Minería ilegal, en expansión

Estudio del DAS demuestra que la relación de esta práctica con la influencia de los grupos armados ilegales sigue en aumento. Recomiendan al Gobierno establecer mejores políticas para controlar el fenómeno.

 

La minería ilegal en el país debe convertirse en un asunto de Estado, para evitar su proliferación en el país. / Archivo

 

El 50% de las minas en el país son ilegales y muchas están dominadas por grupos armados al margen de la ley. Por esto el DAS le sugirió al Gobierno asumir la minería como asunto de Estado, “debido a que está provocando graves consecuencias para el país en términos de seguridad, economía, ambiente y estabilidad social”. Esta es la principal conclusión de un informe que el organismo de inteligencia presentó el pasado 28 de septiembre.

Según el estudio, que conoció El Espectador, las Farc son las que más influencia ejercen en este sector, con presencia en departamentos como Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Guainía, Putumayo y Tolima. Las sigue el Eln, con presencia en Bolívar, Nariño y Santander, y finalmente las bacrim, con dominio en Antioquia, Córdoba, La Guajira y Valle del Cauca.

El mayor problema se concentra en departamentos como Bolívar, Guainía, Risaralda, Tolima y Valle. Entre los minerales más perseguidos está primero el oro, luego la plata, el carbón, el coltán y la esmeralda. “El país enfrenta una dinámica económica de gran impacto regional derivada de minería, la cual tiene la potencialidad de convertirse en asunto de interés estratégico para el desarrollo nacional”, agrega.

El informe hace un análisis desde lo estratégico, lo ambiental y lo social de un problema que crece y en pocos años, de no existir una política pública contundente, estará fuera de control. Por eso, el organismo insiste en que el Gobierno debe prestarle la debida atención.

Resalta que entre las dificultades para diseñar una política pública para la minería está “la ausencia o percepción difusa frente a que los recursos naturales constituyen un bien estratégico y por tanto su protección debe ser tenida como un asunto de interés nacional”, dice.

“Se debe establecer una política que piense en el medio ambiente, en respetar la cultura de la minería artesanal, en promover procesos de explotación sustentables que generen recursos para las comunidades en zonas mineras y, de paso, combata la ilegalidad y blinde esta actividad de la acción de los grupos ilegales”.

Ilegalidad y minas

Detrás de la minería ilegal hay todo un caldo de cultivo, en el que convergen las necesidades de la gente y la ambición de los ilegales, alrededor de un negocio rentable que ha atraído a los grupos armados ilegales a la cadena de explotación y comercialización. A cambio de protección de los mineros ilegales, buscan financiación para sus actividades. Para reemplazar las prácticas tradicionales, para aumentar la producción, se ha aumentado también el uso de maquinaria pesada, importada por “una mafia que está dedicada a la venta de retroexcavadoras y dragas”.

La combinación del narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión ejercida por grupos ilegales, han hecho más complejo y difícil el ataque al fenómeno.

Hay situaciones como la de la costa pacífica caucana, que es una de las zonas ambientales más importantes del país y se ha visto afectada por la presencia de grupos delincuenciales imponiendo la minería ilegal. Las comunidades negras han sido las más afectadas, al ver cómo las Farc han intervenido en sus comunidades.

En el Cauca, casos como el del municipio de Timbiquí y Santander de Quilichao, son representativos. Allí hay presencia de las Farc y ‘Los Rastrojos’, que se están enfrentando por dominar zonas donde operan la maquinaria pesada para la minería. Allí, según el DAS, existen casi 70 retroexcavadoras. Incluso, señalan como responsables de esta situación a los mandatarios permisivos y algunos con intereses económicos en la explotación.

En Guainía, por ejemplo, la falta de empleo ha hecho que muchos encuentren en esta actividad su sustento. La guerrilla domina la zona y es la que establece el impuesto del 10% de la producción diaria. Los mineros ilegales hacen acuerdos con las comunidades indígenas para ejercer su actividad, a cambio de pagos con gramos de oro. Junto a esto han proliferado las compraventas y las fundiciones.

Igual sucede en Tolima, donde han aumentado las retroexcavadoras y las dragas. Las Farc cobran el 10% de las ganancias diarias. Hay minas en las que cobran una tarifa fija, como en Cañón San Romualdo, donde deben pagar $30 millones como extorsión a la columna ‘Jacobo Prías’. El cierre de las minas ilegales dejó a casi tres mil personas sin empleo.

En el Valle del Cauca las que mandan son las bandas criminales. Han obligado a los mineros artesanales a trabajar en sus minas. A los que trabajan por su cuenta les cobran el 10% de las ganancias. Dicen que detrás de esta actividad estaría alias Donaldo, narcotraficante y dueño de las retroexcavadoras.

En el sur de Bolívar hay casi 100 retroexcavadoras. El Eln cobra por cada máquina y a los mineros. En algunos casos establecen tarifas multimillonarias y en otros el 5% de la producción. En Nariño se dio un fenómeno particular y es la alianza entre las Farc, el Eln y narcotraficantes para explotar ilegalmente las minas.

Todo este movimiento tiene una razón: en el país falta control a la comercialización de productos mineros extraídos ilegalmente, lo que genera circulación de efectivo para las actividades terroristas y del narcotráfico. Además, la falta de control eficiente en temas ambientales, legales y del uso de la maquinaria.

“En el último semestre las autoridades han adelantado una fuerte ofensiva contra la minería ilegal. Sin embargo, la explotación de estos recursos naturales continúa y de no concretarse acciones contundentes para neutralizarla, es posible que en los próximos años se dé un aumento acelerado de la misma”.
El Espectador 4 de Octubre, 2011