José
Antonio Gutiérrez D.
12 de marzo de 2013
Se vende país, barato. Esa debiera
ser la consigna que mejor define a los sucesivos gobiernos de Uribe Vélez y
ahora de Juan Manuel Santos. Su política minera se fundamenta en la política
colonial de cambiar oro por baratijas. El caso de La Colosa, en Cajamarca, es
uno de los casos más emblemáticos del actual modelo minero-extractivista que se
busca imponer en Colombia en beneficio del gran Capital. Con este proyecto, se
está militarizando y atropellando a la población campesina, mientras se posterga
la soberanía alimentaria del pueblo colombiano para que una multinacional se
lleve el monte y contamine con cianuro los cursos de agua. Este proyecto es
paradigmático de la insostenibilidad social y ambiental del modelo de desarrollo
dependiente y atrofiado imperante en Colombia.
Megaminería, la locomotora descarriada
Desde el 2006 que el gobierno colombiano viene desarrollando una política agresiva en la cual se define la minería como un pilar del “desarrollo” nacional: estatus que queda consagrado en el Plan de Desarrollo Nacional del gobierno de Santos [1]. La inversión extranjera en la explotación de minas y canteras ha aumentado exponencialmente, pasando de US$ 466 millones en el año 2002, a US$1.789 millones en el año 2008, y a USD$ 3.094 millones en el 2009 [2]. Si el 2001 existían 1.889 títulos mineros en Colombia, hacia el 2010 se había dado un salto hacia los 8.928 títulos, que abarcaban 4.839.149 hectáreas de tierra. El 40% del territorio nacional, de hecho, se encuentra actualmente cedido o solicitado para la exploración minera[3].
Este proceso se da en un contexto de revitalización de un modelo económico neo-extractivista en América Latina de la mano de los precios récords alcanzados por minerales como el carbón, el oro o el petróleo en la última década. Mientras el gobierno dice que la explotación de los recursos minero-energéticos darán bienestar y bonanza a la población en general, en la práctica, casos como el de Cerro Matoso o El Cerrejón, así como mucho otros, evidencian que este tipo de explotación, hecha con toda clase de incentivos y beneficios para las multinacionales, enriquece solamente a una ínfima élite nacional y extranjera. Las comunidades locales son excluidas de los beneficios y deben hacerse cargo de los costos sociales y ambientales de estas explotaciones –recientemente, la multinacional Drummond, botó 500 toneladas de carbón al mar, hecho que ha causado indignación y perplejidad, ya que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales le levantó la sanción.
Otro ejemplo es Puerto Gaitán, en el Meta, que ha sido el municipio de Colombia que más regalías ha recibido por concepto de la explotación del petróleo. Sin embargo, los niños se mueren de hambre (13 apenas en el primer semestre del 2011) y se registra una de las tasas de mortalidad infantil más altas del país, con 61 niños por cada 1.000 nacidos, triplicando el promedio nacional. Por su parte, la población carece de servicios esenciales como acceso seguro y estable a agua potable o a electricidad, y los caminos que se han construido son solamente para permitir la salida del “oro negro” [4]. Algo no muy diferente ocurre con el Cerrejón en la Guajira: pese a las inmensas riquezas que ha generado en más de dos décadas de explotación de carbón, la población local sigue sufriendo niveles muy por encima del promedio nacional en cuanto a analfabetismo, desnutrición, desigualdad, falta de servicios básicos [5].
Estos son los elementos que permiten entender el porqué de la creciente resistencia popular en contra de los megaproyectos mineros que se viene adelantando por todo el territorio nacional colombiano.
