Ibagué, 11 May 2013
Señores accionistas:
En este momento, cuando ustedes evalúan el desarrollo de sus proyectos en Colombia, nos parece importante que incluyan en su análisis elementos de una realidad ambiental, social y humana, que seguramente no llegará a ustedes por la voz y los informes de quienes administran sus proyectos en nuestro país.
Quienes suscribimos este mensaje, somos organizaciones y personas, particularmente afectadas por el proyecto de la Colosa, (ubicado en el municipio de Cajamarca, Tolima) pero también, preocupadas seriamente por una política gubernamental que asociada con ustedes, pretende expandir, en nuestra región y por todo el territorio colombiano, las explotaciones mineras a cielo abierto.
Desde el momento en que el gobierno concibió esa política, hace 8 años, se ha generado una gran movilización ciudadana que rechaza la megaminería como horizonte para el desarrollo de nuestro país, y con más vehemencia ahora, cuando son claros los hechos y señales de la minería y de la sed del oro, que confirman su carácter de elementos altamente perturbadores del orden social, de la paz, de la soberanía territorial y de la equidad.
Tres son los puntos centrales de nuestro mensaje para ustedes:
1. Nuestro movimiento ciudadano tiene, en primer lugar, serios cuestionamientos éticos que nos impiden aceptar el negocio de la minería en gran escala y a cielo abierto. Estos son algunos de tales argumentos:
- Afectar grandes extensiones en países como el nuestro, que hoy amortiguan el impacto del Calentamiento Global, y que mantienen producción de oxigeno, agua y biodiversidad para nuestro país y para el mundo, debe verse como un crimen de lesa humanidad porque agrede, en un momento de extrema fragilidad, la vida planetaria.
- La mayor riqueza de nuestro país es su biodiversidad y el agua que alimenta su verde y bello territorio. Es una riqueza perenne, es la herencia que debemos proteger para dejar a nuestros hijos. No hay dinero que pueda comprarla y no es lícito cambiarla por regalías transitorias. Menos aún, ante el costo y las consecuencias irreparables de la contaminación, en la fragilidad de sus ecosistemas y en la vida de las poblaciones que allí habitan.
- El negocio minero es la más grande amenaza para el desplazamiento y expropiación territorial de nuestros campesinos, indígenas y minorías vulnerables. Desentrañarlos de sus modos de vida, de su entorno, de su historia, de sus actividades y de su cultura es un atropello cruel e injustificable, máxime cuando agrede a los más débiles. Las consecuencias no pueden ser otras que el incremento de desposeídos en los centros urbanos y el deterioro obligado de sus valores familiares y comunitarios.
- La minería en gran escala pone en riesgo la soberanía de nuestro territorio, que empieza a ser entregado en extensiones enormes por vía de los títulos mineros y por compra de tierras que ya están adquiriendo las multinacionales. Las 20 mil concesiones en curso, cubren cerca de 22 millones de hectáreas - casi una cuarta parte del territorio colombiano.
2. Hay un cúmulo de trabajos académicos y técnicos, realizados por expertos, universidades y organismos de control que objetan la conveniencia económica y ambiental de la minería y que aumentan una opinión crítica e ilustrada cada vez más amplia. En razón de la brevedad, nos limitamos a transcribir criterios consignados en el libro “Minería en Colombia” documento de la Contraloría General de la Nación, que empieza a circular recientemente y que advierte al gobierno y a la ciudadanía con conclusiones como las siguientes:
- “Existen conflictos alrededor del modelo extractivista minero que colocan en tensión derechos individuales y colectivos consagrados en la Carta Constitucional o que los ponen en entredicho en territorios específicos… Ello permite alertar sobre la ausencia de control suficiente y riguroso por parte del Estado en relación con la gravedad de estos impactos”
- “Para la Corte Constitucional, el desarrollo de actividades económicas lícitas e ilícitas en los territorios es uno de los factores subyacentes del conflicto armado interno, de carácter histórico y amplio. Dentro de estas actividades se incluye la minería como macro-proyecto económico. Por esta razón, las decisiones mineras en Colombia deben estar antecedidas por la identificación de los impactos en comunidades donde subsista o se genere el conflicto…”
- "Resulta necesario que la política pública atienda a la coincidencia espacial entre la presencia minera y graves atentados contra las libertades y derechos de carácter civil y político, y crímenes que atentan contra la dignidad humana, relacionados con: a) desplazamiento forzado interno y confinamiento territorial de poblaciones (vinculados a homicidios selectivos, desapariciones forzadas, amenazas, masacres y torturas); b) violencia anti-sindical, y c) vulneración de derechos asociados a la supervivencia física y cultural de sujetos colectivos de especial protección constitucional.”
- “Los impactos humanitarios, en relación con violaciones a derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario asociados territorialmente con complejos mineros, no pueden seguir asumiéndose como “daños colaterales” o ajenos a la actividad extractiva, sino como “riesgos” que deben ser socializados con las empresas mineras.”
