Bogotá, julio 29 de 2014
Doctor
IGNACIO MANTILLA
Rector
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
E.S.D.
"Existen, en realidad, dos cosas: ciencia y opinión. La primera engendra
conocimiento, la última ignorancia".
Hipócrates de Cos (460 AE - 370
AC)
Señor Rector:
En fechas recientes recibí de
parte de profesionales de Unimedios copia de la carta enviada por el señor
Jaime Galvis respecto a una columna escrita por mi y publicada en UN Periódico a
cerca de los riesgos que implica la apuesta extractivista de hidrocarburos en
la Orinoquia, la cual se dio en el marco de mi participación en un foro que
sobre las prospectivas para esa región planteó su despacho.
La carta de Galvis es un
compendio de opiniones infundadas, con términos desobligantes y argumentos ad-hominem, comportamiento que
desafortunadamente predomina entre los colegas que defienden los sectores
minero y petrolero. La discusión sobre el modelo de desarrollo del país debe
tener la altura que merece, especialmente cuando somos académicos los que
terciamos, cada cual con su razón o sus razones, con sus intereses y con su
conocimiento.
Pero obligado por las
circunstancias, respondo o aclaro algunos de los planteamientos del colega
Galvis, sin que obste, como lo ratifico al final de esta comunicación, que nadie
serio pierde su tiempo respondiéndole.
En primer lugar, yo no digo ser
geólogo: tengo un reconocimiento formal de la Sociedad Colombiana de Geología
para comprobarlo, además he sido profesor de geología del Departamento de
Geociencias y lo soy actualmente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Colombia. He sido docente de cátedra del Departamento de Ingeniería
Civil de la Universidad Javeriana y profesor invitado de universidades como Los
Andes, Externado, Sergio Arboleda y casi todas las universidades públicas del
país. Mi formación como geólogo y geotecnista ha sido fundamental para plantear
mis reflexiones sobre el modelo extractivista que tanto molestan a Galvis.
Pero aparte de cuestionar mi
profesión, expone opiniones en su carta abierta que “El carácter complejo de la geología es una afirmación de geólogos que
nunca hicieron exploración por estar dedicados a la alharaca ambiental”.
Cuando un geólogo ignora la complejidad de la geología en Colombia nos
encontramos ante dos posibilidades, ignorancia suma o arrogancia suma, aunque
es pertinente aclarar que en ciertas personas estas dos características se potencian
de manera muy desafortunada y dan lugar a lo pintoresco.
La complejidad geológica
colombiana es reconocida por las autoridades geológica (Ingeominas[1], 2006) y
por cualquier investigador que se haya dado al trabajo de avanzar en el
conocimiento sobre litologías y deformaciones. Colombia es el único lugar de
Suramérica con tres ramales andinos bien marcados y posee la mayor altura
montañosa en un lugar litoral: la Sierra Nevada de Santa Marta. El oriente
amazónico, que el ciudadano Galvis ha recorrido, se caracteriza por rocas muy
antiguas (más de 1000 millones de años), mientras que la zona andina es un
complejo entramado de rocas de todos los tipos y edades. La isla Gorgona está
conformada por rocas muy particulares, muy escasas en el mundo, denominadas
komatiitas; el litoral pacífico, hacia la zona más norte en Colombia, a
diferencia del resto de Suramérica no corresponde a una zona de subducción, lo
cual define a su vez que el vulcanismo, que se da en uno solo de los ramales
cordilleranos, no sea activo al norte de 5°12,5´; la deformación tectónica es
evidente en zonas del Escudo de Guyana dentro del país; el fracturamiento de
cualquier secuencia rocosa es intensa en todos los macizos que han sido
estudiados para obras civiles; los procesos morfodinámicos en el piedemonte
llanero tienen velocidades sin par en el mundo
y es posible continuar exponiendo particularidades que han sido
documentadas por geólogos durante decenas de años y aun siglos.
El ciudadano Galvis habla de “las grandes dimensiones” del campo
Cusiana, pero parece olvidar que a mediados de los 90 se sobredimensionaron,
tanto las reservas del campo como su producción diaria: de 1500 a cerca de 800
millones de barriles y de 1 millón de barriles día de extracción a menos de
20.000 hoy día, dadas las condiciones tectónicas de esa zona del Piedemonte
Llanero que define su rápido declive. De hecho, la misma complejidad que ignora
fue la causa de que el campo se “desinflara”. De acuerdo con Ecopetrol[2] “El modelo geológico de Cusiana-Cupiagua no
se reprodujo en la prolongación del cinturón plegado subandino hacia el norte,
aunque el Contrato Recetor contenía la extensión de Cupiagua. El relieve del
subsuelo sería aún más complejo. Habría que lidiar con estructuras
inesperadas y, sobre todo, con desplazamientos laterales y hacia arriba de las
formaciones Mirador, Barco y Guadalupe, y con roca de menor permeabilidad.”