El nuevo delirio del Dorado
Entre todas las áreas de la minería, es la del oro la cual está experimentando una de las más importantes actividades, con un gran dinamismo, pero que a la vez representa uno de los mayores peligros para la biodiversidad, la sostenibilidad ambiental y la vocación agropecuaria del país. Existen actualmente alrededor de 89 proyectos de megaminería aurífera en Colombia, la mayoría de ellos en la fase de prospección; se estima que, al menos, existen 2.015 toneladas de oro en el país (60 millones de onzas). Antioquia se lleva la “medalla de oro” concentra 47 de estos proyectos [6]. Municipios como Remedios, Caucasia o Segovia, han visto aumentar de manera bastante preocupante la violencia, asociada al avance de los paramilitares que operan en consorcio con el Ejército, acosando a los mineros artesanales en la disputa por el metal precioso (se estima que unos 40.382 mineros artesanales trabajan el oro). [7]
Hoy en día se producen 40 toneladas de oro anuales y el proyecto del gobierno es intensificar la producción hasta alcanzar las 80 toneladas hacia el 2019 [8]. La pelea no es sólo por el control de la producción del oro, sino también por el control de los títulos mineros. Según el analista Mario Valencia “El negocio es obviamente extraer el oro, pero también lo es vender acciones de las empresas que poseen los títulos mineros. Es casi lo mismo tener el oro en lingotes en los bancos que en una montaña” [9]
Las principales empresas poseedoras de títulos de explotación aurífera son la AngloGold Ashanti (por lo menos 410 títulos -391 directos, 19 a través de ‘Exploraciones Chocó Colombia S.A.S.’-, controlando, al menos, una extensión de 821.087 hectáreas) y la Continental Gold (por lo menos 135 títulos, controlando una extensión de 111.000 hectáreas); es de destacar que estas cifras son tentativas, pues estas corporaciones operan bajo distintos nombres, filiales, razones sociales, etc. Ambas empresas son socias en la explotación de La Colosa, en el municipio de Cajamarca, Tolima, siendo la AngloGold Ashanti la socia principal. Todas estas concesiones son a 30 años, prorrogables por otros 30 [10]. Se espera que la explotación de La Colosa comience en el 2019, año en que el gobierno se ha puesto por meta duplicar la producción aurífera; este sólo hecho da cuenta de que La Colosa no es un proyecto más, sino una pieza clave en el proyecto del bloque dominante.
Se calcula que La Colosa produciría unos 24 millones de onzas de oro; el costo ambiental de esta explotación puede calcularse si se toma en consideración que hay que remover más de 100 toneladas de roca para producir apenas una onza de oro… La Colosa, según diversas estimaciones, produciría, además, 100.000 toneladas de residuos mineros al día, más 8 toneladas de cianuro, 500 toneladas de dióxido de carbono, y utilizaría 70.000.000 de litros de agua… todo eso para producir apenas 50 kilos de oro [11]. Personalmente, no sé si el precio del mercado justifique, aún en términos estrictamente economicistas, el tremendo daño ambiental y social que esto produciría. La AngloGold hoy tiene totalmente ocupado el municipio: tiene 21 títulos mineros que copan prácticamente el 60% del municipio de Cajamarca (30.440 hectáreas), con lo cual el daño que se prevé en la zona, de iniciarse esta explotación, sería irreversible [12]
Desde el 2006 que el gobierno colombiano viene desarrollando una política agresiva en la cual se define la minería como un pilar del “desarrollo” nacional: estatus que queda consagrado en el Plan de Desarrollo Nacional del gobierno de Santos [1]. La inversión extranjera en la explotación de minas y canteras ha aumentado exponencialmente, pasando de US$ 466 millones en el año 2002, a US$1.789 millones en el año 2008, y a USD$ 3.094 millones en el 2009 [2]. Si el 2001 existían 1.889 títulos mineros en Colombia, hacia el 2010 se había dado un salto hacia los 8.928 títulos, que abarcaban 4.839.149 hectáreas de tierra. El 40% del territorio nacional, de hecho, se encuentra actualmente cedido o solicitado para la exploración minera[3].
Este proceso se da en un contexto de revitalización de un modelo económico neo-extractivista en América Latina de la mano de los precios récords alcanzados por minerales como el carbón, el oro o el petróleo en la última década. Mientras el gobierno dice que la explotación de los recursos minero-energéticos darán bienestar y bonanza a la población en general, en la práctica, casos como el de Cerro Matoso o El Cerrejón, así como mucho otros, evidencian que este tipo de explotación, hecha con toda clase de incentivos y beneficios para las multinacionales, enriquece solamente a una ínfima élite nacional y extranjera. Las comunidades locales son excluidas de los beneficios y deben hacerse cargo de los costos sociales y ambientales de estas explotaciones –recientemente, la multinacional Drummond, botó 500 toneladas de carbón al mar, hecho que ha causado indignación y perplejidad, ya que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales le levantó la sanción.
