisfacción de la población costarricense por esta decisión. Frente al edificio central del Poder Judicial también se realizaron manifestaciones de apoyo a la decisión. Durante todo el período de lucha contra la mina, la población participó activamente. Fueron realizados desde petitorios hasta huelgas de hambre.
La decisión de presentar una demanda judicial pidiendo la cancelación de la mina Crucitas fue de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflolas) y de la Asociación Unión Norte por la Vida (Unovida), que buscaban evitar que las investigaciones realizadas hace más de 20 años para implantar la mina se volvieran realidad. Después de esta iniciativa, muchas otras organizaciones ambientales, abogados, ambientalistas y medios de comunicación se unieron a la lucha contra la minería a cielo abierto.
El proceso contra Crucitas estuvo marcado por polémicas y denuncias de corrupción. Hace dos semanas, la presidenta de la Sala I de la Corte, magistrada Anabel León, ordenó que se investigue la desaparición del bosquejo de la decisión del Tribunal. Se cree que el documento fue robado para ser entregado a los dirigentes de la Infinito Gold.
Esta situación acarreó la renuncia del magistrado suplente de la Sala Primera, Moisés Fachler. Actualmente, el caso está siendo investigado por el Ministerio Público.
La decisión de ayer de la Sala I de la Corte, protagonizada por cinco magistrados del Alto Tribunal, estableció la anulación de un decreto del ex-presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que declaraba a Crucitas como un proyecto de Interés Público y Conveniencia Nacional. También se decidió que Arias y su ex-ministro del Ambiente, Roberto Dobles, sean investigados sobre el decreto que favorecía a la empresa, ya que no había estudios técnicos que asegurasen la viabilidad de la mina.
En la red social Facebook, el ex-presidente afirmó que está a la orden de todos los costarricenses, como siempre lo estuvo en toda su vida. "No conozco a fondo la sentencia de la Sala I en el caso Crucitas. Sin embargo, éste es un tema que la Fiscalía ha venido indagando desde hace mucho tiempo. Si eventualmente se considera que yo pueda ayudar a esclarecer sus investigaciones, como siempre, estaré en la mejor disposición de hacerlo”, dijo.
La empresa Infinito Gold también se pronunció y dijo lamentar la decisión y que no descarta la posibilidad de llevar el caso a instancias internacionales. La intención es recuperar los 127 millones de dólares invertidos en la mina Crucitas, que estimaba conseguir explotar por un millón de onzas de oro.
A pesar de esto, el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez, uno de los que estuvo presente en el juzgamiento ante la TCA y participó de la casación en la Sala I, afirmó que la decisión tomada agota todas las posibilidades, pues la nulidad fue absoluta. Rodríguez aseguró que los tres abogados que participaron de la decisión están dispuestos a colaborar con el gobierno, en el caso que Infinito Gold busque instancias internacionales.
A partir de ahora, el próximo paso es exigir que la empresa pague indemnización por los daños ambientales causados en la región. Estado y Sistema de Áreas de Conservación también tendrán que destinar recursos para recuperar el equilibrio ambiental.
LA HISTORIA
“Cuando firmé ese decreto fue porque fui informado de que se cumplieron todos los requisitos legales”. Con estas palabras el Presidente de la República, Óscar Arias, reafirmó que dio su aval al proyecto minero Las Crucitas, en Cutris de San Carlos, creyendo que cumplía con los requerimientos.
Bajo este supuesto, el Gobierno de la República firmó el Decreto 34801-MINAET (13 de octubre 2008) en el que se declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas desarrollado por la empresa Industrias Infinito, S. A y por el cual, la empresa desarrolladora, previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, podría proceder a la corta de árboles (inclusive de las especies que están vedadas) y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección, según se indica en el proyecto.
Este hecho, como es de todos conocido, dio paso a una investigación abierta por el Ministerio Público por el posible delito de prevaricato, tanto contra el Dr. Arias como contra Roberto Dobles, Ministro del Ambiente.
No termina de sorprender que el mandatario defienda que, según su criterio, no pudo haber incurrido en ese delito por cuanto “distinguidos funcionarios” le informaron que “todo está bien” antes de estampar su firma en un decreto que, según los ambientalistas y técnicos en el área, da luz verde para el proyecto de minería a cielo abierto en una de las superficies de mayor biodiversidad de la zona norte de Costa Rica. Por lo visto, Don Oscar, por la confianza plena en sus subalternos, no fue capaz de escuchar la voz de cientos de ciudadanos, instancias nacionales y extranjeras que quisieron hacer conocer al Presidente los riesgos de esta actividad industrial.
Ya en clave posterior, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha hecho público un trascendental pronunciamiento en relación a este proyecto minero asumiendo a cabalidad uno de los principios orientadores de esta institución, a saber, el compromiso con el medio ambiente.