(subrayado fuera de texto)
En lo referente al modelo de
desarrollo basado en el extractivismo (aquí ofrezco disculpas por el gazapo en
el título de la columna en la versión escrita, pero no fue mi responsabilidad,
pues los títulos fueron escogidos por los periodistas), es obvio que éste
trasciende la Orinoquia, aunque puede tener razón Galvis en que no hago
explícito un millón de barriles/día es un objetivo de extracción para todo el
país. Lo que omite es que esa cifra puede ser modesta para Venezuela, pero en
Colombia, donde los pocos campos que se han descubierto recientemente son pequeños, la autonomía energética del país está en riesgo
si la extracción continúa a este ritmo. De otro lado, le recomiendo a cualquier
colombiano consultar las publicaciones de Rudas sobre el aporte de
hidrocarburos y minería (agregados) al PIB en nuestro país, el cual ha
fluctuado entre 5,7 y 7,9% entre 2000 y 2012 (Rudas & Espitia[3], 2013b).
Si bien es importante dentro de los renglones económicos, también es cierto que
por cada 100 pesos de ingresos, al sector de hidrocarburos (sin minería) se le
descuentan o dejan de cobrar impuestos por 118 pesos (Rudas & Espitia[4], 2013a).
Pero el objetivo de mi columna no
es economicista, sino que tiene que ver con la tranquilidad y el bienestar de
las poblaciones y en ese sentido, por una parte, los datos duros muestran que
las poblaciones petroleras no son las de mejor desempeño socioeconómico y por
otra parte, la fuerte resistencia de campesinos e indígenas ante estas
actividades no son una conspiración orquestada por “mercenarios del ecologismo” tal como nos ha calificado Galvis[5], sino
que responde a las tensiones que por el uso del agua se están presentando en
contextos cada vez más precarios de suministro y que coincide con el auge exponencial
de la exploración de hidrocarburos en los últimos 10 años. Es grosero que este colombiano
trate de extorsionistas a los miles de campesinos, indígenas y pobladores negros
que son sus connacionales y que se oponen a la actividad petrolera. Si tiene
las pruebas, es su obligación como ciudadano informar a las autoridades
pertinentes, pero ya es evidente que acusar sin fundamento es su costumbre,
como puede leerse de sus columnas en El Frente.
En ese contexto, la calificación
que hace Galvis de falsedad en lo relacionado con la fuerte intervención
territorial de la exploración sísmica no tiene ningún asidero, por ello aquí
consigno datos oficiales y no mis opiniones: De acuerdo a los datos
proporcionados por la ANH, se calcula un promedio de 1800 gramos de sismigel
por detonación y una separación entre disparos de 60 metros que resultan en que
para cuatro municipios de Casanare (Paz de Ariporo, Pore, Hato Corozal y
Trinidad) se han aplicado aproximadamente 500 toneladas de sismigel en 16.700
kilómetros de línea sísmica 2D (esto sin contar las líneas 3D) y de 45.000 km
de líneas 2D solamente en Casanare. Es importante anotar que la principal
diferencias entre los programas 2D y 3D, radica en que los últimos ejecutan un
mayor número de puntos de disparo, con mayor cantidad de carga de fondo, lo que
implica una mayor cantidad de toneladas de explosivo disparado en profundidad.
Las distancias de localización de los pozos o perforaciones de carga,
igualmente dependen del diseño, necesidades y condiciones particulares de campo
de cada programa de exploración sísmica, así los disparos pueden presentar
distancias entre 15 a 100 metros entre ellos, siendo las más comunes las
distancias de 25 a 50 metros entre cargas, con cantidades de explosivo que
varían entre 500 a 5000 gramos para cada pozo o punto de disparo. De acuerdo
con los datos del programa sísmico del bloque LLA-59, en los 28 días de la fase
de registro se efectuaron 9331 disparos, cada uno de 1800 gramos de sismigel,
con una separación entre puntos de disparo de 60 metros, para un total de
explosivo detonado de 16,78 toneladas a una profundidad de 10 metros a partir
de la superficie del terreno. Evidentemente es fácil condenar a los territorios
a estas intervenciones cuando uno está cómodamente sentado en Bogotá.