Otro ejemplo es Puerto Gaitán, en el Meta, que ha sido el municipio de Colombia que más regalías ha recibido por concepto de la explotación del petróleo. Sin embargo, los niños se mueren de hambre (13 apenas en el primer semestre del 2011) y se registra una de las tasas de mortalidad infantil más altas del país, con 61 niños por cada 1.000 nacidos, triplicando el promedio nacional. Por su parte, la población carece de servicios esenciales como acceso seguro y estable a agua potable o a electricidad, y los caminos que se han construido son solamente para permitir la salida del “oro negro” [4]. Algo no muy diferente ocurre con el Cerrejón en la Guajira: pese a las inmensas riquezas que ha generado en más de dos décadas de explotación de carbón, la población local sigue sufriendo niveles muy por encima del promedio nacional en cuanto a analfabetismo, desnutrición, desigualdad, falta de servicios básicos [5].
Estos son los elementos que permiten entender el porqué de la creciente resistencia popular en contra de los megaproyectos mineros que se viene adelantando por todo el territorio nacional colombiano.
El nuevo delirio del Dorado
Entre todas las áreas de la minería, es la del oro la cual está experimentando una de las más importantes actividades, con un gran dinamismo, pero que a la vez representa uno de los mayores peligros para la biodiversidad, la sostenibilidad ambiental y la vocación agropecuaria del país. Existen actualmente alrededor de 89 proyectos de megaminería aurífera en Colombia, la mayoría de ellos en la fase de prospección; se estima que, al menos, existen 2.015 toneladas de oro en el país (60 millones de onzas). Antioquia se lleva la “medalla de oro” concentra 47 de estos proyectos [6]. Municipios como Remedios, Caucasia o Segovia, han visto aumentar de manera bastante preocupante la violencia, asociada al avance de los paramilitares que operan en consorcio con el Ejército, acosando a los mineros artesanales en la disputa por el metal precioso (se estima que unos 40.382 mineros artesanales trabajan el oro). [7]
Hoy en día se producen 40 toneladas de oro anuales y el proyecto del gobierno es intensificar la producción hasta alcanzar las 80 toneladas hacia el 2019 [8]. La pelea no es sólo por el control de la producción del oro, sino también por el control de los títulos mineros. Según el analista Mario Valencia “El negocio es obviamente extraer el oro, pero también lo es vender acciones de las empresas que poseen los títulos mineros. Es casi lo mismo tener el oro en lingotes en los bancos que en una montaña” [9]
Las principales empresas poseedoras de títulos de explotación aurífera son la AngloGold Ashanti (por lo menos 410 títulos -391 directos, 19 a través de ‘Exploraciones Chocó Colombia S.A.S.’-, controlando, al menos, una extensión de 821.087 hectáreas) y la Continental Gold (por lo menos 135 títulos, controlando una extensión de 111.000 hectáreas); es de destacar que estas cifras son tentativas, pues estas corporaciones operan bajo distintos nombres, filiales, razones sociales, etc. Ambas empresas son socias en la explotación de La Colosa, en el municipio de Cajamarca, Tolima, siendo la AngloGold Ashanti la socia principal. Todas estas concesiones son a 30 años, prorrogables por otros 30 [10]. Se espera que la explotación de La Colosa comience en el 2019, año en que el gobierno se ha puesto por meta duplicar la producción aurífera; este sólo hecho da cuenta de que La Colosa no es un proyecto más, sino una pieza clave en el proyecto del bloque dominante.