- A más de ser éticamente inaceptable, la política minera es una regresión al mal negocio de las industrias extractivas, en vez de un avance hacia las industrias de transformación y valor agregado, más convenientes para el país. Muchos estudios muestran que son más las pérdidas que los beneficios económicos. Por ejemplo, ofende saber que es más grande el valor de los beneficios tributarios que se conceden a las empresas mineras que el valor de las regalías que ellas pagan. Así lo demuestran Guillermo Rudas y Jorge Enrique Espitia en el Capítulo 4 del libro de la Contraloría: “… entre 2005 y 2010 las empresas propiamente mineras (dentro de las cuales están las que extraen carbón y níquel, con un peso preponderante) pagaron en promedio 878 mil millones de pesos anuales por concepto del impuesto a la renta. Pero durante el mismo período tuvieron deducciones, descuentos y exenciones que representaron un gasto tributario para el país (ingresos fiscales que se dejaron de percibir) de 1,78 billones de pesos. Es decir, por cada 100 pesos efectivamente pagados por este concepto, las empresas mineras tuvieron des¬cuentos que terminaron representando pérdidas para el Estado de más de 200 pesos.”
3. Periodistas e instituciones de control vienen formulado graves denuncias que señalan transgresiones a las leyes colombianas, por parte de su empresa, lo mismo que prácticas cercanas al soborno para el tráfico de influencias y para ganar apoyos de funcionarios, autoridades y comunidades. He aquí algunos de estos hechos que aumentan la desconfianza en la transparencia de sus operaciones y hacen mayor la voluntad ciudadana de que AGA salga del país:
- Una investigación de María Teresa Ronderos, asesora de la Revista Semana, para el Centro de Investigación Periodística CIPER, dice, al referirse al trafico de influencias para obtención de títulos: “Un solo ejemplo es revelador. Según relataron a CIPER, dos funcionarios que por años han trabajado en Ingeominas, percibían una excesiva cercanía de algunos directivos con la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA). De hecho, una de cada cinco hectáreas concesionadas fue a dar a sus manos.”
- La revista Dinero, en un artículo que titula “Las maniobras del rey midas” hace las siguientes preguntas frente a conductas de AGA ¿Por qué fragmenta sus tierras?, ¿por qué usa empresas satélites dentro de su estructura organizacional? y ¿cuál es la fórmula para mantenerse a flote a pesar de que su estados financieros reportan durante los últimos diez años pérdidas que ya se aproximan al medio billón de pesos? Los datos y el análisis del mencionado artículo delatan claros artificios de AGA para configurarse en monopolio, y para evadir obligaciones tributarias.
- Una reciente investigación por parte de la Contraloría General de la Nación, denuncia que tras una revisión de expedientes, encontró 12 evasiones fiscales de AGA con respecto al pago del Canon Superficiario, por un valor de siete mil millones de pesos colombianos (3.8 millones de dólares).
- En las últimas semanas ha sido noticia nacional la población de Doima por sus acciones de rechazo total a las pretensiones de AGA para instalar en ese municipio, una planta de metalurgia, tanques de lixiviación y otros montajes requeridos por el proyecto de la Colosa. La comunidad ha organizado retenes permanentes para impedir el ingreso de los vehículos y funcionarios de AGA, lo mismo que acciones de denuncia ante CORTOLIMA. Esto ha llevado a reacciones represivas de AGA con apoyo de un grupo policial. El 23 de abril del 2013 amenazaron con armas y detenciones a los grupos de resistencia, hecho registrado en los medios de comunicación.
- AGA viene mostrando una desafiante arrogancia contra las normas, instituciones y personas que se oponen a su negocio. Una estrategia es calificar de guerrillero al ciudadano opositor, tal como lo hizo el señor Iván Malaver, en un mensaje de texto enviado al celular del señor Rafael Herz. Este hecho quedó evidente cuando El Nuevo Día, en su edición del 24 de febrero de 2013, publicó la imagen del mensaje, en el que se referían con ese calificativo a los delegados de Anaime, presentes en la Mesa Ambiental realizada el día anterior. Otra modalidad es establecer demandas contra aquellos funcionarios o entidades que, en cumplimiento de sus funciones de garantes de la ley, formulan controles o sanciones a sus modos de proceder. Tal es el caso, por ejemplo, de una demanda penal contra el Director de CORTOLIMA, primera autoridad ambiental de la región. El origen de la demanda es la resolución 0433 de marzo de 2013, en la que Cortolima suspendió trabajos de AGA en zona rural del municipio de Piedras. El gobernador del Departamento hizo público su rechazo a esta retaliación, que irrita a las autoridades regionales y a la ciudadanía..
- La nueva delimitación de páramos que establece el Instituto Humboldt muestra que 50Ha de las 515 del proyecto La Colosa están localizadas en páramo y es presumible que muchas otras se hallen en subpáramo. A la par de configurar una transgresión grave a las leyes ambientales es la evidencia de una lesión enorme al sistema hídrico que garantiza el agua para un 70 % de los habitantes del departamento.
