SEMANA revela nuevas irregularidades en el escándalo de los títulos mineros: oficinas paralelas, venta de información privilegiada en la cafetería de la entidad y cacería de brujas contra quienes no participaron de la piñata.
Sábado 4 Junio 2011
Más de una "piñata", como lo dijo la semana pasada el ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, lo que sucedió en Ingeominas se parece a una olla a presión en la que se cocinaron todo tipo de irregularidades. Y esa olla finalmente estalló. Detrás de esta piñata que celebró Ingeominas sin ningún control, dando títulos a cualquiera que presentara un plano topográfico, un formulario, la cédula y pagara el costo de un pin, SEMANA descubrió una mina de denuncias, manipulaciones políticas, compraventa de información privilegiada, oficinas paralelas, y el montaje de un nuevo y millonario Catastro Minero Colombiano (CMC) que nunca funcionó.Compañías nacionales e internacionales, sociedades e individuos empezaron a solicitar títulos mineros de manera voraz ante Ingeominas en los últimos ocho años. Todos querían parte de la piñata. Según datos oficiales, hasta la fecha se entregaron casi 9.000 títulos mineros, que corresponden a un poco más del 4 por ciento del territorio nacional, pero hay casi 20.000 solicitudes en fila, equivalentes al 20 por ciento del territorio. Muchos de los títulos y solicitudes están en ecosistemas estratégicos, como páramos, parques naturales, reservas forestales y humedales. "Nos abrimos de piernas", dijo a SEMANA un exfuncionario del Ministerio de Minas y Energía.
Aunque algunos sectores académicos y ambientalistas venían denunciando estas irregularidades desde 2009, es ahora, cuando la minería se ha convertido en una de las puntas de lanza del desarrollo, que estas irregularidades empiezan a impresionar al país. Colombia aspira a recibir más de 40.000 millones de dólares por la explotación minera en los próximos diez años y se supone que Ingeominas, una institución débil, fortín de los políticos y sin dientes, es la que debe supervisar esta danza de los millones que, presuntamente, nos va a catapultar hacia una era de prosperidad.
El primer problema que enfrenta la entidad es que no sabe lo que tiene. El Catastro Minero Colombiano (CMC), que lanzó Julián Villarruel, exdirector de Ingeominas, como una gran plataforma tecnológica, falló desde el principio y los técnicos siguieron trabajando con un sistema paralelo antiguo, que finalmente colapsó a finales de 2009. Poniéndole remiendos al sistema, el CMC volvió a lanzarse dos veces más, la última, con bombos y platillos durante la Convención Nacional Minera que se celebró en el Hotel Tequendama en julio del año pasado. Pero tanta pompa y más de 6.000 millones de pesos en contratación no consiguieron el propósito. Hoy la plataforma es, como dijo el ministro Rodado, no un catastro, sino una catástrofe: no permite sacar reportes estadísticos, no tiene funciones de seguimiento y control, modifica los decimales de las áreas entregadas y a veces las superpone sobre otras, le asigna plazos a cierto tipo de concesiones que ni la ley permite, no excluye las zonas ambientales protegidas y, lo que es peor, la información no está encriptada y ha sido objeto de ataques de hackers. Si la plataforma hubiera funcionado desde un inicio, las irregularidades de titulación habrían sido evidentes.
"Hay algo profundamente oscuro y perturbador cuando la información que se supone que debe ser pública no lo es", dice Julio Fierro, geólogo y exfuncionario del Ministerio del Medio Ambiente, que desde esa entidad solicitó al Ingeominas en 2008 que le entregara información sobre títulos otorgados en zonas protegidas, pues ya entonces sabían que la entidad había otorgado más de 30 títulos en parques naturales. En lugares tan claves como el Macizo Colombiano, donde nacen los principales ríos del país, hoy hay 30 títulos mineros otorgados, según denunció la semana pasada el representante caucano Crisanto Piso en debate ante la Comisión Quinta de la Cámara.
Esta semana, el ministro Rodado denunció algo más grave: que incluso después de que la reforma al código minero (Ley 1382), que prohíbe la titulación en páramos, entrara en vigencia el 9 de febrero de 2010, la entidad autorizó diez títulos mineros a varias compañías. Y, según pudo establecer SEMANA, apenas unos días antes le otorgaron a la minera multinacional Anglo Gold Ashanti 19 títulos en páramos, la mayoría en la zona de Santurbán. Es difícil que esto hubiera sucedido sin información interna de la entidad, pues no se explica de otra manera que estas solicitudes, que estaban en fila desde 2005 y 2008, fueran aprobadas entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 2010, justo antes del cambio de la norma.
