Por Camila Ramírez
Diciembre 3 de 2012
El pasado 24 de octubre, luego de 98 días de huelga
de los obreros de la cuarta mina de carbón a cielo abierto del mundo, el
Ministerio de Trabajo obligó a los sindicalistas a levantar su
movimiento y reiniciar actividades, llevando a un tribunal de
arbitramento al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Minera y Energética (Sintramienergética) y a la empresa Carbones de La
Jagua SA (CDJ), de propiedad de la trasnacional suiza Glencore, sin que
se haya resuelto el conflicto laboral.
Obligados por la decisión
ministerial a volver a sus labores sin que se haya dado solución alguna
a los reclamos que los llevaron al cese de actividades, los
trabajadores han declarado su preocupación por el rumbo del tribunal de
arbitramento, puesto que la empresa se negó en todo este periodo a
discutir sus peticiones, usando su poder económico para desprestigiar a
la organización sindical, lo cual implica para ellos un grave riesgo, de
cara al nombramiento de los árbitros que definirán las nuevas
condiciones de trabajo en CDJ, una de las empresas de propiedad de
Glencore que explota una de las mayores minas de carbón del mundo,
ubicada apenas a dos kilómetros del municipio de La Jagua de Ibirico
(Cesar).
En Colombia, un tribunal de este tipo está conformado
por tres árbitros –uno nombrado por la empresa, otro por los
trabajadores y un tercero que se acuerda entre las partes– y sesiona con
el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Trabajo. Dado que
se consideran sus decisiones como definitivas para un conflicto de este
tipo, todo cambio en las condiciones laborales –incluido el aumento
anual de salario al que todos los obreros tiene derecho– quedará
suspendido hasta que haya una decisión definitiva en torno al pliego
presentado por Sintramienergética, lo cual puede tomar un largo tiempo y
en otros conflictos laborales ha llevado al debilitamiento de las
organizaciones sindicales, luego de años sin un fallo respecto a sus
demandas.
Rafael Reyes, fiscal de la Federación Unitaria de
Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de
Industrias Similares (Funtraenergética), afirma que “dentro de los 158
tribunales de arbitramiento que hay convocados en este momento, se
encuentran dos que forman parte del grupo empresarial de Glencore, como
es el de Prodeco, que se aproxima a los cuatro años [de creado] y el de
CMU, que va por el orden de dos años [...] Teniendo en cuenta que estos
tribunales se prolongan en el tiempo, en contravía de lo que la misma
Corte prevé, como se dice en el adagio popular, resulta peor el remedio
que la enfermedad”.
Pulso desigual
El 24 de octubre, apenas cinco días después de la
decisión del Ministerio de Trabajo, contenida en la Resolución 2306,
agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía
Nacional llegaron hasta la mina, entre las 6 y las 7 am, para amenazar a
los obreros con el uso de la fuerza si no levantaban su movimiento,
protegiendo así lo intereses de la Glencore. Álvaro Rincón, integrante
de Sintramienergética La Jagua, manifestó que “ésta es la forma sucia en
la que el Estado patrocina a estas multinacionales para reprimir a los
trabajadores, queriendo convertir un conflicto laboral en un conflicto
de guerra”.
El 11 de mayo de 2012, los trabajadores y
Sintramienergética seccional La Jagua presentaron un pliego de
peticiones para la firma de una nueva convención colectiva de trabajo
que beneficiaría tanto a los trabajadores que laboran en CDJ como a los
de Consorcio Minero Unido (CMU), siendo que ambas empresas explotan el
proyecto minero de La Jagua de Ibirico y son propiedad de la
transnacional Glencore. Las negociaciones se iniciaron el 17 de mayo,
con constantes negativas de la Glencore para resolver los reclamos de
los obreros. Después de 48 días de diálogos, la empresa presentó un
contrapliego para retirar de la convención vigente algunos puntos que el
sindicato había conquistado desde hace veinte años.
El 19 de julio, luego de realizar varias asambleas
para debatir esta problemática, los trabajadores votaron por ir a
huelga, medida que la transnacional Glencore descalificó casi de
inmediato, en un escueto comunicado de prensa, señalando que “la
comisión negociadora de Carbones de La Jagua SA hizo sus mejores
esfuerzos, de manera reiterada, en busca de cambiar el curso de la
negociación y para no estar inmersa en una huelga sin sentido [...] En
la situación económica actual del mercado, es necesario el concurso de
empresa y trabajadores para logar acuerdos razonables y beneficiosos y,
en este sentido, el iniciar una huelga nos aleja a todos de estos
propósitos”.
