Por Vivivana Londoño Calle
Mayo 6 de 2013
Hace dos semanas, el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, anunció que el Gobierno planea abrir las puertas a nuevas solicitudes mineras a finales de este mes. Según el ministro, hay notorios avances en la depuración de los títulos y el país estaría preparado de nuevo para permitir nuevas exploraciones.
Sin embargo, la más reciente investigación de la Contraloría General, que revela una completa radiografía de esta actividad en el país, advierte que más allá de la depuración de los títulos mineros otorgados hasta ahora (19.000 según el Ministerio de Minas), hay una serie de complejos retos con pocos los avances, que habría que resolver antes de reactivar la titulación minera, según el ente de control.
Uno de esos desafíos tiene que ver con las implicaciones ambientales de la minería de oro y de carbón a gran escala. El Espectador conoció el libro ‘Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista’ que será presentado este lunes en la tarde y que confirma lo que vienen advirtiendo los expertos en medio ambiente, desde que el país se subió en la locomotora minera: los efectos ambientales por la extracción de estos materiales son serios, evidentes y además irreversibles.
La generación de grandes cantidades de residuos, la desaparición y contaminación de las aguas y del aire, la pérdida del suelo y de la biodiversidad, son sólo algunos de los costos ambientales que representa la minería a gran escala, de acuerdo con la investigación.
Cifras de Catastro y Registro minero señalan que de los títulos otorgados en Colombia, el 43% es para la explotación de oro y el 25% para carbón. Estos dos materiales terminan en países extranjeros: el 99% del oro extraído es para exportación y lo mismo sucede con el 95% del carbón. Para la Contraloría, además de representar fuertes daños ambientales, se trata de un modelo que “no genera encadenamientos productivos y no dinamiza directamente la economía”.
Julio Fierro, uno de los investigadores del capítulo ambiental insiste en que “la apuesta de desarrollo económico basada en la minería permea todas las decisiones del Estado y el país no tiene la capacidad ni la fortaleza institucional”. Además –según el experto- preocupa la absoluta desaparición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la discusión del tema minero.
Minería vs agua
Extraer un gramo de oro implica gastar hasta 1.060 litros de agua. La misma cantidad de arroz, de papa o de leche se puede producir con menos de dos litros. Estos datos, que recoge la investigación, advierten sobre el alto consumo de agua para la actividad minera y la eventual competencia con la producción de alimentos. A esto se suma la contaminación de las aguas por mercurio o cianuro, utilizados para separar el oro de los minerales y por residuos tóxicos que acompañan los desechos mineros.
De acuerdo con el documento, “los yacimientos de extracción se caracterizan por contener oro en muy bajas concentraciones, lo cual implica la generación de grandes volúmenes de residuos”. Buena parte de estos residuos terminan contaminando las aguas y el ambiente y representando un riesgo para la salud pública. Por cada gramo de oro se pueden generar 40 gramos de arsénico, 10 gramos de cromo, 170 gramos de plomo y 50 gramos de zinc (ver gráfico).
Para la Contraloría, “un modelo de desarrollo basado en la extracción de minerales e hidrocarburos puede causar un impacto aún más fuerte debido a la contaminación de aguas y suelos, en particular en la zona de laderas andinas, poniendo en riesgo no sólo la diversidad, sino también la soberanía alimentaria, pues las especies químicas tóxicas liberadas pueden permanecer por muy largo plazo (decenas de miles de años) disponibles en el ambiente”.
El mapa minero del país muestra –de acuerdo con los investigadores- que “los principales proyectos mineros de carbón están en zonas con alta susceptibilidad a la desertización y los de oro se ubica en zonas de alta montaña, fundamentales en la preservación de la oferta hídrica”.
Millones de residuos
Ciudades como Bogotá, Buenos Aires o Río de Janeiro generan alrededor de dos millones de toneladas de residuos al año. Un proyecto de minería de oro a gran escala puede generar en el mismo período hasta 70 veces más residuos y en el caso de carbón, hasta 12 veces más deshechos. Aún así, los efectos que en el largo plazo representan estos materiales no están contemplados en la normatividad. ¿Quién responde entonces?
Según datos de la investigación, de los 1.997 títulos para la explotación de metales reportados en 2010, sólo 194 de ellos contaban con licencia ambiental. Así las cosas, es evidente que será el país y no las empresas las que tendrán que responder por los pasivos ambientales a largo plazo.
La debilidad de las licencias ambientales
“La reglamentación ambiental en Colombia no ha sido ajustada para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos generados por la minería”, así define el documento de la Contraloría el débil control ambiental de los proyectos mineros en el país. Una de las falencias tiene que ver con las licencias ambientales: pese a que deberían ser la carta de navegación para que cualquier proyecto garantice los mínimos impactos, sólo son requeridas durante la etapa de explotación.
Mientras no tienen licencia –sin embargo- los proyectos adelantan vías, túneles, talas y diferentes actividades que aunque representan un claro impacto no tienen ningún tipo de control. Otro de los aspectos frente a los que llama la atención la investigación tiene que ver con la información que manejan las instituciones frente al tema minero. Todos los datos -incluso el estudio de impacto ambiental- lo proporcionan las mismas mineras. A la debilidad institucional se suma además la deficiencia de conocimientos técnicos y científicos frente a la extracción de minerales.
Entre las conclusiones de la investigación se destaca que el modelo actual de minería es una apuesta arriesgada que no incorpora los impactos ambientales. Según Fierro, “hay una apuesta económica por encima de todas las reglamentaciones ambientales, étnicas, tributarias y de ordenamiento territorial. Es una apuesta sin soportes y todos estos impactos sociales y ambientales no han sido tenidos en cuenta”.
Para los investigadores es evidente que los efectos ambientales son sólo algunos de las razones que justifican la declaratoria de una moratoria minera indefinida y la suspensión de los megaproyectos. Mantener cerrada la ventanilla minera, es una de las propuestas hasta que se plantee una nueva política minera que tenga en cuenta “el desarrollo integral, el respeto a la Constitución Nacional, la observancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Esta tarde, la investigación, que recoge además otros temas gruesos como la renta minera, la normatividad de esta actividad y su relación con el conflicto armado, estará en manos del Ministerio de Minas y Energía, del de Ambiente, de los Congresistas y de todas las entidades de las que depende el futuro de la minería en el país.
Luis Jorge Garay, coordinador de la investigación es enfático al respecto: “lo que mostramos es que Colombia no está preparada para desarrollar una industria minera necesaria bajo criterios de respeto de los derechos, de conservación del medio ambiente y desarrollo integral”. Para Fierro, es claro que no debe haber minería en lugares ricos en biodiversidad y en cuencas frágiles y debe prohibirse en zonas de conflicto. “Si uno se imagina ese mapa, muy probablemente este no sea el país adecuado para basar su desarrollo en la minería”.
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