Como suele suceder cuando los procedimientos estatales son oscuros e ineficientes, floreció la corrupción. Los interesados empezaron a comprar información directamente a algunos técnicos que sí sabían qué áreas estaban libres, cuándo iban a devolver un título y en dónde había yacimientos importantes de minerales. Era tal el descaro que los negocios paralelos se realizaban en la cafetería de la misma entidad.
Varias fuentes también aseguraron a SEMANA que operaban una suerte de oficinas paralelas que adjudicaban títulos de manera fraudulenta en tres puntos distintos de Bogotá, y se supo porque los usuarios se quejaban de que allá, por una "platica adicional", sí los atendían rápidamente. En un estudio que realizó el propio gobierno encontró que una solicitud para obtener un título tardaba en promedio 600 días en definirse, pero para algunos apenas demoraba un mes. Un informe del Ministerio Público explica que algunas personas llegaban con oficios de las gobernaciones pidiendo tramitar de manera expedita su solicitud, con la excusa que había escasez de carbón en su departamento.
La falta de transparencia también contribuyó a que se creara un gran mercado especulativo de compra y venta de títulos en el país. "Esto es lícito y pasa también en otros lugares del mundo, pero no en la escala de lo que sucedió aquí", dice un exfuncionario de Ingeominas. Personas que nunca han estado interesadas en minería simplemente solicitaron títulos para revenderlos a las grandes compañías y muchos no los inscribieron en el Registro Minero Nacional para no pagar el canon superficiario, una especie de arriendo que se le paga al Estado por el área entregada en concesión. Como consecuencia, el monto que recibió la entidad por concepto de los cánones se quedó corto en varios miles de millones de pesos.
Además de la abrumadora solicitud de títulos, Ingeominas no pudo responder ante miles de recursos que interponían los abogados de los mineros cuando se les negaba un título porque el área ya había sido concedida a alguien más. Un abogado que trabajó como contratista externo de la oficina jurídica de la entidad en ese entonces le dijo a SEMANA que durante los primeros años la fiebre de títulos solicitados era el carbón, pero luego fue el oro. "Para oro había dos grandes empresas multinacionales que ganaban la mayoría de los recursos", dice.
A la cabeza de este desprestigiado instituto capturado por los políticos conservadores estuvieron Julián Villarruel y Mario Ballesteros, entre 2004 y 2010. Ambos tienen investigaciones disciplinarias en la Procuraduría por posibles irregularidades presupuestales. SEMANA buscó a ambos funcionarios para conocer su versión sobre lo que sucedió en Ingeominas, pero no pudo hablar con ellos.
Algunos funcionarios cuentan que a veces era imposible encontrar parqueadero porque las camionetas de los políticos invadían el lugar y por el largo corredor que conduce hasta la oficina de la Dirección General eran vistos con frecuencia parlamentarios conservadores, como los senadores Jorge Hernán Pedraza, Juan de Jesús Córdoba y Hernán Andrade, quien como presidente del Senado condecoró a Ballesteros en julio de 2009. Córdoba, quien hace parte de la Comisión Quinta de Senado, le dijo a SEMANA que con frecuencia iba a la entidad para acompañar a algunos alcaldes que buscaban gestionar recursos para Boyacá. Pedraza dijo que hace más de cinco años no va. A pesar de varios mensajes telefónicos, no fue posible hablar con el senador Andrade.
A la representante de La U y miembro de la Comisión Quinta de la Cámara Lucero Cortés también la vieron varias veces por los pasillos de la entidad, aunque ella asegura que no fueron tantas y que cuando fue lo hizo para tratar algunas denuncias sobre lo que ocurría dentro de la entidad, que luego utilizó en algunos debates de control político en los que citó a Ballesteros. Sin embargo, un hermano de la congresista, Ernesto Felipe Cortés Méndez, tuvo contratos con Ingeominas. Ella le dijo a SEMANA que no tenía conocimiento de esos contratos.
Pero del político del que se habla más en voz baja, y de quien varias fuentes coinciden en que fue padrino del nombramiento de Ballesteros en la dirección del instituto, es el senador conservador de Boyacá Ciro Ramírez, condenado por parapolítica.
Además de Ballesteros y Villaruel, hay otros 23 funcionarios que están siendo investigados por los órganos de control y serán ellos los que determinen quiénes fueron los culpables del relajo en una entidad que además funcionaba como una rueda suelta y mal engranada con el Ministerio de Minas y con las secretarías de Minas delegadas de seis departamentos, que también otorgaron títulos mineros sin mucho control.