Esta misión ha llevado a la UCR a demandar al Gobierno de Costa Rica la derogatoria del Decreto en cuestión y detener lo que esta institución denomina el “ataque a la naturaleza que se está llevando a cabo en las Crucitas”: “El valor ecológico, científico y económico son pilares fundamentales para lograr un adecuado equilibrio entre el desarrollo humano y la protección de la biodiversidad nacional. Por tanto, es necesario analizar distintos factores y no solo estimaciones económicas, para determinar la conveniencia nacional de abrir los ecosistemas a la explotación minera”.
Como Iglesia, y así lo hace Monseñor Osvaldo Brenes, Obispo de Ciudad Quesada, (entrevista en página 17) no podemos dejar de insistir en la necesidad de una discusión sensata sobre el tema.
La Iglesia en su Compendio de Doctrina Social nos ha recordado que “un punto central de todo uso científico y tecnológico es el respeto por los hombres y mujeres, que debe acompañarse también de la necesaria actitud de respeto por todas las criaturas vivas” (No. 459). Por lo tanto, nuestro uso de la tierra no debería ser arbitrario y es necesario que esté inspirado por un espíritu de cooperación con Dios.
Al respecto, nos dice la Iglesia, el olvido de este principio suele ser la causa de acciones que dañan el medio ambiente. Reducir la naturaleza a “términos mecanicistas”, suele acompañarse por la falsa idea de que sus recursos son ilimitados, llevando a considerar el desarrollo en una dimensión meramente material, en la que se da el primer lugar “al hacer y tener en vez de al ser” (No. 462).
Teniendo la moral cristiana como soporte, alzamos nuestra voz para que evitemos el error de reducir la naturaleza a términos meramente utilitaristas.
La clave para evitar tales errores es mantener una visión trascendente. El cuidado del medio ambiente también entra dentro de la responsabilidad de asegurar el bien común, por el que la Creación se destina a todos.
En Fuera de Crucitas
Bajo este supuesto, el Gobierno de la República firmó el Decreto 34801-MINAET (13 de octubre 2008) en el que se declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas desarrollado por la empresa Industrias Infinito, S. A y por el cual, la empresa desarrolladora, previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, podría proceder a la corta de árboles (inclusive de las especies que están vedadas) y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección, según se indica en el proyecto.
Este hecho, como es de todos conocido, dio paso a una investigación abierta por el Ministerio Público por el posible delito de prevaricato, tanto contra el Dr. Arias como contra Roberto Dobles, Ministro del Ambiente.
No termina de sorprender que el mandatario defienda que, según su criterio, no pudo haber incurrido en ese delito por cuanto “distinguidos funcionarios” le informaron que “todo está bien” antes de estampar su firma en un decreto que, según los ambientalistas y técnicos en el área, da luz verde para el proyecto de minería a cielo abierto en una de las superficies de mayor biodiversidad de la zona norte de Costa Rica. Por lo visto, Don Oscar, por la confianza plena en sus subalternos, no fue capaz de escuchar la voz de cientos de ciudadanos, instancias nacionales y extranjeras que quisieron hacer conocer al Presidente los riesgos de esta actividad industrial.
Ya en clave posterior, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha hecho público un trascendental pronunciamiento en relación a este proyecto minero asumiendo a cabalidad uno de los principios orientadores de esta institución, a saber, el compromiso con el medio ambiente.
Esta misión ha llevado a la UCR a demandar al Gobierno de Costa Rica la derogatoria del Decreto en cuestión y detener lo que esta institución denomina el “ataque a la naturaleza que se está llevando a cabo en las Crucitas”: “El valor ecológico, científico y económico son pilares fundamentales para lograr un adecuado equilibrio entre el desarrollo humano y la protección de la biodiversidad nacional. Por tanto, es necesario analizar distintos factores y no solo estimaciones económicas, para determinar la conveniencia nacional de abrir los ecosistemas a la explotación minera”.
Como Iglesia, y así lo hace Monseñor Osvaldo Brenes, Obispo de Ciudad Quesada, (entrevista en página 17) no podemos dejar de insistir en la necesidad de una discusión sensata sobre el tema.
La Iglesia en su Compendio de Doctrina Social nos ha recordado que “un punto central de todo uso científico y tecnológico es el respeto por los hombres y mujeres, que debe acompañarse también de la necesaria actitud de respeto por todas las criaturas vivas” (No. 459). Por lo tanto, nuestro uso de la tierra no debería ser arbitrario y es necesario que esté inspirado por un espíritu de cooperación con Dios.
Al respecto, nos dice la Iglesia, el olvido de este principio suele ser la causa de acciones que dañan el medio ambiente. Reducir la naturaleza a “términos mecanicistas”, suele acompañarse por la falsa idea de que sus recursos son ilimitados, llevando a considerar el desarrollo en una dimensión meramente material, en la que se da el primer lugar “al hacer y tener en vez de al ser” (No. 462).
Teniendo la moral cristiana como soporte, alzamos nuestra voz para que evitemos el error de reducir la naturaleza a términos meramente utilitaristas.
La clave para evitar tales errores es mantener una visión trascendente. El cuidado del medio ambiente también entra dentro de la responsabilidad de asegurar el bien común, por el que la Creación se destina a todos.
En Fuera de Crucitas
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