Su
párroco fue asesinado y el pueblo está siendo trasladado
El
espejismo de Marmato
Por: Alfredo Molano Bravo/Especial para El
Espectador
Mirada
del sociólogo y escritor sobre el grave conflicto que vive esta región de
Caldas, amenazada por Medoro Resources, empresa aurífera canadiense, cuyos
tentáculos llegan hasta Pacific Rubiales.
La explotación a
cielo abierto movería 50.000 toneladas de mineral para sacar de ellas 250.000
onzas de oro anuales.
La
Pintada, sobre el río Cauca, es a Medellín lo que Melgar es a Bogotá: un
veraneadero en el que la chancleta es reina. Es, además, un paradero de
camiones donde los choferes almuerzan o desayunan con una gigantesca bandeja de
fríjoles con garra, bagre en salsa o chuleta de cerdo. Es un pueblo ruidoso,
caliente y agitado. La Policía y el Ejército dan vueltas en motocicleta como
murciélagos. El río corre encajonado. A la orilla de la carretera crecen
samanes y palmeras. Toda la carga que va de Buenaventura a Medellín pasa por
ahí. Pioquinto, el chofer del jeep donde viajamos, un hombre grande y macizo,
tiene que inclinar un poco la cabeza para ver la vía. Es conversador: “Allá se
accidentó una mula de carga; allí mataron al Parche; aquí comenzó la marcha en
mayo pasado contra la Medoro, la seguí como si fuera una ambulancia. La gente
se insolaba. Eran tres kilómetros largos de gritos contra la compañía”.
Veinticinco
kilómetros al sur de La Pintada se desprende el ramal para Marmato, la
legendaria mina de oro explotada por los conquistadores españoles desde mediados
del siglo XVI hasta comienzos del XIX, que los indígenas cartama ya trabajaban.
A comienzos del siglo XIX, con el fin de garantizar el cubrimiento de los
empréstitos hechos a Inglaterra para pagar las guerras de Independencia,
Colombia empeñó las minas de Marmato y Supía a la Casa Goldschmidt. Al
finalizar la Guerra de los Mil Días, uno de los vencedores, el general Reyes,
otorgó a su copartidario el general Vázquez Cobo la propiedad sobre los
yacimientos, que poco después traspasó a la Western Sindicate Limited, y ésta,
a su vez, los transfirió a la Colombian Mining Exploration Co. En 1936, el
gobierno tomó la decisión de arrendar el emporio a empresas nacionales.
La
carretera continúa —rigurosamente pavimentada y señalizada— hasta un pueblo en
construcción llamado El Llano, a donde el gobierno y la compañía están
empeñados en trasladar los 1.200 habitantes que viven en el casco urbano de
Marmato, situado unos cinco kilómetros más arriba, en las estribaciones de la
llamada Montaña de Oro o Cerro del Burro. En El Llano, que fue un caserío de
tejas de barro y paredes de bahareque, se construyen hoy un hospital de primera
categoría, una gran concentración escolar y un cuartel militar; se pavimentan
sus calles y se levantan urbanizaciones de la noche a la mañana.
“Zona de alto riesgo”
Por
el centro del pueblo corre un fluido de barro espeso y gris, producto de la
cianuración del material aurífero, que envenenado desemboca en el río Cauca. A
la salida hacia Marmato está ubicada la sede de la compañía Medoro Resources:
planta de beneficio, presa de colas, depósito de estériles, laguna de
almacenamiento de aguas, depósito de suelos, talleres, piscinas deportivas,
edificaciones administrativas, casinos, campamentos de obreros y residencias de
técnicos. Un clásico enclave cercado, enmallado y protegido por guardias
armados y perros embozalados.
Muy
pronto sólo hasta ahí llegará la carretera pavimentada. Desde allí también se
observa el Cerro del Burro, que esconde en sus entrañas 9,8 millones de onzas
de oro y 59 millones de onzas de plata, causa del gran conflicto que vive la
región. El municipio de Marmato tenía en 2008, según el DANE, 9.164 habitantes:
el 57% de raza y cultura negras; el 18% indígena y el 25% entre blanca, mestiza
y mulata.