"El gran reto de este país es ponerle orden a la minería", dijo el viceministro de Minas, Tomás González, y explicó que ya han tomado algunas medidas para sanear a Ingeominas. Con recursos del Banco Mundial y asesoría de expertos internacionales en catastros mineros, reformarán la fallida plataforma tecnológica y crearán una Agencia Nacional de Minería, que se encargará de regular el sector, al igual que lo hace hoy la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Habrá que ver si el ministro puede devolverle a Ingeominas la reputación que alguna vez ostentó como centro de investigación geológica. Nadie mejor que los empleados honestos que llevan más de veinte años en el servicio geológico y minero del país y que vieron desparecer a Minercol hace unos años por escándalos de corrupción similares sabe que para aliviar la crisis que le dejó la fiebre minera a Ingeominas se necesitan cambios de fondo que permitan poner en marcha el tren de una minería social y ambientalmente sostenible.
Aunque algunos sectores académicos y ambientalistas venían denunciando estas irregularidades desde 2009, es ahora, cuando la minería se ha convertido en una de las puntas de lanza del desarrollo, que estas irregularidades empiezan a impresionar al país. Colombia aspira a recibir más de 40.000 millones de dólares por la explotación minera en los próximos diez años y se supone que Ingeominas, una institución débil, fortín de los políticos y sin dientes, es la que debe supervisar esta danza de los millones que, presuntamente, nos va a catapultar hacia una era de prosperidad.
El primer problema que enfrenta la entidad es que no sabe lo que tiene. El Catastro Minero Colombiano (CMC), que lanzó Julián Villarruel, exdirector de Ingeominas, como una gran plataforma tecnológica, falló desde el principio y los técnicos siguieron trabajando con un sistema paralelo antiguo, que finalmente colapsó a finales de 2009. Poniéndole remiendos al sistema, el CMC volvió a lanzarse dos veces más, la última, con bombos y platillos durante la Convención Nacional Minera que se celebró en el Hotel Tequendama en julio del año pasado. Pero tanta pompa y más de 6.000 millones de pesos en contratación no consiguieron el propósito. Hoy la plataforma es, como dijo el ministro Rodado, no un catastro, sino una catástrofe: no permite sacar reportes estadísticos, no tiene funciones de seguimiento y control, modifica los decimales de las áreas entregadas y a veces las superpone sobre otras, le asigna plazos a cierto tipo de concesiones que ni la ley permite, no excluye las zonas ambientales protegidas y, lo que es peor, la información no está encriptada y ha sido objeto de ataques de hackers. Si la plataforma hubiera funcionado desde un inicio, las irregularidades de titulación habrían sido evidentes.
"Hay algo profundamente oscuro y perturbador cuando la información que se supone que debe ser pública no lo es", dice Julio Fierro, geólogo y exfuncionario del Ministerio del Medio Ambiente, que desde esa entidad solicitó al Ingeominas en 2008 que le entregara información sobre títulos otorgados en zonas protegidas, pues ya entonces sabían que la entidad había otorgado más de 30 títulos en parques naturales. En lugares tan claves como el Macizo Colombiano, donde nacen los principales ríos del país, hoy hay 30 títulos mineros otorgados, según denunció la semana pasada el representante caucano Crisanto Piso en debate ante la Comisión Quinta de la Cámara.
Esta semana, el ministro Rodado denunció algo más grave: que incluso después de que la reforma al código minero (Ley 1382), que prohíbe la titulación en páramos, entrara en vigencia el 9 de febrero de 2010, la entidad autorizó diez títulos mineros a varias compañías. Y, según pudo establecer SEMANA, apenas unos días antes le otorgaron a la minera multinacional Anglo Gold Ashanti 19 títulos en páramos, la mayoría en la zona de Santurbán. Es difícil que esto hubiera sucedido sin información interna de la entidad, pues no se explica de otra manera que estas solicitudes, que estaban en fila desde 2005 y 2008, fueran aprobadas entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 2010, justo antes del cambio de la norma.
Como suele suceder cuando los procedimientos estatales son oscuros e ineficientes, floreció la corrupción. Los interesados empezaron a comprar información directamente a algunos técnicos que sí sabían qué áreas estaban libres, cuándo iban a devolver un título y en dónde había yacimientos importantes de minerales. Era tal el descaro que los negocios paralelos se realizaban en la cafetería de la misma entidad.
Varias fuentes también aseguraron a SEMANA que operaban una suerte de oficinas paralelas que adjudicaban títulos de manera fraudulenta en tres puntos distintos de Bogotá, y se supo porque los usuarios se quejaban de que allá, por una "platica adicional", sí los atendían rápidamente. En un estudio que realizó el propio gobierno encontró que una solicitud para obtener un título tardaba en promedio 600 días en definirse, pero para algunos apenas demoraba un mes. Un informe del Ministerio Público explica que algunas personas llegaban con oficios de las gobernaciones pidiendo tramitar de manera expedita su solicitud, con la excusa que había escasez de carbón en su departamento.