Se calcula que La Colosa produciría unos 24 millones de onzas de oro; el costo ambiental de esta explotación puede calcularse si se toma en consideración que hay que remover más de 100 toneladas de roca para producir apenas una onza de oro… La Colosa, según diversas estimaciones, produciría, además, 100.000 toneladas de residuos mineros al día, más 8 toneladas de cianuro, 500 toneladas de dióxido de carbono, y utilizaría 70.000.000 de litros de agua… todo eso para producir apenas 50 kilos de oro [11]. Personalmente, no sé si el precio del mercado justifique, aún en términos estrictamente economicistas, el tremendo daño ambiental y social que esto produciría. La AngloGold hoy tiene totalmente ocupado el municipio: tiene 21 títulos mineros que copan prácticamente el 60% del municipio de Cajamarca (30.440 hectáreas), con lo cual el daño que se prevé en la zona, de iniciarse esta explotación, sería irreversible [12]
Mapa con los títulos mineros en Cajamarca, la mayoría de la AngloGold Ashanti (en rojo)
Militarización y Minería
“La fuerza pública protege la gran inversión privada y los paramilitares evitan la protesta social y presionan el desplazamiento” (CODHES, ¿Consolidación de qué?, Febrero 2011 [13])
Militarización y minería van estrictamente de la mano en el marco del conflicto colombiano: no es casual que ahí donde se incrementan las acciones contrainsurgentes, haya intereses de carácter económico. El 30% de la Fuerza Pública (unos 100.000 uniformados), está puesta al servicio de las empresas minero-energéticas, resguardando sus inversiones en infraestructura, a sus ejecutivos y contratistas, acallando las protestas de las comunidades, y muchas veces de mano de paramilitares, “limpiando” el terreno.
También los soldados se dedican a erradicar cualquier forma de “competencia” para las megamineras transnacionales. Siguiendo una política estricta al servicio de los grandes capitales, toda forma de producción campesina o artesanal está siendo ilegalizada en Colombia: lo mismo ocurre con la minería artesanal, la cual de un tiempo a la fecha, es llamada por los medios y funcionarios de gobierno, minería “ilegal”. Dejando muy en claro que la ley colombiana está en lado del capitalista, de preferencia si es extranjero, se han aprobado decretos para atacar a los mineros artesanales y se les señala frecuentemente en los medios de ser financiadores de la insurgencia para “justificar” así este ataque en nombre de la contrainsurgencia. Así, el Estado violenta la subsistencia de más de 300.000 familias (cinco millones de personas) que dependen de la minería artesanal, a fin de mejor servir a las empresas mineras multinacionales [14].
En este marco de creciente militarización, 573 minas de las llamadas “ilegales” han sido intervenidas [15]. Esta militarización, y la consecuente presencia de bandas paramilitares al alero del ejército para que realicen el trabajo sucio, redunda en crecientes atropellos y violaciones en contra de las comunidades. En los últimos diez años, según las Brigadas de Paz Internacionales, el 80% de las violaciones a los derechos humanos y el 87% de los desplazamientos en Colombia han ocurrido en regiones donde se desarrollan megaproyectos de explotación minera (existen 42 distritos mineros compuestos por 328 municipios); así mismo, el 78% de los atentados contra sindicalistas fueron contra aquellos que trabajan en el área minero-energética [16].
FOTO: J.A.GUTIÉRREZ D. / Paisajes de Anaime, Cajamarca, Tolima. Todo esto se está hipotecando por la locomotora minera
En la zona de Anaime, Cajamarca, desde la
llegada de la AngloGold se ha incrementado notablemente la militarización de la
vida de la comunidad, afectando al tejido social. Un líder comunitario de la
región, Yesid Muñoz, del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca, nos dice del
ambiente de militarización que se vive en Anaime que:
“La AngloGold tiene a mucho campesino trabajando para ellos. Los pocos muchachos que quedan en el campo el ejército los persigue los días domingo y los recluta a las malas. Quiero que el gobierno colombiano explique cuál es la diferencia cuando critican que la guerrilla recluta muchachos de 16 años, cuando ellos los persiguen como locos para reclutarlos (…) El ejército tiene una base militar acá en La Colosa, es para proteger a los empresarios, a los directivos y al personal de la AngloGold, protegen el daño que están haciendo (…) La militarización acá usted la ve a lo largo de toda la carretera panamericana, en los ramales. Al borde de esos caminos usted ve casas miserables de invasión ¿qué es lo que cuida el ejército? Acá no hay ni ricachones ni terratenientes, lo que buscan es intimidar al campesino, al pueblo.”