El
Gobierno argumenta que el poblado está en zona de alto riesgo, una calificación
legal que haría obligatorio su traslado; la compañía orquesta la tesis, aunque
todo el mundo sabe —dice Pioquinto— que la razón es diferente: explotar las
minas a cielo abierto. En 2006 hubo un deslizamiento de tierra que comprometió
92 casas, la Alcaldía, el hospital y el cuartel de Policía. Corpocaldas
declaró, sin embargo, que el riesgo es mitigable.
El
pueblo carece de nomenclatura porque sus calles son caminos coloniales
empedrados y caprichosos por donde se mueven mulas, jeeps, volquetas, motos,
hombres, mujeres y niños, a un ritmo vertiginoso. Cada minuto puede ser un
gramo de oro. El material sacado de los socavones en pequeñas vagonetas y
carretillas se muele en tambores metálicos cargados con esferas de hierro que
al dar vueltas sobre un eje lo pulverizan.
Por
encima de caminos y molinos pasa una red de cuerdas en distintas direcciones
que lleva energía a los subterráneos para alumbrarlos o para mover los taladros
eléctricos; en el mismo espacio se cruzan cables de acero elevados por donde
corren canastillas con mineral en bruto, a una velocidad meteórica. En el lecho
medio de la quebrada Cascabel existía hasta 2006 el centro del pueblo, averiado
seriamente por un alud de lodo y de material estéril acumulado en sus orillas y
arrastrado por las aguas de los torrenciales aguaceros caídos en el memorable
invierno de aquel año.
Hoy
el panorama es desolador. La pequeña plaza triangular, enmarcada por una
antigua y venerable edificación donde funcionaba la Alcaldía, está deshabitada;
en una contigua, no menos bella, había tiendas, compras de oro y bares; hoy
sobrevive una panadería solitaria. Más allá se abre un mirador sobre el abismo,
donde antes iban las muchachas a coquetear con los policías. Desde allí se
puede ver, un plano más abajo, el resto de lo que fue el centro: el hospital,
invadido por protegidos de la Alcaldía; la biblioteca escolar, que desafía las
leyes de la gravedad y que cualquier día, con o sin estudiantes, se puede caer
sobre uno de los entables mineros en construcción que pertenecen al alcalde.
Frente a esta nueva planta funciona un gran molino con mesas separadoras,
bodegas, talleres, oficinas de compra de oro, voluminosos tanques de
cianuración, todo también de propiedad del burgomaestre. Cuatro altas y
soberbias palmeras que enmarcaron lo que fue la calle principal se mantienen
erectas frente al imperio de la primera autoridad del municipio. Desde aquí se
divisan Salamina, Aguadas y Pácora.
El debate de las dos zonas
Más
abajo, el pueblo gira ahora alrededor de la iglesia y de otra placita, rodeada
de cafeterías, ventas de choripapas y joyerías. Por aquí pasa la carretera que
va hacia las Minas de Echandía y hacia el pueblo de Caramanta. La vía es la
frontera aproximada entre la Zona Alta y la Zona Baja de la Montaña de Oro,
división que requiere una explicación particular.
En
1946, Ospina Pérez firmó la Ley 66, que divide la rica formación en una zona
alta, reservada a la pequeña minería, y una zona baja, dedicada a la mediana.
En 1954, por Decreto legislativo 2223, se mantuvo la zona alta para la pequeña
y la mediana, pero la zona baja se reservó para la minería empresarial. En 1970
la administración de la zona de arriba corrió por cuenta de la Empresa
Colombiana de Minas (Ecominas), transformada después en Minerales de Colombia
S. A. (Mineralco) y sustituida más tarde por la Empresa Nacional Minera Ltda.
(Minercol). En 1990, Mineralco abandonó las plantas y los molinos Cien Pesos,
Santa Cruz y El Colombiano, ubicados en la zona alta, y Mineros de Caldas S. A.
adquirió 87 minas que clausuró poco tiempo después, con lo que dejó sin empleo
a más de 800 obreros. En esa parte del cerro hay 150 minas de subsistencia
explotadas por trabajadores conocidos como guacheros. Pioquinto dice que el
nombre se deriva de unos pájaros ciegos —guácharos— que viven en las cuevas y
que temen a la luz como Satanás a Luzbel. Apoyándose en el Código Minero, el
Comité Cívico sostiene que Medoro no tiene derecho a expropiar a quienes
después de seis meses ocupan pacíficamente minas clausuradas sin razón.