La falta de transparencia también contribuyó a que se creara un gran mercado especulativo de compra y venta de títulos en el país. "Esto es lícito y pasa también en otros lugares del mundo, pero no en la escala de lo que sucedió aquí", dice un exfuncionario de Ingeominas. Personas que nunca han estado interesadas en minería simplemente solicitaron títulos para revenderlos a las grandes compañías y muchos no los inscribieron en el Registro Minero Nacional para no pagar el canon superficiario, una especie de arriendo que se le paga al Estado por el área entregada en concesión. Como consecuencia, el monto que recibió la entidad por concepto de los cánones se quedó corto en varios miles de millones de pesos.
Además de la abrumadora solicitud de títulos, Ingeominas no pudo responder ante miles de recursos que interponían los abogados de los mineros cuando se les negaba un título porque el área ya había sido concedida a alguien más. Un abogado que trabajó como contratista externo de la oficina jurídica de la entidad en ese entonces le dijo a SEMANA que durante los primeros años la fiebre de títulos solicitados era el carbón, pero luego fue el oro. "Para oro había dos grandes empresas multinacionales que ganaban la mayoría de los recursos", dice.
A la cabeza de este desprestigiado instituto capturado por los políticos conservadores estuvieron Julián Villarruel y Mario Ballesteros, entre 2004 y 2010. Ambos tienen investigaciones disciplinarias en la Procuraduría por posibles irregularidades presupuestales. SEMANA buscó a ambos funcionarios para conocer su versión sobre lo que sucedió en Ingeominas, pero no pudo hablar con ellos.
Algunos funcionarios cuentan que a veces era imposible encontrar parqueadero porque las camionetas de los políticos invadían el lugar y por el largo corredor que conduce hasta la oficina de la Dirección General eran vistos con frecuencia parlamentarios conservadores, como los senadores Jorge Hernán Pedraza, Juan de Jesús Córdoba y Hernán Andrade, quien como presidente del Senado condecoró a Ballesteros en julio de 2009. Córdoba, quien hace parte de la Comisión Quinta de Senado, le dijo a SEMANA que con frecuencia iba a la entidad para acompañar a algunos alcaldes que buscaban gestionar recursos para Boyacá. Pedraza dijo que hace más de cinco años no va. A pesar de varios mensajes telefónicos, no fue posible hablar con el senador Andrade.
A la representante de La U y miembro de la Comisión Quinta de la Cámara Lucero Cortés también la vieron varias veces por los pasillos de la entidad, aunque ella asegura que no fueron tantas y que cuando fue lo hizo para tratar algunas denuncias sobre lo que ocurría dentro de la entidad, que luego utilizó en algunos debates de control político en los que citó a Ballesteros. Sin embargo, un hermano de la congresista, Ernesto Felipe Cortés Méndez, tuvo contratos con Ingeominas. Ella le dijo a SEMANA que no tenía conocimiento de esos contratos.
Pero del político del que se habla más en voz baja, y de quien varias fuentes coinciden en que fue padrino del nombramiento de Ballesteros en la dirección del instituto, es el senador conservador de Boyacá Ciro Ramírez, condenado por parapolítica.
Además de Ballesteros y Villaruel, hay otros 23 funcionarios que están siendo investigados por los órganos de control y serán ellos los que determinen quiénes fueron los culpables del relajo en una entidad que además funcionaba como una rueda suelta y mal engranada con el Ministerio de Minas y con las secretarías de Minas delegadas de seis departamentos, que también otorgaron títulos mineros sin mucho control.
"El gran reto de este país es ponerle orden a la minería", dijo el viceministro de Minas, Tomás González, y explicó que ya han tomado algunas medidas para sanear a Ingeominas. Con recursos del Banco Mundial y asesoría de expertos internacionales en catastros mineros, reformarán la fallida plataforma tecnológica y crearán una Agencia Nacional de Minería, que se encargará de regular el sector, al igual que lo hace hoy la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Habrá que ver si el ministro puede devolverle a Ingeominas la reputación que alguna vez ostentó como centro de investigación geológica. Nadie mejor que los empleados honestos que llevan más de veinte años en el servicio geológico y minero del país y que vieron desparecer a Minercol hace unos años por escándalos de corrupción similares sabe que para aliviar la crisis que le dejó la fiebre minera a Ingeominas se necesitan cambios de fondo que permitan poner en marcha el tren de una minería social y ambientalmente sostenible.
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