Germán Albor, secretario de comunicación y propaganda
de Sintramienergética, recordó que el primer día de huelga los
directivos a cargo del proyecto habían instalado una barricada para
formar un enclave para que algunos obreros no sindicalizados de CMU, a
quienes la empresa planeaba obligar a quedarse en las instalaciones,
mantuvieran la explotación del mineral. Para el obrero más antiguo de
CDJ la situación en la mina “parecía una película: todo el mundo en las
máquinas, avanzando, y ellos [los directivos] pensaron que hasta ahí
íbamos a llegar nosotros. Y no, se tumbó la barricada y para adelante,
hasta que nos tomamos el control de toda la mina. No quedó nada aquí,
los vigilantes de ellos, los supervisores. ¡Todo el mundo para afuera!
Aquí no quedó nadie y todo estaba bajo el control de nosotros, como en
1989, cuando nos tomamos la mina”.
A los mineros se unieron, el 23 de julio, los
trabajadores de Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco) –empresa
que transporta en trenes el carbón de las minas del Cesar hasta los
puertos desde los que los monopolios trasnacionales Drummond, Vale,
Goldman Sachs, Carboandes y Glencore lo sacan del país–, quienes se
declararon en huelga indefinida, dejando interrumpidas las exportaciones
del mineral y uniéndose a los obreros de CDJ. Los obreros de Fenoco,
afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Metalmecánica (Sintraime), cesaron actividades porque las empresas que
se benefician de su trabajo no atendieron los reclamos contenidos en su
pliego del 30 de marzo en materia de mejoras salariales, estabilidad
laboral, seguridad en la operación férrea ante los frecuentes
accidentes, inversión social para la región y reintegro de 17 personas
despedidas injustamente.
Sin embargo, tras 22 días de cese de actividades en
la concesión de la vía férrea del norte de Colombia, el 14 de agosto, un
fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca declaró ilegal la huelga,
luego de que un grupo de personas, a las que Sintraime denuncia como
partidarias de la empresa, realizara una asamblea a espaldas del
sindicato en la que 325 de los 626 trabajadores votaron por levantar la
huelga. Sintrame manifestó que esta asamblea es ilegal, así como la
votación, porque se desconoció a la organización sindical y fue la
empresa quien recurrió a esta maniobra para no responder a los reclamos
de los obreros.
Después de completar 41 días de huelga, el 27 de
agosto, un fallo del Tribunal Superior de Valledupar declaró legal la
huelga en CDJ, lo que motivó a los trabajadores a continuar con la toma
de la mina. Además, el tribunal ratificó que el conflicto se había
desarrollado en forma pacífica y sin disturbios. La empresa, por su
parte, no esperó y pidió el amparo policial de sus bienes al alcalde del
municipio de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo Chinchilla, con el fin de
agredir a los trabajadores y así evitar tener que negociar con el
sindicato. Sin embargo, el mandatario no cedió a las pretensiones de la
empresa, puesto que tal medida no sólo violaría la Ley sino que
resultaba lesiva a los intereses de esta población, con más de 21.000
habitantes, puesto que Sintramienergética ha venido denunciando
maniobras por parte de Glencore para no pagar lo que le corresponde en
materia de regalías e impuestos.
En los 98 días de huelga se fueron agudizando, además
de los continuos señalamientos por parte de Glencore, las problemáticas
de los trabajadores, quienes decidieron mantener su movimiento a pesar
de no percibir salarios durante más de tres meses y de los múltiples
problemas que esto traía consigo.
Adicionalmente, a buena parte de los obreros de
General Equipos de Colombia SA (Gecolsa) –empresa contratista de
propiedad de la trasnacional estadounidense Caterpillar, que presta
servicios de mantenimiento especializado a la maquinaria usada en la
mina de La Jagua de Ibirico–, la compañía les canceló sus contratos
laborales sin ninguna explicación y algunos no tenían cómo llevar de
comer a sus familias. Al respecto, Rafael De la Hoz, vicepresidente de
la seccional La Jagua de Sintraime, afirmó que “la empresa toma la
decisión de suspendernos los contratos, no sabemos por qué. Hay varios
frentes de trabajo de ellos. Perfectamente en el cerrejón, incluso en la
otra mina que es de propiedad de Prodeco [Glencore], que es
Calenturitas, debieron perfectamente reubicarnos allá […] Alrededor de
1.200 personas estamos en ese proceso”.
La huelga también afectó a la población de la Jagua
de Ibirico porque, al ser un municipio minero, la mayoría de sus
pobladores derivan sus ingresos de la explotación de carbón y del
comercio relacionado con las necesidades de los mineros. Rafael de la
Hoz manifestó que “esto está afectando al pueblo, está afectando desde
la persona que vende fritos hasta la persona que alquila sus piezas. Es
una problemática que ya es profunda, tanto que la gente está desesperada
en el pueblo”.