Cuando las
personas de la comunidad se han pronunciado en contra de la AngloGold, ha
comenzado la estigmatización: toda forma de oposición es asimilada a expresiones
civiles de la insurgencia, y por tanto reciben trato militar.
El día 22 de Febrero, se celebró una “Mesa Ciudadana Ambiental” en Ibagué (en la cual el rechazo de la comunidad al proyecto fue evidente) y los periódicos captaron los intercambios de mensajes entre el vicepresidente de sostenibilidad de la AngloGold, Rafael Hertz, y el encargado de comunicaciones de La Colosa, Iván Malaver, en el que uno decía: “identificaron en el público de los opositores a varios guerrilleros de Anaime”. A lo que el otro contestó: “Entendido perfectamente” [17].
Ante estas acusaciones, Yesid Muñoz, sencillamente se encoge de hombros: “A mí me consideran revolucionario, pero eso no es pecado, Cristo fue un revolucionario, y yo quiero la revolución que Cristo nos enseñó.”
Una dirigenta de una Junta de Acción Comunal (JAC) de la región, nos explicaba en Noviembre, en base a su experiencia directa, esta relación entre el ejército y la multinacional:
El día 22 de Febrero, se celebró una “Mesa Ciudadana Ambiental” en Ibagué (en la cual el rechazo de la comunidad al proyecto fue evidente) y los periódicos captaron los intercambios de mensajes entre el vicepresidente de sostenibilidad de la AngloGold, Rafael Hertz, y el encargado de comunicaciones de La Colosa, Iván Malaver, en el que uno decía: “identificaron en el público de los opositores a varios guerrilleros de Anaime”. A lo que el otro contestó: “Entendido perfectamente” [17].
Ante estas acusaciones, Yesid Muñoz, sencillamente se encoge de hombros: “A mí me consideran revolucionario, pero eso no es pecado, Cristo fue un revolucionario, y yo quiero la revolución que Cristo nos enseñó.”
Una dirigenta de una Junta de Acción Comunal (JAC) de la región, nos explicaba en Noviembre, en base a su experiencia directa, esta relación entre el ejército y la multinacional:
“Yo entiendo que el ejército trabaja con la AngloGold, les pagan para que los custodie y así nos han venido metiendo esto de la militarización. Si uno no está de acuerdo con la empresa, pues ahí mismo a uno la tildan de guerrilla. Hay muchos abusos de autoridad, lo miran a uno y como hay gente que soplonea que una ha estado contra la AngloGold, entonces ahí llegan a joderle la vida a uno. Pero es que uno tiene que mirar al futuro, y estamos dispuestos a todo con tal de que el proyecto no se dé porque nos va a afectar mucho y a las generaciones que siguen”.
Carlos Gámez, de la Unión Campesina de Los Alpes, Tolima (UCAT) explica el giro orwelliano de la militarización en Cajamarca: “El ejército tiene un batallón allá a favor de ellos, para atajar a las comunidades y que ya no transiten por los caminos que antes transitaban. Están imponiendo un control muy tenaz sobre las personas, poniendo cámaras por todos lados, cosa que si uno habla queda todo grabado en cámara.” Fernando Pérez Sánchez, coordinador de OSADA (Organizaciones Sociales del Cañón de Anaime), ratifica estas mismas aseveraciones “El ejército les dio un batallón al servicio de ellos y los líderes estamos supervigilados, nos han grabado a todos”.
Aunque ahora los ejecutivos de la AngloGold salgan con cara de “yo no fui” a decir que ellos jamás han tratado a nadie de guerrillero, ya en Noviembre, corrían rumores entre los campesinos de la comunidad que directivos de la empresa andaban diciendo que el ejército iría a abrirle campo a la AngloGold Ashanti, corriendo a esos “guerrilleros” y “revoltosos” de Anaime. Y cuando el río suena, es porque piedras trae.
El oro no se come
A mi llegada a Anaime, un campesino me explicaba que el Tolima era como el paraíso, y que Cajamarca era el vergel del Edén. No es en vano que Cajamarca ha sido llamada la despensa agrícola de Colombia. Las laderas de los montes de esta región rebozan de verdor, en ellos prospera casi cualquier cosa que se cultive, el café, los plátanos, la arracacha.
