Por Tomàs Gisbert Caselli y Maria Jesús Pinto*
El gobierno de Colombia creó los Batallones Energéticos, Mineros y Viales para proteger las actividades extractivas mineras y energéticas. La militarización de las zonas donde operan mineras, hidroeléctricas y petroleras ocupa al tercera parte del ejército colombiano para asegurar los negocios de las trasnacionales, incluso en contra de la voluntad de sus habitantes y permitiendo la destrucción del medio ambiente.
Las fuerzas armadas colombianas, con 281 mil 400 efectivos son el segundo ejército más grande de Latinoamérica sólo superado por Brasil. A ellas se suman 159 mil miembros de la Policía Nacional, policía militarizada que depende del Ministerio de Defensa. En Colombia hay 6.2 soldados por cada mil habitantes, cuatro veces más que en Brasil.
El auge de las actividades extractivistas minero-energéticas en Colombia de los últimos años ha venido acompañada de una fuerte militarización de las zonas donde el sector minero-energético opera. El gobierno colombiano ha creado a lo largo de los últimos años los denominados Batallones Energéticos, Mineros y Viales. Su expansión acompaña la política de atraer la inversión extranjera de las empresas multinacionales del sector para la puesta en marcha de la política neoliberal extractivista: la denominada “locomotora minero-energética”. A principios de 2011 había 11 batallones minero-energéticos, en 2014 se han formado 21.
Los Batallones Minero-Energéticos están integrados por 80 mil efectivos, el 36% del total de efectivos del Ejército de Tierra en el que están encuadrados, y representan casi 30% de las fuerzas armadas.
La fuerte militarización de las zonas de extracción no ha significado una mayor seguridad de las poblaciones afectadas. Censat Agua Viva y Mining Wacht Canadá han advertido que “las regiones ricas en recursos son origen del 87% de los desplazamientos forzados, 82% de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario y 83% de los asesinatos de líderes sindicales”.1
La función de estas unidades, contra lo que pudiera parecer razonable, no es proveer seguridad pública en la zona sino asegurar las inversiones extranjeras y la extracción minero-energética. Varios de estos batallones están radicados en el interior mismo de las instalaciones de las empresas o minas, como es el caso del Batallón Militar 15, localizado desde octubre de 2011 dentro de los campos petroleros de la multinacional Pacific Rubiales, en Puerto Gaitán; la empresa además les aporta vehículos y combustible. O el Batallón Energético Vial No. 8 radicado en los terrenos e instalaciones de la minera Frontino Gold Mines, en el municipio de Segovia, tal como indica la misma página web del Ministerio de Defensa.
La colaboración entre los militares y los inversionistas es fluida. Como indica el director de operaciones del Ejército, coronel Jorge Arturo Matamoros Blanco, el ejército analiza los proyectos que elaboran las propias empresas inversoras y los deriva a la división militar correspondiente para su protección.2
Aunque las autoridades militares siempre lo han negado, hay evidencias de que la protección de las empresas extractivas conlleva la concertación de “convenios” privados entre empresas extractivas y las Fuerzas Armadas, en los que las corporaciones pagarían altas sumas económicas al ejército, a cambio de seguridad y poder desarrollar sus planes. Estos acuerdos son secretos pero han trascendido a los medios de comunicación ya sea por investigaciones periodísticas3 o porque directivos de las mismas empresas, sin ningún pudor así lo han expresado4.
La comunidades locales afectadas ven con desconfianza el despliegue militar pues no sienten sus intereses protegidos por la fuerza pública, sino que, por el contrario, ésta va asegurar las actividades extractivas, los intereses de las grandes empresas extractivas, en abierta contradicción con sus medios de vida tradicionales y el medio ambiente que los permite.
Violaciones a los derechos humanos
La presencia militar también ha sido acompañada por graves violaciones a los derechos humanos de esas zonas cometidas por soldados: violaciones a mujeres, ejecuciones extrajudiciales de opositores y opositoras a proyectos mineros. Uno de los muchos casos denunciados ocurrió en septiembre de 2006: el asesinato de Alejandro Uribre Chacón, opositor al proyecto de gran minería de Kedhada SA en el sur de Bolívar, asesinado por efectivos del Batallón Antiaéreo No. 2 Nueva Granada y presentado posteriormente como guerrillero dado de baja en combate, doce días después de que interpusiera una queja por presuntas persecuciones del ejército por sus denuncias contra la minera5.
También es significativo el caso del apoyo del ejército a la entrada de la empresa Muriel Mining Corporation en el Norte del Chocó, donde apoyó sus actividades a pesar de un proceso fraudulento de consulta previo, tal como dictaminó la Corte constitucional,6 restringiendo la movilidad de los habitantes ancestrales en sus territorios y provocando graves abusos y el desplazamiento interno contra las poblaciones indígenas y afrocolombianas7.
Es evidente pues, que aunque estas unidades militares estén emplazadas en zonas dónde el conflicto con la insurgencia ha sido más agudo, y ese es el argumento que ha utilizado el gobierno para justificar su existencia, el objetivo clave es la defensa de las transnacionales en contra de los derechos legítimos al territorio de lascomunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, lo que ha provocado fuertes conflictos sociales, masacres y desplazamientos directamente relacionadas con esta política invasiva, muchas de ellas realizadas en connivencia de ejército, paramilitarismo y empresas.
* Tomás Gisbert es investigador del Centro de Estudios por la Paz.
María Jesús Pinto es activista e investigadora en Derechos Humanos
(Artículo publicado en Boletín Especuladores de la Guerra de War Resister’s International [WRI-IRG], abril 2014).
Indígenas colombianos desmantelando una trinchera del ejército colombiano.
Notas
1 Para mayor información ver “Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia” de Frédéric Massé y Johana Camargo, CITpax-Observatorio Internacional sobre DDR y la Ley de Justicia y Paz.http://www.citpaxobservatorio.org/sitio/images/stories/Resumen_ejecutivo_DDR_Definitivo.pdf Censat Agua-Viva y Mining Watch Canadá. “Tierras y conflicto – Extracción de recursos, derechos humanos y la responsabilidad empresarial: compañías canadienses en Colombia”. Septiembre de 2009, pág 2.
2 Col-Prensa-Nuevo Dia, 4 febr.2014
3 Oro y plomo. Semana 28/07/2009 en http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/oro-plomo/105494-3.
4 José Oro, vicepresidente de la Gran Colombia Gold manifestó en un documental realizado por periodistas franceses sobre la minería en Colombia: “Tenemos un contrato con la Policía, un contrato con el Ejército, un contrato con la Alcaldía” Langlois, Roméo y Mariani, Pascale, “Pour tout l’or de Colombie”, Woow & Canal + Production, 2011
5 “Por ‘falso positivo’ con líder comunal llaman a juicio a cuatro militares”, en El Espectador, <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-225504-falso-positivo-lider-comunal-llaman-juicio-cuatro-militares>;
6 Sentencia de la Corte constitucional T-769/09 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-769-09.htm
7 “Estamos en desplazamiento forzado causado por la empresa Muriel Mining, en Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, <“>http://justiciaypazcolombia.com/Estamos-en-desplazamiento-forzado>; (11.3.09).
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