Las razones que
motivan este comunicado se alimentan en la forma en que fue concebida esa
visita y los métodos empleados para informar sobre su realización:
● La ausencia de claridad respecto a: los
objetivos de la delegación de la MFRI, la metodología de recolección de
información, el empleo de los resultados obtenidos por parte de los partícipes
de esa delegación, y las consecuencias de ese empleo en los procesos de defensa
territorial y exigibilidad de derechos que adelantan las comunidades afectadas
en la zona, en particular por la grave situación de persecución y amenaza a
líderes sociales y defensores de derechos en Colombia.
● La ausencia de información oportuna, completa y
verificable que garantizara la participación activa y eficaz de las comunidades
afectadas por la operación carbonífera en el proceso de construcción de la
agenda, en la preparación requerida para colaborar con la delegación y en el
proceso mismo de reconocimiento territorial.
● La ausencia de una metodología de incursión en
el territorio que permita a los integrantes de la delegación constatar y
dialogar autónomamente, sin presencia de las empresas mineras involucradas en
las violaciones a DDHH que hoy se denuncian en esas zonas, con las comunidades
afectadas sobre los daños ocasionados por la operación carbonífera que se
conduce y promueve activamente en ambos departamentos.
Nuestras
preocupaciones se agudizan debido a que el modelo de extracción que se lleva a
cabo en Cesar y Guajira, que se ha profundizado durante los últimos años en
nuestro país, ha significado grandes transformaciones en los ecosistemas y en
la vida en todas sus manifestaciones; por esa razón, hoy se le atribuye ser
generador de múltiples y nuevas conflictividades. Es en ese escenario que las
comunidades de ambas regiones han emprendido acciones en defensa de su
territorio, que cuestionan las prácticas empresariales por sus impactos irreversibles y por su
indiscutible insustentabilidad. Ha sido en medio de evidentes asimetrías en las
relaciones entre las comunidades y las empresas que los cuestionamientos económicos,
sociales, ambientales y legales a esta industria, hechos por líderes y organizaciones sociales, han
resonado hasta las autoridades locales y nacionales, los entes de control del
Estado colombiano, los tribunales judiciales, la academia, e incluso los
consumidores internacionales, con la expectativa de que, con su intervención,
dichas asimetrías sean superadas y la protección a las comunidades asegurada.
Sin embargo, delegaciones como la llevada a cabo por la MFRI son prueba de los
grandes desafíos que aún tenemos.
La “Ecología
Integral” (resaltada en Laudato Si´ 140-142) implica considerar las voces de
las víctimas y tomar en cuenta los datos de la ciencia, así como las
experiencias de las organizaciones que acompañan solidariamente a las
comunidades, con una mirada contextualizada de la región y desde una
perspectiva de defensa de los derechos humanos. La Encíclica reclama la
confrontación de información interdisciplinaria, transparente e independiente,
científica, estadísticas sociales y análisis económicos para discernir si un emprendimiento
contribuye a un verdadero desarrollo integral (LS 185). Por ello, resulta
desconcertante que la agenda fuera organizada principalmente por y con las
empresas mineras como Cerrejón (Glencore, Anglo American. BHP Billiton) y
Prodeco (Glencore) en un claro desbalance respecto a los sectores sociales, en
especial por el efecto que tiene ese diseño en la versión de la realidad que
evidenciará la delegación, altamente permeado por la visión empresarial y no
por la de las comunidades y sectores sociales que se han visto afectadas en sus
proyectos de vida debido a dichos intereses.
Las falencias
antes descritas se suman a otra preocupación, relacionada con la
conceptualización de las posturas eclesiales e interpretaciones de fe respecto
a los proyectos extractivos. Tal como ha sido
diseñada, la visita de la delegación de MFRI a Colombia, observamos que
adquieren mayor relevancia los intereses empresariales reflejados en la
estrategia “Catalizador para la empresa minera del futuro” de la “Kellogg
Innovation Network” que las líneas de orientación y acción de la Encíclica
Laudato Si´, así como los pronunciamientos del Papa Francisco en los Encuentros
con Movimientos Populares (Bolivia, 2015; Roma, 2016) y en el Encuentro de
representantes de comunidades afectadas por actividades mineras (Roma, 2015).