Cajamarca, sin ir más lejos, provee el 10% de la comida que se consume en Bogotá [18], con lo cual el impacto que tiene el cambiar la vocación productora de alimentos de esta región para reorientarla hacia la explotación aurífera, es de carácter potencialmente catastrófico.
Los campesinos dicen que ya se están viendo los efectos de la megaminería en detrimento de la producción de alimentos. La misma dirigenta de la JAC señala:
“AngloGold le ofrece a los campesinos sueldos de hasta 800.000 pesos al mes, con lo cual han dejado de labrar la tierra. Pero la mayoría de esta plata es como un espejismo, porque se les va en pagar transporte y comida. Hay que pensar a más largo plazo que en la plata que le pagan en un mes, porque nos están afectando el agua, están robando el agua y eso está afectando nuestro medio ambiente. Y aunque quizás ahora no veamos todas las consecuencias tarde o temprano las tendremos que ver.”
Carlos Gámez, de la UCAT
explica:
“Se nos va a dañar el agua, nos van a afectar los terrenos de cultivo… nos está generando desplazamiento… andan comprando tierras y sacando campesinos que producen alimentos para el país. Están generando enemistad y contrariedad entre los vecinos, están ejerciendo presión sobre la gente que está en desacuerdo para tratar de voltear la forma de pensar de la gente que lidera procesos a informa a los campesinos por acá. Andan diciendo a la gente que esas personas son mentirosas, que el proyecto es lo mejor para Cajamarca.”
FOTO: J.A.GUTIÉRREZ D. / Los productores locales de leche también serán afectados.
Fernando Pérez Sánchez, de
OSADA, corrobora el impacto de la AngloGold no sólo en la misma producción de
alimentos, sino que también sobre el tejido social de las comunidades campesinas
que es el que, en última instancia, sustenta este modo de producción: “el
proyecto está afectando a las comunidades campesinas, engañándolas y
dividiéndolas. En la parte económica hacen creer a la gente que la agricultura
no da nada y que la minería es la mejor opción.”
El malestar de los campesinos en la zona en contra de la multinacional es parte del malestar que recorre a todo el campo colombiano y que estas semanas se ha expresado en las protestas masivas de los cafeteros y cacaoteros. Es resultado de la ruina a que ha llevado al campesino el aperturismo neoliberal y los Tratados de Libre Comercio, así como a la secular política de despojo contra los campesinos. Yesid Muñoz nos señala, haciéndose eco de la creciente rearticulación del movimiento campesino y de sus demandas, que:
El malestar de los campesinos en la zona en contra de la multinacional es parte del malestar que recorre a todo el campo colombiano y que estas semanas se ha expresado en las protestas masivas de los cafeteros y cacaoteros. Es resultado de la ruina a que ha llevado al campesino el aperturismo neoliberal y los Tratados de Libre Comercio, así como a la secular política de despojo contra los campesinos. Yesid Muñoz nos señala, haciéndose eco de la creciente rearticulación del movimiento campesino y de sus demandas, que:
“AngloGold Ashanti no nos puede engañar con sus carteles de que hay que hacer al campo productivo y competitivo, cuando lo que quieren es sacar a los campesinos de la zona. Todos los días la tele nos engaña mostrando cosas ficticias pero acá usted ve la realidad. El gobierno tiene al campo muy mal, no les interesa el campesino, y luego se hacen socios con estas empresas multinacionales dicen que para crear empleo, pero a ellas les dan todo, todos los recursos que le niegan a los campesinos de Colombia. Mire que el gobierno le hizo todas esas carreteras a AngloGold y nosotros pidiendo carreteras durante cien años. Con un campo tan productivo como el que tenemos lo que queremos es apoyo para producir”.
