La extracción de recursos naturales es el más patético y rentable de los sectores económicos que impulsa el capitalismo, porque con él, llega la inestabilidad social, el desequilibrio ambiental, el desplazamiento indigno de poblaciones raizales e indígenas y un incalculable y desproporcionado incremento del capital transnacional; tal es el caso de la ‘gran minería’, que busca extraer una pequeña cantidad de minerales que se encuentran diseminados en grandes extensiones de tierra, dejándolas inservibles, porque simplemente, se han acabado los grandes yacimientos mundiales donde había alta concentración de estos materiales.
Y así sucederá en Colombia, donde actualmente está solicitado en concesión el 40% del territorio nacional para la explotación minera a ‘cielo abierto’, bajo la complicidad de una clase dirigente arrodillada y sumisa a los intereses del capital privado. Así lo hizo Uribe con su política de ‘confianza inversionista’, mediante la cual otorgó garantías y grandes beneficios al capital extranjero, como lo demuestran las cifras oficiales del Banco de la República, en que, durante los últimos tres años, entraron al país 1.500 millones de dólares en inversión extranjera, pero a su vez, salieron 55.000 millones de dólares que retornaron a sus inversionistas; eso confirma que en términos de beneficios para el país, es más lo que se pierde, que lo que se gana.
En la lógica del libre comercio, la apertura económica y la globalización neoliberal, surgen leyes tan obtusas y desfavorables como el Código de Minas (Ley 685 de 2001), impuesto y asesorado por el gobierno canadiense y, en el que surgen iniciativas como: la exclusión del Estado de la actividad minera, la aprobación oficial de la minería a cielo abierto y la no diferenciación legal entre pequeña y gran minería; además, en su Artículo 13, se declara irónicamente que la industria minera es de utilidad pública e interés social, permitiendo que para esta actividad, se pueda solicitar el cambio de uso de suelo de las Reservas Naturales, por lo tanto, se aprueba la ‘Sustracción’ de minerales de las zonas ambientalmente protegidas, contradiciendo que son ‘Excluibles’ en el Artículo 34 de la misma ley. Así mismo, en el Artículo 37 se quita la posibilidad a las autoridades municipales de prohibir la minería en sus territorios, se permite la explotación de ríos y causes de agua hasta en 5.000 hectáreas y, no es explícita la prohibición de la minería en páramos. Para rematar, este Código de Minas deja la posibilidad de explotar cascos urbanos (ciudades), construcciones rurales, zonas de interés (arqueológico, histórico o cultural), playas, espacios públicos, zonas construidas o mineras de comunidades indígenas y negras.
Sin embargo, gracias a la Corte Constitucional en varias Sentencias, se ha logrado obstaculizar estas insensateces legislativas, por ejemplo: en la sentencia C-292 de 2002, se destaca la ‘prevalencia del derecho colectivo al ambiente sano, frente a derechos de carácter particular’. En la sentencia C-339 de 2002, se recalca que ‘la restricción de la minería en el perímetro urbano de las ciudades y poblados se encuentra sujeta a las normas ambientales de ordenamiento territorial vigentes’. Y más recientemente, la Sentencia T-769 de 2009, aclara que es deber del Estado no sólo consultar a las comunidades que sufrirían eventualmente el impacto de la minería, sino también ‘obtener su consentimiento libre, informado y previo, según sus costumbres y tradiciones’. Esta última Sentencia es resultado de la gallardía y resistencia de la comunidad indígena Embera del Alto Guayabal en el Resguardo Urada en Antioquia, que ha logrado proteger su patrimonio cultural y territorial, luego, claro, de perder varias tutelas, denunciando el bombardeo recibido por parte de las tropas de la décimo séptima brigada del Ejército Nacional, en un intento criminal de facilitar las exploraciones de la compañía transnacional norteamericana, Muriel Mining, en enero de 2010.
No se ve tan desolador el panorama y se demuestra que sí existen herramientas para resistir los ultrajes de los megaproyectos mineros transnacionales, pero ¡seamos francos! esa locomotora autodenominada por Santos en campaña, será muy difícil detenerla por las estrategias que se han y siguen siendo desarrolladas; por ejemplo, en un informe oficial del Ministerio de Minas y Energía, preparado por unas firmas canadienses de dudosa existencia (‘International Resources’ e ‘Investment Corporation’), se muestran las supuestas fortalezas del sistema tributario en Colombia para ‘apoyar la productividad y competitividad del sector minero’. Respecto a dicho documento, el profesor, Julio Fierro Morales, geólogo, investigador y catedrático de la Universidad Nacional de Colombia, afirma: “La tasa más baja de impuesto sobre utilidades y ganancias hacia el exterior y un bajo impuesto de retención sobre servicios de ingeniería extranjera, recomienda además, reducir los aportes obligatorios del empleador, intentar bajar las tasas de regalías, por mencionar algunos detalles… y por eso es ignominioso, es entregar todo por nada, ¿éstas son las políticas de la locomotora que nos va a sacar de pobres? Todas estas cosas deben comenzarse a pensar ahora que se viene una posibilidad de modificación al Código de Minas”.