No obstante
nuestras preocupaciones respecto del contexto en el cual se da la visita y la
confusa información recibida al respecto, hicimos el esfuerzo de involucrarnos
en el diálogo propuesto. Desafortunadamente constatamos que nuestro esfuerzo
fue en vano ya que, una vez hechas todas
las gestiones para que las
comunidades y organizaciones acompañantes atendiéramos la visita de manera
independiente, al final fuimos informados que la delegación se conduciría según
la agenda organizada por las corporaciones mineras. Posteriormente, a tan solo
un día de la visita, para el caso del departamento de la Guajira, se informó
que se abriría un espacio para nuestra participación, aumentando así la
confusión. No obstante, en Cesar no logramos su apertura al diálogo con los
afectados directos de la operación empresarial, pese a las propuestas que
hicimos previo a su llegada al país.
Lamentamos
entonces no haber contado con un espacio suficientemente amplio y participativo
para que la delegación escuchara a las comunidades rurales y urbanas que tienen
una voz disidente frente al actuar corporativo y gubernamental en materia
minera, ni de las organizaciones que tenemos un trabajo serio y comprometido
con la defensa de los derechos humanos y del ambiente. Insistimos en que
tenemos voluntad y apertura para el diálogo, siempre y cuando existan
garantías. Por lo anterior, hacemos constar lo siguiente:
● Los departamentos de La Guajira y Cesar se
encuentran en una crisis humanitaria derivada de la vulneración de los derechos
fundamentales al agua, a la alimentación adecuada, al medio ambiente sano y a
la salud, la cual no ha sido debidamente atendida por el gobierno ni remediada
por sus causantes, y puede profundizarse con los planes de expansión de las
operaciones mineras en estos dos departamentos del país.
● Ni en el Cesar ni en La Guajira el crecimiento
del sector minero, con sus consecuentes regalías, ha significado un
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región. Según las
proyecciones del Censo de 2005, para el 2012 la población del departamento del
Cesar con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) representaba el 44,73% de la
población, mientras que en La Guajira lo era el 65,23%; el promedio poblacional
nacional de NBI correspondía al 27,78% (Cinep, 2014[1]).
● Cesar y Guajira son ejemplos del desplazamiento
forzado en Colombia por cuenta de las actividades carboníferas y sus
consecuencias contaminantes. Así, los procesos de desplazamiento forzado
(denominados oficialmente “reasentamientos involuntarios”) han sido
característicos en la expansión de estos proyectos mineros.
● La ampliación minera en los dos departamentos se
ha realizado sobre zonas rurales habitadas por comunidades indígenas, negras y
campesinas sin que se hayan realizado procesos de consulta previa, libre e
informada que permitan a la población participar en el ordenamiento de su
territorio. Desconociendo derechos étnicos colectivos, las empresas han
realizado procesos de negociación individual para la compra de tierras a través
de la intimidación, la restricción en el acceso a los recursos y el
confinamiento, todo lo cual ha resultado en la ruptura del tejido social y la
desaparición de múltiples comunidades.
● En los casos en los que ya se han dado los
reasentamientos, las poblaciones enfrentan otros riesgos propios del cambio de
vida rural a la urbana, tales como la pobreza, pues no cuentan con alternativas
productivas para su sustento, junto con otros innumerables problemas como la
falta de acceso a servicios públicos, a la propiedad, la vivienda y la
recreación.
● La contaminación del aire y el desvío de fuentes
hídricas básicas para la recreación de la vida de las comunidades del Cesar y
de La Guajira son problemas apremiantes para regiones que enfrentan fuertes
períodos de sequía.
● En los últimos años ha aumentado la violencia en
contra de líderes sociales en las regiones, particularmente aquellos que
emprenden acciones de defensa de sus derechos y del territorio. La Defensoría
del Pueblo emitió en diciembre de 2016 una alerta temprana frente a los
municipios del corredor minero, atribuyendo directamente un nexo de causalidad
entre las amenazas de las que son víctimas múltiples líderes y su oposición a
las operaciones mineras.
