22-01-2013
Una protesta pública contra la concesión minera en Quimsacoha, provincia del Azuay, derivó en una sentencia de ocho días de cárcel para tres dirigentes.
Luego de tres años de vivir en incertidumbre, siete dirigentes de la comunidad de Cochapata del cantón azuayo de Nabón, acusados de terrorismo y condenados a ocho años de prisión, respiran más tranquilos. Ellos recibieron la amnistía de la Asamblea Nacional y salieron de la clandestinidad.
En marzo del 2008, la comunidad protestó contra de los trabajos de explotación de caolín a orillas del río que pasa por la zona. En la manifestación se destruyó maquinaria de la empresa minera Explosur, que inició acciones penales contra de 7 dirigentes de la protesta.
La segunda sala de lo penal del Azuay encontró culpables a los dirigentes. Pese a que ellos estaban protegidos por la amnistía que les otorgó la Asamblea Constituyente de Montecristi. La Sala Penal los sentenció a 8 años de reclusión. Los sentenciados huyeron.
Según Rodrigo Quezada, presidente de la junta parroquial de Cochapata de Nabón, no hubo destrucción de la maquinaria y por ser autoridad les involucraron. “La población toma esta decisión por la alta contaminación de esta empresa que extrae caolín, esta empresas jamás han hecho un plan de manejo ni socialización”.
La acusación de terrorismo y sabotaje pesaba sobre dos concejales del cantón, el teniente político, el presidente de la junta parroquial de Cochapata y tres dirigentes de los sistemas de agua. Por más de un año los dirigentes de Nabón huyeron de la Ley. La Asamblea Nacional les otorgó la amnistía de nuevo. La resolución del Legislativo tomada dejó sin piso lo dispuesto por la Sala Penal del Azuay.
Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, explica que la Asamblea podrá conceder amnistía por asuntos políticos. “Lo que hizo la Asamblea es exactamente conceder a un grupo de comuneros. La Amnistía hace desaparecer la causa para el enjuiciamiento político, los que estaban presos salen en libertad y los que estaban encausados dejan de tener responsabilidad”.
La Asamblea concede amnistía por asuntos políticos y no se lo hace a personas sino a hechos. Lo cierto es que los 7 dirigentes comunitarios de Nabón están ahora con sus familias, aunque el caso no ha terminado, pues los siete dirigentes campesinos aún deben demostrar su inocencia en otro juicio.
Según Quezada, la Asamblea Nacional analizó todo el proceso y vio que existió una violación en el caso. Menciona que llevaron 36 testigos y los jueces no hicieron valer sus versiones.
Para Eduardo Encalada, asambleísta de Azuay, los comuneros de Nabón no cometieron atentados contra la seguridad del estado. “En el fondo era defender sus terrenos y espacios en donde han vivido, no lo consideramos acciones terroristas”.
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