Para
terminar de confundir el cuadro de los derechos de propiedad y posesión —una
estrategia calculada—, Mineros de Caldas vendió sus derechos a la Colombian
Goldfields, y ésta, a su vez, los negoció con la Medoro Resources, una de las
más grandes compañías auríferas del mundo, empresa canadiense cuyos tentáculos
llegan hasta la Pacific Rubiales. Desde 2011 emite títulos negociables en la
Bolsa de Toronto sobre los tenores de oro, plata y cobre existentes. Sólo en el
Cerro del Burro habría 7’049.000 onzas de oro y en el campo total de Marmato
millones y millones de oro, plata y cobre. La poderosa multinacional adelanta
un estudio de 20.000 perforaciones para precisar la potencialidad de los
depósitos de oro y justificar la explotación a cielo abierto que movería unas
50.000 toneladas de mineral en bruto para sacar de ellas 250.000 onzas troy de
oro anuales. En el mercado internacional —el mundo entero— costarían US$500
millones. El Rey Midas en acción.
Como
es obvio, semejante cantidad de riqueza no podría ser totalmente aprovechada
sino mediante la explotación del recurso a cielo abierto. La condición para
abrir el cerro y sacar el metal es hacerlo de arriba abajo, es decir, de la
Zona Alta, donde trabajan los guacheros y los medianos mineros, hacia la Zona
Baja, en manos de la compañía. Según Carlos Torres Henao, geólogo principal de
exploración de la empresa Exploration Services del Reino Unido (SRK), “la
minería a cielo abierto emplea grandes cantidades de cianuro y como parte del
proceso se cavan cráteres hasta de 150 hectáreas de extensión y 500 metros de
profundidad. La cantidad de agua utilizada puede superar la consumida en un día
por una población de 600.000 habitantes”. Por esta última razón —agrega Pioquinto—,
se proyecta la construcción de una hidroeléctrica con aguas del río Arquía,
límite entre Marmato y Caramanta, lo que ha generado una airada protesta por
parte de los campesinos de la región.
El conflicto por la tierra
¿Cómo
se puede llevar a cabo esta gran operación de ingeniería? Primero, comprando o
desconociendo los derechos de los propietarios y poseedores en la Zona Alta —lo
que se ha tratado de hacer— y trasladando el pueblo a El Llano —lo que se está
tratando de hacer—. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, Medoro Resources, a
través de la Minera de Occidente, presentó ante la desacreditada Ingeominas
amparos administrativos para poder desalojar a las buenas o a las malas a los
pequeños mineros de las partes alta y media.
El
enfrentamiento no tardó: en mayo de 2006 se presentaron en Marmato agentes de
las empresas protegidos por la Fuerza Pública y si la cosa no terminó en un
bochinche —dice Pioquinto— fue porque se metieron el cura y el Comité Cívico
Prodefensa de Marmato. No obstante, el problema no se resolvió y la mecha
siguió encendida. Segundo, como queda dicho, el Gobierno y la empresa
consideran urgente trasladar el pueblo. Juan Manuel Peláez, siendo gerente de
Medoro, declaró a La Patria de Manizales en 2009: “Buscamos probar reservas para
hacer explotación a gran escala y para eso necesitamos el pueblo… Tenemos los
US$30 millones que cuesta el plan exploratorio y los US$20 millones que
costaría el reasentamiento”.
