DECLARACION PUBLICA
Aprobación de ley de minería en Honduras
Observatorio de conflictos mineros de América
Latina, OCMAL
24 de enero de 2013
El Observatorio de Conflictos Mineros de América
Latina, OCMAL, frente a la aprobación de la ley minería en Honduras el dia de
ayer, 23 de enero de 2013 declara:
1.- Que la aprobación de la ley de minería en
Honduras constituye una seria amenaza para las comunidades cercanas a las
faenas mineras, para las comunidades cuyas actividades dependen del agua, que
las mineras consumen agotan y contaminan, para los ecosistemas y cuencas
fundamentales para la vida y el desarrollo comunitario.
2.- Que el proceso de discusión y aprobación de la
ley se aleja de prácticas democráticas y participativas básicas, sobre todo
considerando los esfuerzos de la sociedad civil por participar y aportar al
diseño de una ley que debiese ser compatible con los intereses nacionales y de
bien público mas allá de los objetivos cortoplacistas de empresas mineras
transnacionales, sus servidores y aliados
nacionales.
3.- Que esta ley constituye un enorme retroceso en
la protección ambiental y social en Honduras y que constituye un reflejo de los
poderes fácticos y económicos que rigen los destinos del país contra la
voluntad y los verdaderos intereses de la mayoría de los habitantes que quieren
un desarrollo sustentable y con equidad
para toda la población, especialmente la más vulnerable.
4.- Que la mercantilización de los territorios,
los ecosistemas, la naturaleza, y la vida de las personas lleva a la
degradación social, ambiental, cultural y moral, provoca la resistencia y
genera los conflictos mineros, cada vez más difíciles de resolver por la
presión que ejercen las empresas mineras transnacionales para expandir su
actividad, contra la voluntad de las comunidades afectadas y los movimientos
sociales.
5.- Que las empresas mineras transnacionales hacen
uso de diversos mecanismos, en su mayoría ilegítimos e injustos, tales como TLC
arbitrajes internacionales, para presionar a los gobiernos a abrir las
fronteras de manera irrestricta al extractivismo sin considerar la voluntad de
la gente y los intereses del país. Esto redunda en debilitamiento de los
derechos, atropellos, criminalización y persecución a activistas sociales y
ambientales.
6.- Que en América Latina la oposición a la
minería ha crecido pues esta actividad no respeta derechos, destruye la base de
subsistencia de las personas y socava las posibilidades del buen vivir de las
comunidades en sus territorios. Cada nuevo proyecto minero va ineludiblemente
acompañado de un conflicto con las comunidades donde los gobiernos se alínean
con las empresas transnacionales.
7.- Que desde los movimientos sociales de toda
América Latina vemos la necesidad de solidarizarnos con quienes serán los más perjudicados
por esta ley que quita derechos a las comunidades y las transfiere a las
transnacionales a perpetuidad.
8.- Que estaremos siguiendo el proceso posterior a
la aprobación de la ley de minería, prestos a denunciar todas y cada una de las
acciones que atenten contra la seguridad personal, colectiva, social,
ambiental, cultural, religiosa y económica de las comunidades y la población
afectada en Honduras.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado todas y
todos, con profundo sentido democrático y participativo en defensa de la vida
para que nos unamos en la defensa de los derechos de las hermanas y hermanos
hondureños que enfrentan esta grave agresión en un contexto de falta de
democracia y de atropello a los derechos humanos.
OCMAL, Enero, 2013
Preocupada por la posibilidad de que la Cámara Legislativa apruebe, sin la aceptación del pueblo hondureño la Ley de Minería, la Coalición Nacional de Redes Ambientales –constituida por cerca de 20 organizaciones– hizo un pronunciamiento público este lunes (29). En el documento, se hace un alerta sobre un posible esquema que estaría siendo realizado por la Comisión de Minería del Congreso Nacional y la Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería (Defomin) para aprobar la ley antes de diciembre.
La Coalición Nacional está oponiéndose a esta norma, pues más allá de que la misma ha sido pensada y creada sin el consentimiento de la población, es perjudicial para el interés nacional y el de las comunidades que se verán afectadas directamente por más de 400 concesiones que entrarán en vigencia inmediatamente después de la aprobación de la Ley.
Las organizaciones también denuncian a los miembros del Congreso por intentar impedir la participación popular en las ‘Jornadas de Socialización’, realizadas de junio a agosto. En el pronunciamiento, también afirman que las Jornadas fueron transformadas en un ‘show mediático’ donde fue posible verificar que los diputados de la Comisión de Minería no prestaron atención a los aportes de las comunidades y de los gobiernos locales, durante las jornadas de la Comisión Técnica.
Prueba de esto es que fueron dejadas de lado demandas consideradas importantes por la Coalición y el pueblo en general, como es el caso de la prohibición de la minería a cielo abierto y la obligación de que el Gobierno Central someta a consultas previas cualquier solicitud de concesión minera ante las comunidades y gobiernos locales previamente a su aprobación, obligando al Estado a cumplir con la voluntad popular.
“Esta situación significa una clara manifestación de burla y menosprecio a los hombres y mujeres que con grandes esfuerzos se desplazaron a distintas zonas del país para expresar su contundente rechazo a la explotación minera a cielos abiertos y exigieron se respetara su derecho a decidir si se permitía o no un proyecto minero en sus territorios”, denuncian.
Así, temiendo que la Comisión de Minería del Congreso Nacional y la Defomin aprueben la Ley de Minería antes de diciembre, sin el consentimiento del pueblo, las organizaciones integrantes de la Coalición Nacional de Redes Ambientales convocan a otras organizaciones, colectivos y movimientos hondureños a permanecer alertas sobre cualquier intento de la Cámara Legislativa para aprobar una norma que es contraria a los intereses de la población.
“Igualmente recordamos a los diputados del Congreso Nacional que al ceder a las presiones para aprobar esta lesiva ley, la historia los señalará por condenar a nuestro país a una nueva fase de destrucción de la naturaleza, así como por ser causantes de la conflictividad social que se generaría al obligar a las comunidades a arriesgar sus vidas en defensa de sus territorios y sus bienes naturales”, alertan.
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