Quiero hacer énfasis especial en
la inestabilidad de terrenos, donde Galvis me obliga a anteponer mis cartones:
tengo Maestría en Geotecnia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional, la cual tiene prestigio en todo el mundo. He sido consultor de temas
geotécnicos durante más de 20 años y en mi haber existen más de 200
consultorías en este aspecto. Por lo tanto, me parece de cualquier manera
irrespetuoso que un profesional que nunca ha trabajado estas temáticas venga a
calificar como falsas mis afirmaciones. Lo invito a que me demuestre que no
hubo problemas de inestabilidad de taludes relacionados con la actividad de
exploración sísmica en los proyectos San Luis 95, Lisama 3D y Mugrosa 3D en el
valle medio del Magdalena. Que esta zona tiene menor susceptibilidad a los
procesos denudativos del Piedemonte Llanero se lo puede enseñar cualquier
geólogo o geotecnista, así como el hecho de que un deslizamiento de cualquier
velocidad causa reconformaciones en los niveles freáticos, es decir que la
exploración sísmica, cuando causa deslizamientos o flujos de tierra,
inevitablemente afecta la hidrogeología local, abatiendo en algunas áreas los
niveles freáticos y somerizándolos en otras.
Al hablar de otros impactos
socioambientales del sector petrolero, mencioné la correlación espacial y
temporal de la prueba Star de Pacific Rubiales con el nuevo y anómalo nido
sísmico de Puerto Gaitán. Me parece sorprendente que un geólogo no sepa que los
registros sismológicos están al alcance de cualquier colombiano que tenga
acceso a internet, pues la Red Sismológica Nacional de Colombia pero para
facilitarle la vida al colega, puede obtener las bases de datos de sismos en
cualquier municipio o departamento colombiano en la página http://seisan.sgc.gov.co/RSNC/. Anexo
a esta comunicación los mapas de los sismos y su ubicación sobre los bloques
petroleros de Quifa, Pirirí y Rubiales, así como las gráficas de frecuencia y
profundidad, información que ha sido recogida por el Ministerio de Minas y
Energía y también reconocida por el Servicio Geológico Colombiano.
También escribe Galvis en su
carta abierta comentarios inconexos cuando relaciona los problemas de falta de
conocimiento ambiental para la obtención de licencias con la omisión de
trámites burocráticos. Si le parece bizantino que se exija el cumplimiento de
la ley, estamos en una discusión en donde no quiero ser parte. El marco
jurídico colombiano establece que las zonas de recarga de acuíferos son de
protección especial y la Constitución contiene dentro de sus principios los de
Precaución y Prevención.
En lo que a mi respecta, no
volveré a contestar cartas injuriosas ni llenas de ignorancia como la que dio
lugar a esta misiva, la cual es dirigida a usted, señor Rector, a instancias de
las personas de Unimedios, quienes han tenido que soportar escritos
desafortunados e injuriosos de los corifeos de los sectores minero y petrolero.
En vez de ello, quisiéramos artículos o libros serios y sustentados en
respuesta a los planteamientos esbozados en la serie Minería en Colombia de la
Contraloría General de la República, donde escribo junto a prestigiosos
economistas, abogados, geólogos y biólogos, coordinados por una de las mentes
más lúcidas de Colombia, Luis Jorge Garay.
El debate técnico y científico es
provechoso, pero en los contextos y los espacios adecuados y no he dejado de
asistir a foros y polémicas públicas, tanto en recintos universitarios como en
las salidas de campo que nutren el oficio de geólogo. Hace unos años, como
directivo de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, organicé una visita de
terreno en conjunto con la Sociedad Colombiana de Geología, animados por las
afirmaciones aventuradas contenidas en un artículo publicado por Galvis[6] y otros
(2006). En el campo, al que asistieron geólogos del Servicio Geológico, del
Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia y de las
referidas agremiaciones, se demostró la debilidad de los argumentos planteados y
se dio lugar a un artículo (Patarroyo & Terraza[7], 2011)
en el cual se desvirtuaron una a una las hipótesis y conclusiones de mi poco
gentil contradictor. Esperé en esa ocasión que este ciudadano no me hiciera
perder más tiempo con sus enjundiosas opiniones, vertidas en pseudo artículos
científicos, columnas de prensa en algunos medios locales y en cartas abiertas,
pero evidentemente me equivoqué.