Nos preocupa
que la visita de la delegación MFRI ignore dicha realidad y omita hacer los
llamados y condicionamientos necesarios para que las empresas que hoy dirigen
esas operaciones, y en las cuales han depositado sus inversiones, no sigan
contribuyendo a las violaciones de derechos humanos que hemos documentado en la
región, y tanto más que su recorrido por la zona no sea un instrumento de
transformación, sino de legitimación formal. Por tanto hacemos un llamado a:
1.
Promover
garantías para la participación real y efectiva de las comunidades afectadas por la minería y de las organizaciones sociales con acceso a
la información clara, transparente y oportuna.
2.
Impulsar
medidas que eliminen la asimetría en el relacionamiento entre empresas y
comunidades.
3.
Promover
obligaciones vinculantes y extraterritoriales para empresas y derechos humanos
y transparencia en el actuar de los actores estatales, gubernamentales y
empresariales.
4.
Exigir el
respeto pleno de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación
adecuada, al medio ambiente sano y a la salud de los habitantes en los
distritos mineros de Cesar y Guajira.
5.
Exigir
garantías para que las operaciones carboníferas no sigan profundicen las causas
de desplazamientos forzados en la región, y que las consecuencias de los que ya
se han generado serán atendidas adecuadamente, con un enfoque de protección
preferente para sus víctimas.
6.
Exigir
garantías de seguridad para los líderes sociales y defensores del ambiente, del
territorio y de los derechos humanos.
Finalmente,
expresamos nuestra profunda preocupación por los efectos que una visita en
estas condiciones puede representar para los ejercicios de defensa territorial
y de exigibilidad de derechos que llevan a cabo las comunidades y sectores
sociales de ambos departamentos. Por lo anterior, esperamos que este no sea un
intento más de las empresas por obtener la legitimación social de los sectores
de la fe, y exigimos prácticas transparentes, participativas y libres de
manipulación.
Bogotá,
24 de febrero de 2017
CENSAT Agua
Viva - Amigos de la Tierra Colombia
Centro de
Estudios para la Justicia Social Tierra Digna
Colectivo de
Abogados Ambientalistas, Guacamaya Dumeka
Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
Colombia
Solidarity Campaign
Comisión
Claretiana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz
Comisión JPIC -
CRC
Comité
Ambiental en defensa de la vida
Comité de
concertación de reasentamiento de Boquerón (La Jagua de Ibirico- Cesar)
Conferencia de
Religiosos de Colombia (C.R.C)
Corporación
Claretiana Norman Pérez Bello
Corporación
Geoambiental TERRAE
Corporación
Vida del Río Fucha-CORVIF
Fundación
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
Grupo de
Trabajo Suiza Colombia (Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien ask!)
Instituto de
Estudios para la Paz (INDEPAZ)
London Mining
Network
Movimiento
Católico Mundial por el Clima
Movimiento
sutsuin jiyeyu wayuu – Fuerza de Mujeres Wayuu
Observatorio de
Conflictos Ambientales (OCA-IDEA-UN)
Observatorio de
Conflictos Mineros de Latinoamérica - OCMAL
Observatorio de
Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional.
Observatorio de
Expansión minero energética y re-existencias
Paz con
Dignidad-OMAL Colombia
Pensamiento y
Acción Social (PAS)
Programa Radial
Territorio Verde – 94.4 F.M.-Vientos Stereo Bogotá - Colombia
Red de Comités
Ambientales del Tolima
Red Iglesias y
Minería
War on Want
ORGANIZACIONES QUE
APOYAN
AMERINDIA-Colombia
MESETI - Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá D.C.
Cantoalagua-Colombia
Red Nacional
del Agua- Colombia
Fr. Eduardo
Agosta Scarel , O. Carm., representante regional, Carmelite NGO
Edwin Leonardo
Avendaño Guevara, Obispo - Fraternidad Apostólica de Cristo Sacerdote
Fernando
Ramírez González, responsable de campañas del Movimiento Nacional de Víctimas
de Corporaciones Multinacionales (M.N.V.C.)
[1] Cinep,
“Impactos socioterritoriales de la explotación minera en los departamentos del
Cesar y La Guajira”, en Fescol, Análisis 1/2014, p. 51, disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/11067.pdf.