La locomotora que intenta
avanzar ante un pueblo que no se deja avasallar
El entorno de La Colosa es un microcosmos en el que se reproducen todas las contradicciones del actual Plan de (Sub)desarrollo Nacional impulsado por el gobierno de Santos (el cual es la elaboración de la propuesta uribista de país, no su negación): la contradicción entre Capital rentista y Capital productivo, entre comunidades y Capital multinacional, entre la vocación productora de alimentos y la ilusión extractivista, entre el desarrollo social sostenible y el desarrollo macroeconómico, entre el campesino y el tecnócrata-militar-
En este territorio, se expresa con todo su peso la historia de contradicciones de Colombia. El caso de La Colosa es paradigmático de un modelo que para la mayoría genera pobreza y hambre, en medio de la riqueza y la abundancia de unos pocos.
El entorno de La Colosa es un microcosmos en el que se reproducen todas las contradicciones del actual Plan de (Sub)desarrollo Nacional impulsado por el gobierno de Santos (el cual es la elaboración de la propuesta uribista de país, no su negación): la contradicción entre Capital rentista y Capital productivo, entre comunidades y Capital multinacional, entre la vocación productora de alimentos y la ilusión extractivista, entre el desarrollo social sostenible y el desarrollo macroeconómico, entre el campesino y el tecnócrata-militar-
En este territorio, se expresa con todo su peso la historia de contradicciones de Colombia. El caso de La Colosa es paradigmático de un modelo que para la mayoría genera pobreza y hambre, en medio de la riqueza y la abundancia de unos pocos.
Afiches de movilizaciones contra La Colosa
Pero es también importante, en este punto, destacar que el pueblo de Cajamarca y las comunidades rurales del municipio no son “víctimas” inermes que se cruzan de brazos ante su fatalidad, para clamar que terceros hagan justicia por ellos. Estamos ante un pueblo que ha sido oprimido, reprimido, violentado, victimizado, pero que mantiene intacta su dignidad. Un pueblo berraco que lucha y que se niega a la pasividad, que reclama su derecho a ser agente activo del cambio. Un pueblo que teje solidaridad, que estrecha brazos y manos, que trabaja, sueña y crea.
El dinamismo de la lucha por la defensa de la vida y contra La Colosa es enorme, según nos explica una compañera que participa del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca:
“se han realizado cuatro marchas carnavales en Ibagué, que han movilizado hasta 30.000 personas contra el proyecto de La Colosa y en defensa del agua. También ha habido seminarios y vigilias en Anaime, 2 encuentros de ECOVIDA, con los que la población pudo empezar a enterarse de primera mano del proyecto, porque la empresa que llevaba ya varios años con diferentes nombres, nunca había informado nada. El primero de agosto del año pasado se hizo la movilización nacional contra la locomotora minero-energética y se movilizaron 1.000 personas en Cajamarca, lo que es muy significativo. También está la acción popular de Usocoello, la organización que agrupa a los usuarios campesinos del Rio Coello, contra el proyecto minero… de este río dependen unas 800.000 personas, o sea, el impacto de La Colosa es impresionante. El 22 de Febrero las autoridades municipales de Piedras, de la ONIC, del CRIC, de la Universidad del Tolima, de Fedearroz, de los comités ambientales, unieron sus posiciones y escucharon un informe de las preocupaciones de la Contraloría por los impactos ambientales de este megaproyecto… ese día se rechazó totalmente el proyecto, y ante la cantidad de indicadores sobre los riesgos así como la presión popular, el mismo gobernador fue forzado a posicionarse en contra. Ese evento del 22 de Febrero fue una cosa muy importante. Ayer 7 de Marzo a la Universidad Cooperativa de Ibagué asistieron más de 500 líderes comunales y sociales de Ibagué, académicos, ambientalistas, y se rechazó unánimemente a La Colosa”
Esta actividad va de la mano de una importante tarea
organizativa, que refuerza el tejido social de estas comunidades, rica en formas
organizativas ya presentes en la zona, en la forma de JAC, organizaciones
sindicales y campesinas, grupos juveniles, grupos ambientales, etc.:
“Los campesinos se han organizado en comités ambientales, como el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca, que reúne 17 expresiones organizadas del territorio, líderes de Juntas de Acción Comunal, campesinos, ambientalistas… nosotros estamos a favor de la defensa del agua, de la soberanía alimentaria y territorial, no es que no queramos el progreso de la región… está también el Comité Ambiental por la Defensa de la Vida, que funciona en Ibagué, y está también el Comité Ambiental del Sur del Tolima. Hay otro Comité por la Defensa del Río Opía, en Piedras, y ahí la resistencia tiene al alcalde y al consejo en pleno de su lado. Está también el Comité por la Defensa del Río Lagunillas en el Líbano. En todos los municipios del Tolima vienen gestándose comités y colectivos que han identificado que la lucha de los próximos años es por el uso del suelo, que es una lucha social y ambiental, que es una lucha también por si éste lo explota una multinacional o todos nosotros. Es importante también destacar que existe un Comité Ambiental de Apoyo al Tolima en Bogotá.”
