El espectador Septiembre 23
En el departamento de Madre de Dios, la minería no sólo es responsable de la destrucción de decenas de miles de hectáreas de selva —hecho conocido de tiempo atrás— sino de graves violaciones a los derechos humanos, como la trata de menores, y, mucho peor, de un poder político que enfrenta y busca tomarse el Estado. Un congresista quiere aparecer públicamente como vocero de intereses legítimos de una población que vive de la minería. Propone derogar los instrumentos jurídicos que el anterior gobierno de García dejó para combatirla, mientras es presuntamente partícipe de recibir de los ilegales pagos en kilos de oro. Imposible no recordar la toma del poder político por parte de los ilegales en torno al “oro blanco” en Colombia, lo que ahora podría trasladarse a la minería del oro, si es que no lo ha hecho ya.
La similitud del proceso peruano con la situación actual de Colombia es altamente preocupante. No es tiempo de eufemismos: aquí y allá, en tiempos diferentes, se despliega una guerra del oro. Entre nosotros, la única forma de ganarla es previniéndola a tiempo.
En el campo se viven desplazamientos, amenazas y asesinatos de líderes sociales, que caracterizan a su vez a algunos territorios que funcionan como “liberados”. En las ciudades las autoridades son capturadas por poderes que están ligados con las nuevas mafias. Y el asunto a lo sumo se deja en manos de las autoridades ambientales o mineras, mientras los gobiernos, sin una contabilidad integral de la economía, parecen embelesados por las cifras de crecimiento.
Es urgente reconocer que la minería legal y la ilegal no son actividades completamente independientes. No basta, pues, con valorar la minería legal. Además, una mirada sectorial es completamente insuficiente, pues los ingresos y pasivos saltan de una actividad económica a otra y de un grupo de población a otro, e incluso pueden llegar al corazón del Estado. Por eso el mapa de títulos mineros de Colombia causa estupor; prefigura lo que podría ser el conflicto que estamos listos a dejar a la siguiente generación.
En los territorios de baja gobernabilidad, el Estado sólo debería promover la formalización y reconversión ambiental de la minería artesanal, siguiendo modelos conocidos como “oro verde”. En el resto se debe declarar una moratoria, hasta que las condiciones estén dadas para una minería responsable que contribuya a la prosperidad para todos. Una de ellas sería la urgente revisión de las regalías —palabra que aquí se identifica con regalo—, para generar transferencias con el fin de formalizar y reconvertir el sector informal. Además, se requiere la aplicación de procedimientos mínimos de buen gobierno. Como ha preguntado el economista Guillermo Rudas, ¿dónde están los 150 a 450 mil millones de pesos anuales que deben pagar como canon superficiario los 4,8 millones de hectáreas con títulos mineros otorgados?
La flagrante omisión debería estar acompañada de una cancelación masiva de títulos mineros. La minería, que en situaciones normales podría ser motor de una economía sana, se está convirtiendo, en los países andinos, en un desestabilizador de la democracia que llama a un urgente control por parte del Estado y a la creación de acuerdos de corresponsabilidad internacional. Son muchos los sitios en donde ya se trata de una locomotora pero, lamentablemente, una de la vergüenza. La problemática de corta espera dio lugar a dos nuevos ministros: Frank Pearl (de Medio Ambiente) y Mauricio Cárdenas (de Minas), dos economistas preparados en su experticia que deberán poner un ojo crítico a todo este nuevo boom de la minería en el país. No sólo para que rinda sus mejores frutos a nivel comercial como una “locomotora” prioritaria de este Gobierno, sino, sobre todo, para que cumpla los requisitos mínimos —ambientales, laborales, de desempeño— que la ley exige. Falta esperar un tanto.
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