Mientras tanto, las acciones jurídicas de la empresa
para obligar a los obreros a reactivar la producción no cesaron.
Sintramienergética denunció que les instauraron más de 25 tutelas, 2
demandas de ilegalidad de la huelga en los tribunales superiores y 3
amparos administrativos en la Alcaldía. Ricardo Machado, presidente de
la seccional La Jagua de Sintramienergética, afirmó que “ellos
estuvieron presionando a los contratistas para que nos demandaran a
nosotros por el derecho al trabajo […] son gastos de abogados, pues cada
uno de esos procesos vale entre 12 y 13 millones de pesos, porque toca
contratar abogados muy buenos, como los que nos han asesorado para poder
garantizar que la lucha continúe”.
Motivos no faltan
El pliego presentado por los trabajadores contiene
exigencias relacionadas con las condiciones laborales que ha impuesto la
compañía trasnacional y con la unidad de empresa, pues Glencore tiene
dividida su operación en La Jagua de Ibirico en tres empresas
diferentes: CDJ, con exportaciones de 2’944.000 toneladas de carbón en
2011; CMU, que usa los mismos equipos y extrae el mineral de los mismo
terrenos de CDJ, pero con diferente personal, con 2’844.000 toneladas; y
Carbones El Tesoro, que no tiene personal ni maquinaria en operación,
pero que sí reporta al gobierno exportaciones por 1’167.000 toneladas
aunque no explota un solo gramo de carbón, como pudo comprobar El
Turbión al ingresar a la mina.
Los trabajadores, tanto de CMU como de CDJ, han
solicitado en varias ocasiones la unidad de empresa para obligar a la
Glencore a igualar las condiciones laborales para todos los empleados de
la trasnacional y para que ésta pague completos los impuestos y
regalías por las cantidades de carbón que extrae de La Jagua. Sin
embargo, también saben que la compañía puede aprovechar esto para
eliminar la convención colectiva y, de paso, el sindicato, pues “la
empresa sabe que tiene que unificarse y ha planteado, en diferentes
escenarios, que unificaría y nivelaría por debajo, no por encima.
Entonces, nosotros sabemos que ellos nos van a arrebatar lo que nosotros
tenemos, lo que los otros trabajadores no tienen”, expresó Ricardo
Machado.
De otra parte, resulta fundamental en las peticiones
de los mineros el asunto de la salud, dado que muchos de ellos padecen
enfermedades laborales por las jornadas extenuantes en las que trabajan,
por la contaminación y por los riesgos del oficio minero. En el pliego,
Sintramienergética exige que el servicio de ambulancia esté disponible
las 24 horas dentro de la mina, es decir, para quienes están tanto en
las faenas de día como en las de noche; que el servicio médico sea
prestado por profesionales contratados directamente por la empresa; que
se pague el 100% del costo de los medicamentos no cubiertos por el Plan
Obligatorio de Salud (POS), tanto para cada trabajador como para sus
familias; que haya atención de las enfermedades mentales surgidas por
estrés laboral y por los desórdenes del sueño provocados por los cambios
abruptos de los turnos; que se realicen evaluaciones médicas y exámenes
clínicos periódicos cubiertos por la empresa para determinar
enfermedades laborales; y que se pague el 100% del salario por cada día
de incapacidad médica, no el 75% que define la Ley 100 de 1993.
Al respecto, Alfredo Tovar, Secretario de asuntos
nacionales e internacionales de Sintramienergética nacional, asegura
que “el punto más álgido de nosotros que es el de la salud: hoy la
empresa pretende quitarnos la medicina, pretende quitarnos lo que tiene
que ver con incapacidades, los médicos que conseguimos hace más de
veinte años, atentado contra nuestra salud y la de nuestros familiares”.
Otro de los puntos claves para los obreros en este
pliego tiene que ver con las condiciones de contratación. El sindicato
exige que la compañía tenga un límite para que el personal de las
empresas contratistas no exceda al 10% de los trabajadores de nómina,
que los empleados de las empresas tercerizadas cumplan estrictamente
labores no relacionadas con la extracción del carbón y que se creen
cargos en la nómina para que sean trabajadores de planta los que cumplan
ciertas labores esenciales que actualmente cubren los tercerizados.