- Todo indica que AGA busca sustracciones adicionales para sus exploraciones en la Colosa. De ser así, seria evidente su voluntad de burlar normas legales que no admiten excepción, tal como lo reitera la Contraloría en la siguiente advertencia: “No se están respetando las determinaciones adoptadas en áreas que se destinan a la conservación ambiental a través de la declaratoria de áreas protegidas y otras categorías de protección ambiental, las cuales, salvo contadas excepciones, son posteriormente sustraídas para el desarrollo de actividades mineras y otras actividades sectoriales, lo cual no se compadece con el interés general.”
- También en relación con la alta montaña, Manuel Rodríguez, investigador de la Universidad de los Andes, en su documento “Minería Responsable: de las intenciones a la Realidad” precisa lo siguiente: “… el Gobierno y el sector minero parecerían estar desconociendo las complejas características de la región montañosa andina y de los valles interandinos de Colombia, en la cual se concentra la mayor parte de títulos mineros otorgados y por otorgar… Es una de las más vulnerables del mundo al cambio climático –como se evidenció en las recientes olas invernales–, cuenta con una alta densidad poblacional en gran parte de su territorio y allí se ubica una de las mayores y más frágiles riquezas en biodiversidad y agua del planeta.”
Esperamos, señores accionistas, que su responsabilidad social y empresarial y los valores que ustedes sustenten frente al respeto de los países y frente a la protección del medio ambiente como bien planetario, los conduzca a decisiones que no agredan a nuestro pueblo ni a nuestro territorio. Nuestro camino hacia la paz ha sido complejo y doloroso. No queremos que sus inversiones y negocios sean factor adicional de injusticia, despojo y más violencia.
COMITE AMBIENTAL EN DEFENSA DE LA VIDA (Ibagué)
COMITE AMBIENTAL DEL SUR DEL TOLIMA (Saldaña and Ataco, Tolima)
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA (Natagaima, Tolima)
ASOCIACION PARA EL FUTURO CON MANOS DE MUJER "ASFUMUJER" (Natagaima)
COMITE AMBIENTAL DE DOIMA-PIEDRAS (Tolima)
COMITE AMBIENTAL Y CAMPESINO DE CAJAMARCA (Tolima)
COMITE AMBIENTAL DEL LIBANO (Tolima)
COMITE AMBIENTAL DE COELLO (Tolima)
COMITE AMBIENTAL DE ROVIRA (Tolima)
COMITE AMBIENTAL DE MURILLO (Tolima)
CORPORACION CONCIENCIA CAMPESINA (Cajamarca,Tolima)
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS DEL CAÑON DEL RIO ANAIME - "APACRA" (Cajamarca, Tolima)
COMITE SOCIO AMBIENTAL BOGOTA - Campaña de solidaridad con las luchas del Tolima (Bogotá D.C.)
COLECTIVO DE ANALISIS POLITICO TERRITORIAL (Bogotá D.C)
AGENCIA DE MEDIOS TECHOTIBA (Bogotá D.C.)
CORPORACION GRUPO SEMILLAS (Bogotá D.C.)
COLECTIVO UNIVERSITARIO ALTERNATIVA (Universidad del Tolima)
CONCIENCIA AMBIENTAL (Ibagué, Tolima)
SEMILLAS DE AGUA (Cajamarca, Tolima)
CORPORACION DE ENTIDADES CULTURALES DEL TOLIMA - CORCULTURA (Ibagué, Tolima)
CORPORACION ECOVILLA LA MARTINICA "ECOMARTINICA" (Ibagué, Tolima)
ASOCIACION AGROTURISTICA POR EL CAÑON DEL RIO ANAIME "AGROTUR (Cajamarca,Tolima)
ACUEDUCTOS DE ANAIME (Anaime, Cajamarca, Tolima)
FUNDACION VIDA LIBRE (Cajamarca, Tolima)
UNION DE CAMPESINOS DE LA VEREDA LA BOLIVAR "UCAT" (Cajamarca, Tolima)
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RODANO (Cajamarca, Tolima)
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RODANO (Cajamarca, Tolima)
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PUENTE HIERRO (Cajamarca, Tolima)
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGUILA (Cajamarca, Tolima)
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CAJON (Cajamarca, Tolima)
RESERVA NATURAL AGUA FRIA (Ibagué,Tolima)
CORPORACION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS "REINICIAR"-REGIONAL (Tolima)
ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS "ANUC" (Tolima)
ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS "ANUC IBAGUE" (Ibagué, Tolima)
CORPORACION AMBIENTAL REGIONAL ESPELETIA (Murillo, Tolima)
REVISTA SALMON URBANO (Universidad el Tolima)
FUNDACION COMITE DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS (Ibagué, Tolima)
COLECTIVO CONGRESO DE LOS PUEBLOS (Made up of 23 organisations)
CORPORACION DE ESCRITORES DEL TOLIMA
CORPORACION CANTANDINA
0 comentarios:
Publicar un comentario