Para
sacar a los mineros y para trasladar el pueblo, la compañía debe ganarse la
voluntad de los habitantes y trabajadores. O por lo menos de un sector
significativo, con lo cual estimularía no sólo la división de la gente, sino
además un conflictivo enfrentamiento. Para el efecto contrató inicialmente a la
Corporación para Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica (Cetec), que
centró su actividad en la organización de las nefastas cooperativas de trabajo
asociado; de un comité de trámite de quejas; de proyectos productivos
campesinos de café, yuca, plátano “como estrategia de sustitución laboral”, y
en el levantamiento de un censo de minas y de guacheros.
La
comunidad se mostró siempre desconfiada y reticente a las propuestas de la
consultora, excepción hecha del proyecto de plátano. Después de dos años de
acciones sociales, Cetec le reclamó a Medoro el incumplimiento de los acuerdos
con los marmateños. La compañía decidió dar por terminado el contrato y firmó
con The Social Capital Group (SCG), especializado en trasladar pueblos en Chile
y Perú, para hacer lo mismo en Marmato.
La
explotación a cielo abierto y el traslado del pueblo, argumenta el Comité
Cívico Prodefensa de Marmato, obligan a una consulta previa con las comunidades
negras e indígenas. Pero el gobierno y la compañía canadiense arguyen que la
minería tiene 450 años de tradición en la región y que, además, no existen
consejos comunitarios ni resguardos legalmente reconocidos en el municipio.
Agrega el comité que Marmato fue declarado patrimonio histórico de la nación y
por tanto el pueblo no puede ser objeto de reasentamiento. La compañía propone
en compensación crear un museo de historia y una casa de la cultura. Para
rematar los ofrecimientos, Medoro ha ofrecido entregar en el lugar del enorme
hueco cónico que abrirá para sacar los metales preciosos, una laguna donde se
cultiven peces y se pueda navegar a vela.
En
junio de 2010 la población se declaró en paro cívico y pacífico contra la
compañía Medoro. El Gobierno reaccionó enviando un escuadrón de policía que fue
rápidamente bloqueado por 300 mineros dispuestos a un enfrentamiento cuerpo a
cuerpo. La dinamita es su pan de cada día. Fue el principio de una larga lucha
contra la locomotora que podría terminar tragándose entero el cerro. El 21 de
enero pasado los mineros organizaron un mitin para protestar contra la
restricción de la venta de dinamita a los guacheros —lo que obliga a la
fabricación artesanal de pólvora blanca—, la confiscación de madera para el
apuntalamiento de los túneles y el traslado a El Llano —la Nueva Marmato— de la
Registraduría y del Banco Agrario.
El
Gobierno envió de nuevo a la Fuerza Pública. En mayo hubo una masiva protesta
de 4.000 personas desde la carretera hasta el pueblo contra los proyectos que
desarrolla la compañía y que el Gobierno apoya con marginales y volátiles
condiciones como la de respetar el medio ambiente y no atropellar a los
trabajadores. La Gobernación de Caldas envió de nuevo 30 policías acompañados
por empleados de la compañía y funcionarios.
Justamente
en esos días fue cuando el cura párroco de Marmato, José Reinel Restrepo,
declaró que lo sacarían muerto del pueblo y que si el Gobierno o la compañía
apelaban a la violencia, era lícito responder de la misma manera. El sacerdote
apareció muerto con dos tiros en la espalda el pasado 3 de septiembre en la vía
que conduce de Guática a Belén de Umbría. La Policía no ha descartado ninguna
hipótesis y ofrece una recompensa de $20 millones. Pioquinto no cree que haya
sido asesinado por el enfrentamiento con la compañía y guarda un silencio largo
y respetuoso.
Marmateños versus minería a gran
escala
1.200
habitantes viven en el casco urbano de Marmato.
9.164
habitantes, 57% de raza y cultura negras; 18% indígena y 25% entre blanca,
mestiza y mulata, tenía Marmato en 2008, según el DANE.
92
casas, la alcaldía, el hospital y el cuartel de policía fueron semidestruidos
por un deslizamiento de tierra que hubo en 2006.
9,8
millones de onzas de oro y 59 millones de onzas de plata esconde en sus
entrañas EL Cerro del Burro.
20.000
perforaciones se harán precisar la potencialidad de los depósitos de oro.
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