Consultada sobre el potencial que significa la lucha de Anaime
en el contexto actual de auge de las luchas populares en Colombia, dice esta
compañera que:
“la región compuesta por Cundinamarca, Meta, Boyacá, Tolima, las fronteras con el pie de monte llanero y Quindío, las salidas al sur del país, es central… digamos que el Tolima es el epicentro del conflicto social y territorial que se está viviendo en el país: tenemos el proyecto minero más grande de todo el continente, más el tema de las siete hidroeléctricas en el Tolima, el tema de la infraestructura y las carreteras para el TLC, la navegabilidad del río Magdalena, hay más de cinco batallones de todo tipo en la zona y está la base militar de Palenquero, de Puerto Salgar, en convenio con los Estados Unidos, y tenemos toda el área de consolidación del sur del Tolima. Hay una reorganización del país, y esta zona central es la plataforma logística, financiera y de control del conflicto social, porque acá está también el centro urbano del país. El Tolima adquiere una relevancia política que ha tenido en otros momentos, que lo tuvo en la guerra del os mil días y en la Violencia. Hoy concentra una gran importancia financiera y también en términos de las luchas sociales”.
Tolima está en el corazón de Colombia, en una zona de importancia geoestratégica, de importancia por sus recursos hídricos y minerales, una zona de gran fertilidad. El departamento comienza a ser escenario de grandes movilizaciones, de los cafeteros y de los campesinos, así como de oposición a megaproyectos minero-extractivos e hidroeléctricos. El gobierno sabe la importancia estratégica de esta región y por eso ha convertido este territorio en un importante escenario de la llamada “consolidación militar”. Pero no cuenta en sus cálculos con la fuerza de un pueblo que no está dispuesto a dejarse pisotear ni por la bota militar, ni dejarse avasallar por la locomotora minera. Y que lo están demostrando en la práctica con su resistencia.
NOTAS:
[1] http://www.polodemocratico.
[2] Agua o Minería, un debate nacional, Tatiana Rodríguez y Danilo Urrea, CENSAT Agua Viva, 2011, p.4
[3] Colompbia, Boletín Informativo No.18 de PBI Colombia, Noviembre de 2011, pp.4-5.
[4] http://www.semana.com/nacion/
[5] http://www.dinero.com/
[6] Ahumada, Omar “El ‘boom’ apenas empieza en el país”, El Tiempo (Suplemento ‘debes leer’), p.2, 2 de Diciembre, 2012
[7] http://www.prensarural.org/
[8] http://www.portafolio.co/
[9] “Los Dueños del Oro”, El Tiempo (Suplemento ‘debes leer’), p.3, 2 de Diciembre, 2012
[10] Ibid, Algunas mineras están negociando algunas de las 52 cédulas reales, para que no quede duda del tufillo colonial de la actual política de minas, las cuales serían explotables a perpetuidad.
[11] Ibid, p.4. Los campesinos de la región, sospechan que no sólo hay oro en La Colosa y que eso determina otra clase de intereses. Nos decía un campesino que “se sabe de buena fuente que ahí también hay uranio, que se lo llevan con escoltas para el aeropuerto”.
[12] Agua o Minería, p.8
[13] http://www.codhes.org/images/
[14] http://www.eltiempo.com/
[15] Agua o Minería, p.6.
[16] Colompbia, p.3-6.
[17] http://www.elnuevodia.com.co/
[18] Agua o Minería, p.8
(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de "Problemas e Possibilidades do Anarquismo" (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro "Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina" (Quimantú ed. 2010).
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