Quizá el episodio más conocido
entre los académicos que propendemos por el cuidado de la base natural del país
es su escrito sobre los páramos, del cual voy a extraer ciertos fragmentos que
ilustran el tenor de sus escritos:
“La pseudociencia ambiental sostiene que los
páramos son los grandes productores de agua en Colombia, algo completamente
falso, basta comparar el caudal de un río alimentado por grandes extensiones de
páramos, como el Chicamocha con el caudal del río Carare cuyas aguas provienen
de zonas topográficamente situadas por debajo de 2600 metros sobre el nivel del
mar.
(…)
En Colombia, en forma empírica se le ha
atribuido a lo que llaman páramos una serie de características tales que los
asimila a paraísos terrenales intocables. La realidad es otra, quienes hemos
recorrido la región de California y Vetas sabemos que se trata de unos riscos
inhóspitos y estériles, donde ha habitado desde la Colonia una población
paupérrima arrancando mineral de menas muy duras, con métodos de extracción en
extremo rudimentarios.
(…)
Los múltiples dogmas del ambientalismo,
tales como aseverar que la etapa de calentamiento global es causada por la
actividad humana, carece de fundamentos serios. (…) Estas y otras “verdades”
ecológicas tienen tanta sustentación como las Profecías Mayas y pretender que
el desarrollo de Colombia esté supeditado a ellas es absolutamente delirante y
absurdo.”
Luego de tamañas argumentaciones,
entenderá usted, señor rector, el porqué del mutismo de cualquier ecólogo o
experto en páramos. Nadie ha perdido el tiempo en responder estas opiniones
ofensivas y por sin ninguna base seria.
Le acepto al fogoso contradictor
que mi sintaxis y redacción no son las mejores y le ofrezco disculpas a
lectores como él a quienes no les hice entender la idea de que omisiones,
deficiencias y faltantes en los estudios ambientales llevan a la configuración
de daños y de pasivos socioambientales por impactos no detectados y por lo
tanto no gestionados. Tengo confianza en que el tiempo me lleve a mejorar mi
manera de escribir, en tanto que es difícil que el rigor y la disciplina puedan
ser logradas por personas que nunca en la vida han poseído estas virtudes.
Quedo a su disposición para
cualquier aclaración o detalle. De usted:
JULIO FIERRO MORALES
Geólogo con Magíster en
Geotecnia, ambos títulos orgullosamente obtenidos en la Universidad Nacional de
Colombia
Docente de la Facultad de
Ingeniería y del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional
de Colombia.
[1] Ingeominas (2006) Mapa geológico de Colombia
[2] http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Libro60anios/esp/cap10-6.htm
[3] Rudas, G. y Espitia, J. (2013a). Participación del Estado y la sociedad en la renta minera. En
Garay, L. J. et al. Minería en Colombia. Fundamentos para
superar el modelo extractivista. Vol. 1. Contraloría General de la
República. Bogotá
[4] Rudas, G. y Espitia, J. (2013b). La paradoja de la minería y el desarrollo. Análisis departamental y
municipal para el caso de Colombia. En Garay, L. J. et al. Minería en Colombia.
Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Vol. 2. Contraloría
General de la República. Bogotá
[5] En su columna de El Frente del 26 de julio del año en curso, puede
leerse: “Parece que hay funcionarios del
Ministerio del Medio Ambiente que reciben remuneraciones adicionales de algunas
ONG, como también hay asalariados (“asesores”) de dichas entidades que en foros
y debates actúan a nombre del Ministerio del Medio Ambiente o de corporaciones
regionales. En general, todos esos “técnicos” e “investigadores se muestran más
ligados a esas corporaciones internacionales que al Gobierno que dicen
representar; son verdaderos mercenarios del ecologismo (…) Una de los últimos
delirios del ambientalismo nacional e internacional pretende que se prohíba
toda actividad económica en los páramos (en lo que califican arbitrariamente
como páramo según un criterio empírico y absurdo que le asigna ese carácter a
todas las tierras situadas por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar).
(…) Esa obsesión por torpedear carreteras, puertos, actividades mineras e
industriales, es orquestada internacionalmente (…)
[6] Galvis, J., De La Espriella, R. & Cortés, R. 2006. Vulcanismo
Cenozoico en la Sabana de Bogotá. Revista Acad. Colombiana de Ciencias Exactas,
Física y Naturales 30(117).
[7] Patarroyo, P. & Terraza, R. (2011) ¿Existió vulcanismo
cenozoico en la Sabana de Bogotá?. Revista Acad. Colombiana de Ciencias
Exactas, Física y Naturales 35(137).
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