Por otro lado, vale la pena echar un vistazo escueto a información extraída de los datos oficiales e informes de las transnacionales interesadas en nuestros minerales, que resultan interesantes para visibilizar el desequilibrio de la gran minería. Por ejemplo, la basura que produciría un solo proyecto minero en una semana, es lo que Bogotá produce en un año (182.500 toneladas). Un solo proyecto a cielo abierto quemaría 63 millones de ACPM al año y 12 mil toneladas de explosivo anfo. En el caso del oro, por cada 1 gramo destruirían 1 tonelada de roca. Al demoler el suelo y las montañas quedarían expuestos al aire y el agua, peligrosos químicos que en su estado y lugar natural no causarían daño, como el Cianuro, el Mercurio y el Arsénico. En términos de regalías, Colombia seguiría con las más bajas de América latina (carbón 10%, oro 3.2%). Y un ejemplo más puntual, la AngloGold Ashanti, tendría, aparte de las 500.000 hectáreas ya tituladas, 4.5 millones que se encuentran en solicitud, es decir, el 5% del territorio nacional. El profesor Fierro asegura que “pasar de la solicitud al título minero, es sólo cuestión de trámite y espera, para lo que esta compañía tiene dispuestos entre 6 y 7 millones de dólares al año… la corrupción es enorme.”
¿Esto es soberanía? ¿Es el desarrollo que le espera a Colombia? Los daños ambientales evidentemente son irreparables y a pesar de ser la minería una de las actividades más antiguas del hombre, no cambia el hecho del impacto negativo tan grave que tendrá ambiental y socialmente la minería a cielo abierto, porque en las mismas lógicas, a la comunión entre gobierno y transnacionales, se le suma la mano negra de la fuerza pública y el paramilitarismo, donde además del humillante destierro, existen claras manifestaciones de violación a los Derechos Humanos, como lo ocurrido el 12 de marzo de 2001 en la zona rural de Bosconia, en el Cesar, cuando fueron asesinados, por orden de la compañía norteamericana Drummond, los líderes sindicales Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya; así lo señaló el paramilitar extraditado, Rodrigo Tovar (Jorge 40), quien fue asignado por esta transnacional para comandar el crimen que pretendía evitar obstáculos en contratos multimillonarios.
Es por todo esto que la sociedad civil no puede aceptar la minería a cielo abierto en Colombia, porque no se trata solamente de intrigas políticas, leyes ajustables, violaciones a los derechos humanos, genocidios y destrucción del medio ambiente, sino, peor aún, que se utilizan sucias jugarretas en las comunidades para ejercer presión o desalojo de sus territorios, insertando prácticas degradantes para las culturas tribales, como la prostitución y el juego. Sin embargo, las comunidades indígenas, por ser los legítimos propietarios de este país, saben poner resistencia, viven en equilibrio con su entorno y son cultural y socialmente estables, por lo tanto, no necesitan del aparente ‘desarrollo’ que promete el capitalismo con la minería en sus tierras. Así lo manifestaron unánimemente líderes indígenas de Chocó, Antioquia, Cauca, Caldas, Tolima, Santander y Guajira, en el ‘Encuentro de Acción Colectiva y Megaproyectos Mineros’, realizado en la Pontificia Universidad Javeriana, el 18 y 19 de mayo y, en donde se socializaron y discutieron conocimientos y experiencias alrededor de la gran minería en Colombia, como punto de partida para generar empoderamiento social y acciones concretas de resistencia frente a la llegada de este apocalipsis.
Conviene entonces reflexionar sobre los argumentos y pruebas expuestos en este texto, para tomar partido y conciencia del terrible impacto ambiental y social que traerán las transnacionales mineras; porque, siendo aún más claros, imagine usted, lector, que un parásito durante más de 10 años llenará de huecos casi la mitad de su cuerpo, extrayendo su corazón, hígado, pulmones y riñones por unas cuantas monedas… ¿Queremos realmente un país minero? Recuerde: cuando sabemos que algo está mal y no hacemos nada, somos cómplices… y ahora sabemos demasiado.
Por: Miguel Corzo F.
(Grupo de Investigación Memoria e identidad colectiva a través de la subjetividad)
miguelcorzo@gmail.com
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