En este sentido, Ricardo Machado señaló que la
Glencore prefiere negociar con empresas contratistas antes que permitir
la ampliación de la nómina en CDJ porque “la convención colectiva
nuestra tiene una cláusula, la 32 exactamente, en donde se dice que
todos los contratos del rol ordinario para la empresa deben ser a
término indefinido. Ésta es, precisamente, una de las que denunció, la
metió en su famoso contrapliego para que puedan contratar a sus anchas y
puedan tercerizar todas las labores de Carbones de La Jagua”. En el
mismo sentido, Alfredo Tovar manifestó que “quieren modificar la
contratación, que les den facultad para que puedan contratar con
terceros, con bolsas de empleo. Todo es a raíz de que [la empresa] saca
un trabajador sindicalizado y luego lo reemplaza por uno por bolsas de
empleo: así van acabando con la organización sindical”.
La estabilidad laboral es otro punto fundamental para
los trabajadores, pues la transnacional ha utilizado estrategias para
despedir injustamente a los trabajadores. La Glencore busca eliminar el
sistema de cinco faltas laborales que existe actualmente en CDJ, según
Machado, “para que ellos puedan aplicar la escala de sanciones como a
ellos les parezca, es decir, despido inmediato o sanciones que van en
orden hasta los 60 días [sin laborar], como lo hacen en Prodeco y en
CMU”.
La lucha del sindicato
Sintramienergética La Jagua nació con la primera
huelga en 1989, cuando todavía la Glencore no se había apropiado de la
mina. El cese de actividades duró casi 120 días y los obreros lograron
su primera convención colectiva, con garantías de estabilidad laboral,
contratación de los habitantes de la zona, salud, alimentación y
salarios. Germán Albor, con entusiasmo, recordó como inició el
sindicato: “primero compramos el balde y después la vaca, primero
hicimos la huelga y después formamos el sindicato dentro la misma
huelga. Nació al calor de la lucha. Aquí cabe destacar que los
movimientos de izquierda nos apoyaron bastante a conformar este
sindicato […] antes había solidaridad del movimiento campesino: si
nosotros parábamos aquí, el campesino venia y apoyaba”.
Desde que llegó Glencore, en 2004, el trabajo
sindical ha atravesado por muchas dificultades porque, según denuncia
Ricardo Machado, esta transnacional “vino con una política antisindical a
exterminar la organización, a exterminar el derecho a la negociación
colectiva, a la contratación colectiva y, por supuesto, a exterminar el
derecho a la huelga, es decir, a acabar con la organización sindical
como lo ha hecho en otros países”.
Sintramienergética ha apoyado a otros sectores
obreros para que se organicen.
En el caso de Sintraime La Jagua, impulsó
la vinculación de los obreros de Gecolsa a la organización, logrando
que el año pasado 150 obreros se afiliaran. Sin embargo, el pacto
colectivo impuesto por Glencore, donde se prohíbe la sindicalización a
cambio de primas extralegales, y el constante acoso laboral, la
persecución y los hostigamientos llevaron a que este año el número de
afiliados se redujera significativamente.
Adicionalmente, la persecución a los líderes
sindicales se ha venido agudizando: las amenazas se han vuelto
constantes y se han denunciado atentados contra la vida de los
trabajadores. El 27 de julio, después de ocho días de huelga, dos
integrantes de la junta directiva de Sintramienergética y un dirigente
de Sintraime recibieron amenazas, por medio de mensajes de texto, que
decían: “como sigan liderando huelgas en los sectores mineros serán
objetivo militar”.
De la misma manera, en la madruga del 17 de octubre,
el presidente de la seccional de La Jagua de Ibirico de Sintraime, Jan Carlo Field Castellar,
fue víctima de un atentado del que salió ileso gracias a la acción de
sus escoltas. De acuerdo con los sindicalistas, estos ataques buscan
sembrar miedo para que se retiren de la región y se vienen denunciando
agresiones cada vez más frecuentes dentro de la mina hacia los
trabajadores sindicalizados, especialmente por parte del personal del
área de protección de Glencore, conformados sobre todo por exmilitares.
A esto se suma la actitud de la Glencore, que en
varias ocasiones ha demostrado que no está interesada en negociar con
los sindicatos. En este sentido, Rafael Reyes aseguró que “hemos visto
como la Glencore, con su arrogancia y prepotencia, se sentó a esperar y a
mirar cómo los trabajadores se desgastaban en el trascurso de los días
de la huelga, gastando sus recursos económicos, y ahora se va a sentar a
esperar cuando al Ministerio le complazca convocar al tribunal [de
arbitramento]”. Sintramienergética hizo un llamado a todas las
organizaciones sociales y centrales obreras nacionales e internacionales
para que los apoyen en una campaña para solicitar a la Corte Suprema de
Justicia Laboral que les sea ratificado el fallo de Valledupar y puedan
presionar la negociación directa con la empresa, en medio de un
conflicto laboral que se sigue extendiendo en el tiempo sin soluciones
para las necesidades de los obreros de una de las compañías más ricas
del mundo.
0 comentarios:
Publicar un comentario